Estatal - Social
La falta de concreción de los hechos imputados al trabajador en la carta de despido hace que el despido sea improcedente
El TS estima el recurso interpuesto y declara improcedente el despido del trabajador recurrente, ya que los hechos que se imputan en la carta de despido no tienen la suficiente concreción para permitirle el conocimiento de la conducta imputada y una adecuada utilización de sus derechos de defensa, sino un simple reproche genérico.
Estatal - Administrativo
El TS considera que el sistema de listas de personal docente interino no universitario no combate la utilización abusiva de las relaciones de empleo de duración determinada
Declara la Sala que el sistema de las listas de personal docente interino no universitario para nombramientos temporalmente limitados en la CC.AA. de La Rioja no constituye una medida legal equivalente a la jurisprudencia comunitaria establecida en la materia, que permite prevenir y sancionar los abusos cometidos en dicha relación, y que es conforme a Derecho que la relación mantenida en régimen de interinidad se prolongue hasta tanto la plaza sea ocupada por funcionario de carrera o se amortice.
Estatal - Civil
No supera el control de transparencia la intervención del notario que autoriza la escritura pública de formalización de un préstamo hipotecario con consumidores, si la entidad financiera prescinde de la información precontractual
Estima la Sala el recurso interpuesto y declara la nulidad de la cláusula suelo contenida en el contrato de préstamo con garantía hipotecaria litigioso, por no cubrir el documento suscrito las exigencias de transparencia.
Estatal - Administrativo
El TS examina la posible extensión de la falta de legitimación activa en un proceso principal, al incidente de ejecución de la sentencia cuando la legitimación en este segundo caso está condicionada porque afecta a sus intereses
Resuelve la Sala si las participantes en un proceso selectivo, beneficiadas por el criterio de corrección finalmente fijado por la Administración y adjudicatarias de unas plazas convocadas, a quién se negó legitimación para ser parte y poder impugnar en apelación la sentencia que anulaba esa decisión administrativa favorable, y se ven afectadas por la forma en que la Administración ejecuta el fallo, al verse privadas de la adjudicación de las plazas, tienen legitimación para promover un incidente de ejecución de la referida sentencia.
Estatal - Penal
El cultivo de plantas de marihuana no es acto preparatorio impune de un delito contra la salud pública
Condena la Sala al acusado por un delito contra la salud pública del art. 368 del CP, al ejecutar uno de los hechos típicos enumerados en el precepto: cultivo de drogas tóxicas, en concreto marihuana con el fin de destinarla a la venta de terceras personas.
Estatal - Administrativo
Para ampliar el alcance de la comprobación limitada se exige que la Administración tributaria lo comunique al contribuyente con anterioridad a la apertura del plazo de alegaciones
Se solicitada a la Sala que determine, si, en relación con los derechos reconocidos en los arts. 34.1 ñ) y 137 de la LGT, la Administración tributaria puede ampliar el alcance de sus actuaciones comunicándolo únicamente “con carácter previo a la apertura del plazo de alegaciones” o, por el contrario, es asimismo pertinente y legalmente válido efectuar la ampliación del alcance comprobatorio de manera coetánea a la apertura del plazo de alegaciones.
Estatal - Administrativo
El TS avala los nombramientos discrecionales del CGPJ de los cargos de la carrera judicial
Confirma la Sala el Acuerdo del CGPJ por el que se nombra Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ del Principado de Asturias.
Estatal - Administrativo
El TS completa su jurisprudencia y precisa cuál es el día final del plazo de dos meses para la interposición del recurso contencioso-administrativo en los casos en que la resolución a impugnar es notificada en el mes de agosto
La cuestión que debe resolver la Sala en el presente recurso se centra en precisar, a los efectos de fijar una jurisprudencia armonizada y uniforme acerca del cómputo del plazo de dos meses para la interposición del recurso contencioso-administrativo establecido en el art. 46 de la LJCA, cuál es el momento final del plazo hasta el que cabe presentar el escrito de interposición, en relación con la impugnación de resoluciones administrativas notificadas al interesado durante el mes de agosto, en que cabe considerar como “dies a quo” el 1 de septiembre.
Unión Europea
Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-501/20 | M P A (Residencia habitual - Tercer estado)
El Tribunal de Justicia aporta precisiones sobre la competencia judicial en materia de divorcio, responsabilidad parental y obligación de alimentos Además, especifica el criterio de “residencia habitual”, que determina el tribunal competente en materia civil.
Estatal - Administrativo
La adopción de una resolución impugnable fuera de tiempo no conlleva la nulidad de pleno derecho del acto sino su anulabilidad
Conforme a lo ya resuelto por la Sala sobre cuestiones idénticas, se estima el recurso interpuesto por la Administración General del Estado contra la sentencia que revocó la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por virtud de la cual se inadmitió a trámite la solicitud de nulidad de pleno derecho de unas liquidaciones que habían quedado firmes, en concepto de regulación y tarifa de utilización del agua.
Estatal - Civil
La existencia de previa y significativa separación con desvinculación personal y patrimonial de los cónyuges impide la reclamación de uno de ellos de derechos sobre bienes a cuya adquisición no ha contribuido
Se confirma la sentencia de divorcio de los cónyuges -casados en régimen de gananciales-, que declaró que no procedía incluir en el activo ninguno de los ingresos del marido desde la fecha de la separación de hecho de los esposos, que se produjo con la aquiescencia de ambas partes.
Estatal - Administrativo
La entrada y registro en domicilio efectuada por la AEAT en virtud de autorización judicial declarada nula, comporta la invalidez de todo lo actuado, así como el deber de devolución de toda la documentación y el material incautados
La cuestión planteada en el presente recurso ha sido ya resuelta por la Sala y consiste en determinar si la declaración de nulidad de la autorización de entrada y registro en domicilio priva de cobertura jurídica a las actuaciones de la Administración tributaria, y si ello comporta el deber de la Administración de devolver “toda la documentación e información obtenida en la entrada y registro”.
Estatal - Civil
El TS delimita el ámbito de aplicación de la acción de rescisión de la partición de la herencia, acción de complemento de la partición y acciones dirigidas a proteger la legítima
Casa la Sala la sentencia recurrida y confirma la del juzgado de primera instancia que desestimó la demanda planteada por el ahora recurrido, al amparo del art. 1079 del CC, en la que pretendía se completara y rectificara la partición de la herencia de su madre realizada por los contadores, por entender que se habían omitido bienes y además que la valoración de los incluidos había sido incorrecta.
Estatal - Administrativo
En aplicación de la doctrina del TJUE contenida en la sentencia de 3 de septiembre de 2014 a quienes son residentes en estados terceros no comunitarios, en presencia de actos firmes, se ha de considerar la invocación de una causa de nulidad de pleno derechoLa Sala estima el recurso interpuesto, anula la sentencia recurrida y declara el derecho de la actora -residente en Estados Unidos- a que sea admitida a trámite su solicitud de nulidad de pleno derecho contra la denegación de la rectificación de su autoliquidación por el Impuesto sobre Sucesiones.
Estatal - Administrativo
El sujeto pasivo del IRPF que desarrolla una actividad económica, acogido al régimen de estimación directa simplificada y que percibe una subvención de capital puede optar por el criterio de caja, imputando la subvención en varios ejerciciosSe confirma la sentencia que consideró correcto que un sujeto pasivo del IRPF que desarrollaba una actividad económica, acogido al régimen de estimación directa simplificada y que percibió una subvención en el año 2015, optara en dicho ejercicio por el criterio de imputación temporal de caja, imputando la subvención de capital percibida en varios ejercicios en función de la amortización de los bienes de equipo adquiridos con la misma.
Estatal - Civil
Si la responsabilidad de la aseguradora exigida mediante la acción directa tiene como presupuesto la responsabilidad del asegurado, la reclamación extrajudicial a éste también interrumpe la prescripción respecto de la aseguradora
Estima la Sala el recurso de la comunidad de propietarios actora contra la sentencia que entendió prescrita la acción de reclamación de indemnización a la aseguradora del arquitecto que fue condenado por vicios constructivos. Conforme señala la jurisprudencia, si la responsabilidad de la aseguradora, exigida mediante la acción directa del art. 76 de la LCS, tiene como presupuesto la responsabilidad del asegurado, la reclamación extrajudicial a éste también interrumpe la prescripción respecto de la aseguradora.
Estatal - Civil
No procede la moderación de la cláusula penal contenida en un contrato de arrendamiento para uso distinto al de vivienda, cuando fue expresamente pactada para el específico incumplimiento contractual producidoCon estimación del recurso interpuesto por la arrendadora de un local de negocios, se declara la extinción del contrato que vinculaba a las partes, por expiración del plazo contractual, con aplicación de la cláusula penal contenida en el mismo, sin que proceda la moderación de la pena conforme al art. 1154 del CC, pues lo que se ha producido es el incumplimiento de la obligación impuesta de desalojo, ya que la parte arrendataria llegada la fecha de finalización del contrato permaneció en el local.
Estatal - Administrativo
Las comercializadoras de último recurso han de ser reintegradas de las cantidades descontadas a los clientes vulnerables en concepto de bono social por la declaración de inaplicación del mecanismo de financiación aprobado en 2016
La Sala examina la competencia del Ministerio de Energía, Industria y Turismo -actual Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico- para resolver la solicitud de las comercializadoras de último recurso del derecho al reintegro de las cantidades descontadas a los clientes en concepto de bono social.
Estatal - Penal
El TS se pronuncia sobre la relevancia penal de la apropiación indebida del nombre de un dominio de internet
Con estimación del recurso interpuesto, la Sala absuelve a los recurrentes del delito de apropiación indebida de un nombre de dominio de internet de una asociación religiosa, por el que fueron condenados en la instancia.
Estatal - Administrativo
El plazo para ejecutar una resolución de un tribunal económico-administrativo que anula una sanción por razones de fondo es el de un mes, sin que el incumplimiento del plazo produzca efectos anulatorios del acto de ejecuciónSe debate en el presente recurso cuál es el plazo que tiene la Administración para ejecutar una resolución económico-administrativa que anula unas sanciones por razones de fondo con la finalidad de sustituirlas por otras, de acuerdo con las pautas que ofrece la propia resolución, así como las consecuencias o efectos del incumplimiento de ese plazo.
Estatal - Administrativo
El TS confirma el derecho de los medios de comunicación audiovisual en abierto a acceder a los recintos deportivos en los que se celebren eventos de interés general para que puedan grabar imágenes y emitir un breve resumen informativo
Se solicita a la Sala la interpretación del art. 19.3 de la Ley General de Comunicación Audiovisual, relativo al derecho a contratar la emisión en exclusiva de contenidos audiovisuales.
Estatal - Social
La absorción y compensación de salarios no rige cuando uno de los conceptos retributivos que intervienen en la operación no tiene naturaleza salarialResuelve el TS en el presente recurso, entre otras cuestiones, si el plus de transporte contenido en el Convenio Colectivo de Limpieza de Edificios y Locales de la Provincia de Alicante para 2019, es compensable o no con el nuevo SMI fijado para ese mismo año. Al respecto señala que, conforme a la doctrina de la Sala, en términos generales el art. 26.5 del ET autoriza la compensación, salvo que uno de los conceptos retributivos que intervienen en la operación sea inabsorbible por propia naturaleza o por expresa disposición de la norma legal o convencional que lo regula.
Estatal - Penal
El Supremo establece los parámetros para medir la gravedad exigida por el delito de maltrato animal del art. 337.1 del CPEl TS absuelve al recurrente del delito contra la fauna previsto en el art. 337.1 del CP -maltrato animal-. Señala que, para la aplicación del precepto, que exige que deba darse un “menoscabo grave a la salud”, es necesario que el animal requiera para su curación tratamiento veterinario, más allá del que se agota en una primera asistencia.
Estatal - Social
Los Tribunales españoles son competentes para enjuiciar la extinción laboral de un trabajador que previamente había sido empleado de una empresa española y posteriormente suscribió un contrato en EEUU
Procede la desestimación del recurso deducido por la mercantil actora contra la sentencia que declaró la competencia de los tribunales españoles para el enjuiciamiento de la extinción laboral del demandante que previamente fue empleado de una empresa española, y luego suscribió contrato de trabajo en EEUU con una empresa de idéntica nacionalidad, prestando servicios en el citado país.
Estatal - Administrativo
El TS declara la competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para imponer precios máximos en los servicios no regulados del sector de las telecomunicaciones
Se plantea en el presente recurso si, a la vista de los arts. 3, 5 y 12 de la Ley General de Telecomunicaciones -LGT-, en relación con el art. 4 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, la CNMC resulta competente para imponer precios máximos en servicios no regulados por la vía de la resolución de conflictos de interconexión entre operadores y, en caso afirmativo, en qué condiciones.
Estatal - Social
El Pleno de la Sala IV afirma que la empresa no tiene que complementar la prestación por desempleo en caso de ERTE por fuerza mayor, establecido en un convenio colectivo provincial expirado, sustituido por uno superior que no lo contemplaSe discute en el recurso si la mercantil demandada -restauración colectiva- en proceso de conflicto colectivo debe complementar la prestación por desempleo -hasta el 100%- que su plantilla ha recibido durante el ERTE tramitado por fuerza mayor, derivado de la crisis sanitaria por la pandemia de la Covid-19, habiéndose visto exonerada del abono de las cuotas de Seguridad Social.
Estatal - Penal
No cualquier desviación entre lo certificado y la realidad puede justificar el reproche penal del delito de falsificación de certificados
Casa la Sala la sentencia recurrida y absuelve a la recurrente de los delitos de estafa y falsedad de certificado por los fue condenada. Son hechos declarados probados que la acusada, en el ejercicio de su profesión de arquitecta, certificó que la obra acometida por los promotores denunciantes había alcanzado unos porcentajes de ejecución con una desviación de apenas un 9% sobre el porcentaje que precisaron los peritos, lo cual no resulta suficientemente significativa para poder concluir que la recurrente de forma dolosa falseó la certificación variando la realidad.
Estatal - Social
Procede la desestimación del recurso de casación para la unificación de doctrina cuando falta el requisito esencial de contradicción entre la sentencia impugnada y la referencialDesestima la Sala el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto al no concurrir el presupuesto procesal de contradicción exigido en el art. 219.1 de la LRJS, y declara la firmeza de la sentencia recurrida que entendió que no existía fraude de Ley en las contrataciones temporales efectuadas, porque las funciones encomendadas a la demandante estaban incluidas en el objeto de los contratos, que tenían sustantividad propia.