El Tribunal Supremo acogerá este jueves el solemne acto de Apertura del Año Judicial marcado por la ausencia del Rey don Juan Carlos, que por primera vez desde 1983 no asistirá debido a su reciente operación del tendón de Aquiles del pie izquierdo de la que se recupera en el Palacio de la Zarzuela, según informaron fuentes del alto tribunal.

El pleno del Senado ha aprobado tres leyes del Ministerio de Justicia: La Ley Concursal, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y la Ley de Medidas de Agilización Procesal. Las tres leyes, que forman parte del Plan de Modernización de la Justicia presentado por el ministro Francisco Caamaño hace casi tres años, serán ahora serán remitidas al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva al incluirse en cada una de ellas algunas enmiendas. En la presente legislatura las Cortes han aprobado ya 22 leyes del Ministerio de Justicia.

Foto: Manuel Chaves

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha revocado este miércoles la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de ordenar a la Junta abrir expediente sancionador al vicepresidente tercero del Gobierno y expresidente andaluz, Manuel Chaves, por no inhibirse en el procedimiento de concesión de subvenciones otorgadas a la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa) en la que trabajaba su hija, Paula Chaves Iborra.

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha denegado el derecho de una mujer a percibir la pensión compensatoria que debía pagarle su exmarido ya que su mayor dedicación a la familia no resultó ser un obstáculo en su actividad laboral y su menor cualificación profesional no fue consecuencia del matrimonio sino de sus propias actitudes y capacidades.

Foto: Sede del Tribunal Supremo

El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, dependiente del Tribunal Supremo, se reunirá este lunes, 19 de septiembre, para deliberar sobre el conflicto de competencias planteado a cuenta de las actas del Consejo de Gobierno andaluz que solicitó la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, dentro de la investigación por la supuesta "trama" de prejubilaciones fraudulentas descubierta en ERE.

Foto: El juez Javeir Gómez Bermúdez

El futuro de la causa quedará en manos de 15 jueces que decidirán si los tres procesados pueden ser acusados de colaborar con ETA

Se mantiene la resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones que sancionó al Ayuntamiento de Málaga por la comisión de la infracción muy grave del art. 53 t) de la Ley General de Telecomunicaciones, se le intimó al pago de la tasa general de operadores y a realizar la notificación fehaciente de inicio de actividad, y se acordó inscribir de oficio al Ayuntamiento en el Registro de Operadores de Redes y Servicios de Comunicaciones Electrónicas. Ha quedado acreditado que la entidad local inició la explotación de una red pública de comunicaciones electrónicas basada en el utilización del dominio público radioeléctrico a través de frecuencias de uso común -RLAN-WIFI-, y la prestación del servicio de comunicaciones de “Proveedor de acceso a internet”, sin haber realizado la notificación fehaciente a que se refiere el art. 6.2 de la LGTel. Declara la AN que, dada la normativa de aplicación, no es posible prestar un servicio que permite el acceso abierto y la navegación del usuario a páginas distintas a las estrictamente vinculadas a la prestación del tráfico de la Administración municipal, sin ofrecer las suficientes garantías en el funcionamiento práctico del servicio de red y el acceso a internet por el sistema Wifi.

La anarquista que en octubre de 2009 envió un paquete bomba al entonces secretario de Servicios Penitenciarios de la Consejería de Justicia de la Generalitat, Albert Batlle --actualmente número dos de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC)--, que finalmente fue interceptado, ha aceptado este miércoles 8 años de cárcel.

El Foro Judicial Independiente (FJI) ha anunciado que no participará en el acto de apertura del Año Judicial, que acogerá mañana el Tribunal Supremo, para denunciar el "estado de ruina" en el que se encuentran los tribunales y denunciar el "menosprecio continuo" del Ministerio de Justicia hacia los miembros de la carrera judicial.

Foto: Audiencia de Madrid

Se les imputa más de veinte asaltos cometidos en la comunidad de Madrid

Foto: Juicio Por El Crimen En La Cubierta De Leganés

Una llamada anónima a la Policía identificó a Jonathan como el autor material

Marisol Carrasco y uno de sus socios declaran en el juicio celebrado tras ser demandados por seis ex empleadas

Foto: Maria Cruz Y Su Letrado

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia ha ratificado la sentencia que condenó a 18 años de cárcel a Mari Cruz A.V. como cooperadora necesaria del asesinato de su marido, empleado de una funeraria, por lo que ha ordenado su inmediato ingreso en prisión provisional sin fianza.

Foto: Juicio por el narcosubmarino de Vigo

Por conspiración para cometer un delito contra la salud pública

Foto: El Juez Velasco, En Los Cursos De Verano De El Escorial

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ordenará la busca y captura de otros siete de los 20 militares salvadoreños procesados por el asesinato del jesuita español Ignacio Ellacuría y otras siete personas, que se produjo el 16 de noviembre de 1989 en San Salvador, después de que éstos no acudieron a la citación que tenían este miércoles ante el magistrado, que les investiga por delitos de terrorismo y lesa humanidad, informaron fuentes jurídicas.

Foto: Primera Sesión Del Juicio Por La Muerte De Celeste

El joven acusado de agredir sexualmente y matar a una amiga suya, de 16 años, en el rellano de su vivienda del barrio valenciano de Benicalap en septiembre de 2009 ha afirmado este miércoles que la muerte fue "accidental", producto de un "juego sexual peligroso". También ha dicho que ese día había bebido mucho y había fumado hachís, con lo que no estaba bien.

El juicio dio cuenta de maltratos que componían una pauta de conducta habitual y en la sentencia se hacen constar algunos de esos episodios

Es desestimado el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal contra el auto en que la Audiencia, en virtud de lo proclamado en la DT Segunda de la LO 5/2010, aplica, a un supuesto en su día juzgado, el párrafo segundo del art. 368 CP. Razona la Sala que el arbitrio judicial que es imputado a la decisión recurrida se produciría si en el mismo párrafo segundo del precepto aludido, en que se contiene la descripción del tipo delictivo se estableciera, por ejemplo, la facultad de reducir la pena en un grado "al arbitrio del tribunal". Sin embargo, se crea un párrafo diferente que configura un hecho derivado del tipo básico y para cuya aplicación se exigen tres elementos típicos de naturaleza normativa, que de concurrir hacen preciso valorar el hecho y motivar por qué se decide o no la aplicación de la cualificación o atenuación. Se está así ante un subtipo de aplicación optativa, ello frente a otros que aparecen en el Código de estimación imperativa, como sería por ejemplo el caso de la notoria importancia de la droga objeto del delito -art. 369-5 CP. El hecho de que el tribunal pueda optar por aplicar o no el tipo privilegiado, no elimina su consideración de subtipo atenuado y por ende el carácter de entidad delictiva diferente, cuya aplicación antes de la reforma no era posible. Por ello, la Sala llega a la conclusión de que el art. 368. 2, no es una simple facultad opcional de rebajar la pena dentro de un marco penológico concreto, sino una nueva entidad tipológica, con su propia penalidad, cuya aplicación demanda la concurrencia de una serie de circunstancias, aunque en última instancia y de modo razonado pueda rechazar su aplicación el tribunal; no es el ejercicio del arbitrio previsto en un tipo penal, en orden a la elección de una pena mayor o menor, sino la aplicación opcional de un subtipo privilegiado.

Confirma la Sala la sentencia recurrida que declaró la incompetencia del Orden Jurisdiccional Social para conocer de la cuestión controvertida, al enmarcarse en el ámbito de un acto puramente administrativo como es la convocatoria de un proceso selectivo para la cobertura de vacantes de diferentes categorías de personal laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía mediante concurso de promoción. En efecto, afirma el Tribunal Supremo que lo que realmente se impugna es una resolución de la Secretaría General de la Función Pública, dicada por ésta en el ámbito de sus competencias, de carácter administrativo y que está sujeta al derecho administrativo, al cumplir los requisitos materiales para su sometimiento a los Tribunales del Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo.

Aunque pueda restringirse el derecho a ejercer esa actividad a partir de dicha edad, su prohibición total va más allá de lo necesario para garantizar la protección de la seguridad aérea.

No obstante, si tal normativa tiene el efecto de obligar a las compañías aéreas a renunciar a su actividad económica, sólo puede adoptarse ateniéndose a los requisitos establecidos por el Derecho de la Unión.