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El sistema eléctrico y lo telúrico; por Antonio Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz, Catedrático de Derecho Administrativo

27/09/2021
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El día 27 de septiembre de 2021 se ha publicado, en el diario La Razón, un artículo de Antonio Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz en el cual el autor opina que si legislar bien es difícil siempre, más aún en materia tan abstrusa y con tanto tecnicismo.

EL SISTEMA ELÉCTRICO Y LO TELÚRICO

La última crisis del sistema eléctrico ha coincidido con la erupción del volcán de La Palma y eso da pie a metáforas sobre la existencia, ciertamente agitada, de las cuentas de la luz. Para explicarlo en términos geológicos (o sea, con un arco temporal más o menos amplio), bien pudiera decirse que la tierra sobre la que se asienta el sistema eléctrico -el discurso esquizofrénico de los políticos consistente en querer proteger al consumidor pero al tiempo atiborrar la factura con toda suerte de ocurrencias: una contradicción insalvable y llamada a ponerse de relieve a las primeras de cambio- se halla condenada a sufrir seísmos con frecuencia -casi con carácter crónico, incluso- y sobre todo a que (ya el remate) la lava acabe subiendo cada tanto a la superficie y desparramándose, de manera que al gobernante de turno el único margen que le queda es el que consiste en seleccionar, dentro de las empresas del sector, que son muchas y variadas, las elegidas para sufrir el sacrificio más inmediato. Y con la coartada, expresada entre sollozos, que resulta proverbial: meterle la tijera a alguien resultaba, llegados a este punto, inevitable. Pero, eso sí, se trata de algo excepcional y no se repetirá. Hasta la siguiente ocasión: el próximo espasmo.

Vistas las cosas en esos términos telúricos y dramáticos al modo de Esquilo, el reciente RDL 17/2021, de 14 de septiembre, es, pese a su virulencia (un vulcanólogo hablaría de su alto índice de explosividad), uno más en esa serie de fatales estallidos. Y tampoco es novedosa la figura jurídica empleada, porque el recurso al RDL -la extraordinaria y urgente necesidad- es todo un clásico: remember 2009, 2010, 2013, , todos ellos, por supuesto, con la secuela de pleitos que resulta conocida. El empleo por los políticos de ese tipo de medios jurídicos tan poco pacíficos termina dando a los jueces el protagonismo en materias tan delicadas como la regulación energética.

En fin, de la mala praxis en la tarea de redacción de los textos cabe igualmente proclamar que hemos visto muchas cosas: un RDL, por lenta que haya sido su gestación, se termina perfilando de la noche a la mañana y por tanto con prisas de última hora.

Si legislar bien es difícil siempre, más aún en materia tan abstrusa y con tanto tecnicismo.

¿Se quería incluir en el perímetro de los perjudicados a los productores con fuentes renovables que tenían firmado algún PPA y ahora se ven, de manera oblicua pero inexorable, abocados a las pérdidas? Todo parece indicar que la respuesta resulta negativa. Pero es lo que, quieras que no, terminará sucediendo con el texto que se ha publicado en el BOE. Y no resulta cuestión de interpretaciones: el tenor literal de los preceptos resulta inequívoco. Con lo que no ha lugar a confiar en el típico reglamento que zanje la (inexistente) duda.

¿Cabe que un RDL se vea modificado por otro inmediato? Nada lo impide, aunque eso exigiría comenzar reconociendo que todos cometemos pifias. ¿Es posible -tercera de las opciones- la vía de la corrección de errores? La figura, inicialmente pensada para asuntos menores, tiene más historia que Consuelo Portela, La Chelito, y seguro que se encontrarían precedentes para justificar que aquí se emplease para acabar dándole la vuelta al sentido propio de las palabras de la disposición.

Por lo que ahora hemos sabido, alguien, en un alarde de creatividad, ideó una cuarta posibilidad para deshacer el entuerto: la respuesta a una consulta clandestina del operador del sistema. Era lo más rebuscado y lo peor desde todos los puntos de vista, salvo que se trate de proporcionarle trabajo a los abogados y, en segunda derivada, de acabar contribuyendo al colapso de los órganos judiciales y no sólo los españoles. Porque hay atajos que terminan resultando larguísimos.

Otra contradicción de los políticos: se quejan de que los jueces son los que al final gobiernan (la política sanitaria es sólo el último ejemplo) y al tiempo son ellos los que, con sus chapuzas, alimentan al monstruo, la tal judicialización. Pura esquizofrenia: una cosa y la contraria.

Sí. Esta última erupción del sistema eléctrico, la enésima, puede tener el honor de aportar novedades de bulto a la ciencia de la vulcanología (o incluso, ya puestos, a la edafología: el saber sobre las características de los suelos). Hay que descubrirse, porque no era sencillo.

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