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LEY 1/1973, DE 1 DE MARZO, POR LA QUE SE APRUEBA LA COMPILACIÓN DEL DERECHO CIVIL FORAL DE NAVARRA

(Texto publicado en BOE N.º 57 de 7 de marzo de 1973; corr. err., BOE 30/05/1974)

Preámbulo

Habiéndome sido elevado por el Ministerio de Justicia, a iniciativa de la Diputación Foral, el texto de la Compilación del Derecho civil foral de Navarra, con la que culmina el proceso de las Compilaciones forales de España iniciado por el Decreto de 23 de mayo de 1947, en virtud de las atribuciones que me concede la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica del Estado , dispongo:

Artículo Único

Se reconoce como vigente el Derecho civil foral de Navarra recogido en el texto que a continuación se transcribe, que, queda aprobado y entrará a regir como Compilación del Derecho civil foral de Navarra.

COMPILACIÓN DEL DERECHO CIVIL FORAL DE NAVARRA

Preámbulo

Con esta Compilación del Derecho civil foral de Navarra culmina la Recopilación de los Derechos forales de España, laboriosamente realizada a lo largo de los últimos veinticinco años. Ya en 1946, superados los prejuicios que impedían el reconocimiento expreso de un hecho histórico tan notorio y natural como es el de la variedad de unos Derechos regionales armoniosamente integrados dentro de una perfecta unidad política nacional, se quiso dar un decidido impulso oficial, en el Congreso de Derecho Civil celebrado en Zaragoza, para la formalización legal de la pluralidad jurídica de nuestra Patria; Seguidamente, por Decreto de 23 de mayo de 1947, se ordenó la constitución de las distintas comisiones de juristas forales redactar los proyectos de las respectivas compilaciones. Dentro de este planteamiento de la codificación foral se advertía la singularidad del régimen jurídico de Navarra, y por eso la Orden de 10 de febrero de 1948 atribuyó a la Diputación Foral el nombramiento de la correspondiente Comisión, de la que había de ser Presidente el de la Audiencia Territorial de Pamplona. Esta diferencia respecto a las otras regiones forales no era mas que una estricta consecuencia de Ley Paccionada, de 16 de agosto de 1841 . De conformidad con esta Ley, se exigía el procedimiento de convenio para introducir reformas legislativas en Navarra.

Promulgadas de 1959 a 1977 las Compilaciones de Vizcaya y Álava, Cataluña, Baleares, Galicia y Aragón, quedaba como ultima esta de Navarra. Ya en 1959, un Proyecto de Fuero Recopilado sirvió como primera base para un renovado estudio por los juristas de esa región foral. La labor no interrumpida dio como resultado, en 1971, la redacción, con carácter privado, de una “Recopilación” o “Fuero Nuevo de Navarra”, que la Comisión Oficial Compiladora designada por la Diputación Foral, por acuerdo de 30 de junio de 1971, elevó a la consideración de Anteproyecto, y la excelentísima Diputación Foral mandó publicar en su “Boletín Oficial” de 4 de agosto, a la vez que abría un plazo de información hasta el 15 de octubre del mismo año. Las enmiendas presentadas fueron tan sólo catorce y a muy escaso número de Leyes, con lo que se ha reconocido la adecuación de dicha redacción con el Derecho realmente vivido en Navarra.

Para dar el debido cauce a la aprobación del Anteproyecto, en armonía con el régimen paccionado de Navarra, las Ordenes de 24 de noviembre y 6 de diciembre de 1971 designaron los componentes de una Sección especial de la Comisión General de Codificación que debían estudiar aquel texto y dictaminar sobre su aceptación como objeto del correspondiente convenio. Durante un año, ambas Comisiones, la Especial de Códigos y la Compiladora de Navarra, han venido trabajando en estrecha relación para fijar el texto refundido del proyecto de 596 Leyes, en el que pueden observarse algunas correcciones y ciertas mejoras respecto al anteproyecto de 616 Leyes. Debe advertirse a este propósito que el uso de la palabra “ley” para designar las disposiciones de la presente Compilación obedece a un criterio de fidelidad a la tradición legislativa de Navarra.

Al texto del anteproyecto se añadieron cinco disposiciones transitorias y dos disposiciones finales. En aquéllas se regulan las situaciones y relaciones causadas con anterioridad a la promulgación de esta Compilación, y en las disposiciones finales se prevé el procedimiento para futuras modificaciones legales, conforme al sistema de la Ley paccionada , y se da carácter estable a la Comisión Compiladora para la regular información y eventual alteración del derecho recopilado.

Se presenta esta Compilación como un fiel reflejo del Derecho civil realmente vigente en Navarra, y no como un simple registro de unas pocas particularidades jurídicas, por lo que, dentro de la continuidad histórica del Derecho navarro, recibe justamente la denominación de “Fuero Nuevo de Navarra”. Al mismo tiempo que ha prescindido, por falta de uso, de muchas instituciones legales de Navarra, o provenientes del Derecho romano, que en ella vale como supletorio, ha sabido incorporar otras consuetudinarias y de la practica cotidiana que ofrecen soluciones jurídicas de gran actualidad, siempre debidamente elaboradas por una doctrina rigurosa y congruentemente armonizadas con el sistema general propio del Derecho de Navarra. Y no deja de ser significativo que precisamente una región que ha sentido y defendido la unidad política de España haya sabido presentar sin timideces una formulación de su propio Derecho civil, afirmando con ello la vitalidad de todos los ordenamientos forales como vía para un concertado progreso de el Derecho de nuestra Patria.

Si la extensión no resulta excesiva, pese a la amplitud de la concepción, ello se debe a que se ha renunciado deliberadamente a enunciados que son más propios de la doctrina que de la ley y a determinadas casuísticas que deberán ser explicitadas por la doctrina de los comentaristas y de los Jueces.

Se divide esta Compilación en tres libros, precedidos por otro preliminar. Trata el libro I de las personas y de la familia, asociando así lo que es esencial para la tradicional concepción navarra, según la cual la estructura y la legitimidad familiar, así como la unidad de la casa, son el fundamento de la personalidad y de todo el orden social. Tras un primer título sobre las personas jurídicas, en el que se hace constar aquellas instituciones navarras que tradicionalmente la tienen reconocida, versa el segundo sobre una realidad desatendida por la legislación, pero de insoslayable vigencia, cual es los sujetos colectivos sin personalidad jurídica. Los títulos III y IV regulan la capacidad general de las personas individuales y la de los cónyuges, fijando en especial aquellos actos que la mujer puede realizar sin la licencia marital (Ley 57).

El título V fija con realismo el concepto de la patria potestad, muy diverso ya del romano, y la posición de los hijos legítimos y naturales. A continuación (título VI), se trata de la adopción y el prohijamiento, instituciones de gran actualidad en Navarra, y se regula con la amplitud que el Derecho navarro permite el pacto sucesorio entre adoptante y adoptado.

Se pasa en los titulos siguientes a los principios fundamentales del régimen de bienes en la familia (VII), por el que se regula la donación y los contratos entre cónyuges; luego, a las capitulaciones matrimoniales (VIII), que en Derecho navarro pueden ser modificadas en cualquier momento; al régimen de bienes en el matrimonio (IX), en especial al supletorio de “conquistas” (capítulo I), que puede existir como sociedad familiar (capítulo II), y a la Comunidad universal (capítulo III), así como al régimen de separación de bienes (capítulo IV). Especial importancia tiene para el Derecho navarro el régimen de bienes en segundas o posteriores nupcias (título X), dada la enérgica defensa que establece aquel Derecho a favor de los hijos de anteriores nupcias, verdadera limitación de la libertad de disponer reconocida como principio fundamental del Derecho sucesorio.

En el título XI se trata de las donaciones “propter nuptias”, y en el XII de la dote y de las arras.

Finalmente, el título XIII versa sobre la disolución de las comunidades familiares; el XIV, sobre el régimen típicamente navarro del acogimiento a la Casa y de las dotaciones, y el XV de la institución de los Parientes Mayores a cuya intervención se hace referencia más concreta en otras muchas Leyes de la presente Compilación.

En el libro II se asocian las donaciones y las sucesiones asociación indiscutible para el Derecho navarro, el cual presenta una riquísima gama de formas y modalidades de liberalidad, desde la donación inter vivos al mas solemne testamento unilateral, pasando por las capitulaciones matrimoniales, pactos sucesorios, testamentos de hermandad, etc. sin que pueda apreciarse solución de continuidad. El título I, de principios fundamentales, ofrece uno de los cuadros más vivos del Derecho navarro, con la libertad de testar, la consideración como heredero del donatario universal, la fiducia sucesoria, el poder otorgado post mortem, la renuncia a la herencia futura, etc. Luego, en el título II, se trata de las donaciones inter vivos y el problema de su revocabilidad; en el III, de las donaciones mortis causa; en el IV, de los pactos o contratos sucesorios, institución especialmente elaborada por los juristas de Navarra; en el V, sobre el testamento y sus diversas formas, incluyendo los codicilos (capítulo III), las memorias testamentarias (capítulo IV) y, en especial, el muy frecuente en Navarra testamento de hermandad (capítulo V), que los navarros pueden otorgar incluso en el extranjero. De la nulidad e ineficacia de las disposiciones mortis causa trata el título VI, y en los VII y VIII, respectivamente, de la institución de heredero y de las sustituciones vulgar (capítulo II), fideicomisaria (capítulo III), una de cuyas modalidades es la sustitución pupilar, tal como se practica en Navarra (Ley 227) y la de residuo (capítulo IV).

De los legados, a los que se asimilan los fideicomisos a título particular del Derecho romano, trata el título IX, y en el X se formulan los límites a la libertad de testar navarra; a saber: el usufructo de fidelidad (capítulo I), institución sucesoria, en Navarra, y no del régimen de bienes en el matrimonio, por lo que se determina por la Ley personal del causante al tiempo de su muerte; tiene tal vigencia esta institución en Navarra, que puede considerarse como modelo principal para cualquier otro tipo de usufructo. Luego, la legítima formal de los descendientes (capitulo II), que supone en realidad una imposición de no preterición por parte del disponente, pues carece de contenido patrimonial exigible, razón por la que se ha estimado conveniente mantener la vieja fórmula foral de los cinco “sueldos febles por bienes muebles y una robada de tierra en los montes comunes por inmuebles”, que pone mejor de manifiesto el carácter meramente formal de dicha institución legitimaria, y a esta limitación hay que añadir las más importantes de los derechos de los hijos de anteriores nupcias (capítulo III), las reservas (capítulo IV) y la reversión de bienes (capítulo V).

Los títulos siguientes recogen el Derecho vigente en Navarra relativo a ciertas figuras de intermediarios para la ejecución de las disposiciones mortis causa; los fiduciarios comisarios (título XI), los herederos de confianza (título XII) y los albaceas (título XIII).

Dada la gran importancia de la voluntad en orden a la sucesión, se comprende que la tenga mucho menor la que debe llamarse en Navarra sucesión “legal”, por venir determinada mediante disposición de la Ley, y no “legítima”, lo que supondría una naturalidad que tal delación sucesoria no tiene en Navarra, ni tampoco “intestada”, ya que no sólo puede quedar excluida por la forma testamentaria, sino también por otras modalidades de sucesión voluntaria. Al orden de esta sucesión legal se refiere el título XIV, con especial tratamiento de la sucesión en bienes troncales (capítulo III), y no troncales (capítulo II), y constancia de la preferencia, contraria al Derecho romano, del cónyuge respecto a los colaterales.

El derecho de representación, por el que los descendientes se subrogan en el derecho de un ascendiente que no llegó a adquirir por premoriencia o incapacidad, excede, en Navarra, el ámbito de la sucesión legal (título XV), con lo que se reduce mucho el alcance del derecho de acrecer (título XVI).

Los últimos títulos de este libro II se refieren a la adquisición y renuncia de la herencia (título XVII), a la “hereditatis petitio” (título XVIII), a la cesión de herencia (título XIX) y su partición (título XX).

El libro III es el más amplio, porque abarca toda la materia de los derechos reales (títulos I-VII) y las obligaciones (títulos VIII-XI). En cuanto a la propiedad y posesión de los bienes (título I), es interesante destacar el régimen singular de adquisición de los frutos de las heredades desde que son manifiestas (Ley 354), y en el título II, de las comunidades de bienes y derechos, se expone con claridad el régimen de modalidades especiales, muy frecuentes, pero que no siempre se interpretan convenientemente, como son las corralizas (capítulo IV), facerías, helechales, el dominio concellar y las vecindades foranas (capítulo V); la errónea configuración, que a veces se ha insinuado en la jurisprudencia, de tales derechos como servidumbres “personales” desfiguraba su propia naturaleza impidiendo la redención. Conforme a la más depurada doctrina, se consideran como servidumbres (título III) tan sólo las prediales, de las que se recogen algunas particularidades siempre vigentes en Navarra, y como derechos reales especiales los de usufructo, habitación, uso y otros similares (título IV).

De gran utilidad resulta la regulación del derecho de superficie y otros similares (título V), que han cobrado renovada aplicación en el desarrollo urbano, y la Compilación presenta una ordenación nueva, fiel reflejo de la práctica vigente en materia de sobreedificación y subedificación (capítulo III).

El título VI ordena todo lo relativo al derecho de retracto y otros derechos de adquisición preferente, que presenta una mayor complejidad por la incidencia de tipos especiales de derechos concurrentes.

Finalmente, a las garantías reales se dedica el título VII, incluyendo la venta con pacto de retro en función de garantía (capítulo IV), las prohibiciones de disponer (capítulo V), la venta con reserva de dominio (capítulo VI) y la venta con pacto comisorio (capítulo VII).

La sistemática de las obligaciones —cuyos principios generales se recogen en el título VII del tercer libro— distingue, en primer lugar, las promesas unilaterales, designadas con el nombre romano de estipulaciones (título IX), a las que se agrega el acto similar de la fianza (capítulo II) en segundo lugar, los distintos tipos de préstamos (título X) —a los que sigue el censo consignativo (título XI)—, y en tercero, los contratos de custodia (título XII), de mandato (título XIII), de compraventa y permuta (título XIV) y de arrendamiento (título XV y último de la Compilación). Así pues, se prescinde de la categoría del “cuasi-contrato” y, en su lugar, se trata del trata del enriquecimiento sin causa (capítulo IV) en el título general (VIII) sobre las obligaciones, y de la gestión de negocios como figura similar al mandato (Leyes 560 y 561 del título XIII). Debe señalarse también la eliminación de la superada figura del arrendamiento de servicios que, en la medida en que no queda regulada como contrato de trabajo, se somete a las reglas del mandato (Ley 562), orillándose así una ya ociosa discusión de los autores, que hace tiempo debiere haber sido olvidada.

La orgánica estructura de estos tres libros queda coronada por el libro preliminar que los precede. Sus cuarenta y una Leyes se distribuyen en cuatro títulos, respectivamente, sobre las fuentes (título I), la condición foral de las personas físicas y jurídicas (título II), el ejercicio de los derechos (título III) y la prescripción de las acciones (título IV). Una mención especial merece el reconocimiento de la costumbre como primera fuente (Ley 2), incluso cuando se oponga al Derecho escrito, siempre que no sea contra la moral o el orden público (Ley 3). Aunque con este reconocimiento parezca debilitarse la fuerza de la misma Compilación, ello se debe a una indeclinable exigencia del Derecho privativo de Navarra, que se muestra así como un ordenamiento abierto al desarrollo futuro determinado por la práctica. Ello no obsta, sin embargo, a que el Derecho supletorio particular de Navarra quede siempre integrado por su tradición jurídica, constituida por sus antiguas Leyes y el Derecho romano, en aquellas instituciones que de él se han recibido en la práctica de nuestro tiempo, tradición a la que suple, en su caso, el Código Civil y las Leyes generales de España (Ley 6).

Hay que tener en cuenta, por lo demás, que las mismas Leyes de esta Compilación, como todas las Leyes vigentes en Navarra, tienen normalmente carácter dispositivo (Ley 8), ya que el primer principio y fundamento de todo el Derecho navarro es la primacía de la voluntad privada, como se expresa en la antigua regla “paramiento fuero vienze” (Ley 7).

Aunque la codificación no debe considerarse nunca como un término final, sino como un proceso para el desarrollo del Derecho, con la presente Compilación viene a cumplirse el propósito de aclarar y renovar con una más depurada expresión el Derecho de Navarra, ya que, examinado cuidadosamente el texto del proyecto por los juristas designados al efecto, tras haber sido atendidas las enmiendas de que fue objeto, puede afirmarse su correspondencia con el Derecho, vigente.

LIBRO PRELIMINAR

TÍTULO I. DE LAS FUENTES DEL DERECHO NAVARRO

LEY 1. Compilación.

Esta Compilación del Derecho privado foral, o Fuero Nuevo de Navarra, recoge el vigente Derecho civil del antiguo Reino, conforme a la tradición y a la observancia práctica de sus costumbres, fueros y leyes.

Tradición jurídica navarra.

Como expresión del sentido histórico y de la continuidad del Derecho privado foral de Navarra, conservan rango preferente para la interpretación e integración de las leyes de la Compilación, y por este orden: las leyes de Cortes posteriores a la Novísima Recopilación; la Novísima Recopilación; los Amejoramientos del Fuero; el Fuero General de Navarra; los demás textos legales, como los fueros locales y el Fuero reducido, y el Derecho romano para las instituciones o preceptos que la costumbre o la presente Compilación hayan recibido del mismo.

LEY 2 . Prelación de fuentes.

En Navarra la prelación de fuentes de Derecho es la siguiente:

1. La costumbre.

2. Las leyes de la presente Compilación.

3. Los principios generales del Derecho navarro.

4. El Derecho supletorio.

LEY 3. Costumbre.

La costumbre que no se oponga a la moral o al orden público, aunque sea contra ley, prevalece sobre el Derecho escrito. La costumbre local tiene preferencia respecto a la general.

La costumbre que no sea notoria deberá ser alegada y probada ante los Tribunales.

LEY 4. Principios generales.

Son principios generales los de Derecho natural o histórico que informan el total ordenamiento civil navarro y los que resultan de sus disposiciones.

LEY 5. Analogía.

Antes de aplicarse el Derecho supletorio, deberá integrarse el Derecho privativo mediante la racional extensión analógica de sus disposiciones.

LEY 6. Derecho supletorio.

El Código Civil y las leyes generales de España serán Derecho supletorio de esta Compilación y de la tradición jurídica navarra expresada en la Ley 1, y no se aplicarán a supuestos distintos de los expresamente previstos.

LEY 7. “Paramiento”.

Conforme al principio “paramiento fuero vienze” o “paramiento ley vienze”, la voluntad unilateral o contractual prevalece sobre cualquier fuente de Derecho, salvo que sea contraria a la moral o al orden público, vaya en perjuicio de tercero o se oponga a un precepto prohibitivo de esta Compilación con sanción de nulidad.

LEY 8. Libertad civil.

En razón de la libertad civil, esencial en el Derecho navarro, las leyes se presumen dispositivas.

LEY 9. Renuncia de derechos.

La renuncia de derechos es válida, salvo que atente al orden público o se haga en fraude de ley.

LEY 10. Estatutos.

En lo no previsto en la presente Compilación, la determinación y efectos de los estatutos personal, real y formal se regirán por las disposiciones del Código Civil y conforme al principio de reciprocidad.

TÍTULO III. DE LA CONDICIÓN CIVIL FORAL DE NAVARRO

LEY 11. Reciprocidad de la condición civil.

La adquisición, conservación, pérdida y recuperación de la condición foral de navarro se rige, en lo no previsto en esta Compilación, por la legislación general y conforme al principio de reciprocidad.

LEY 12. Navarros en el extranjero.

Los navarros residentes en el extranjero no perderán su condición foral en tanto conserven la nacionalidad española. Los que adquieren nacionalidad extranjera sin perder la española, conservarán también la condición foral navarra.

Los navarros que hubieren perdido la nacionalidad española, al recuperarla recobrarán también su condición foral.

LEY 13. Extranjeros nacionalizados.

En el expediente de adquisición o recuperación de la nacionalidad española, se presumirá que adquiere la condición foral de navarro el extranjero que residiere en Navarra al conseguir la nacionalidad.

LEY 14. Presunción.

Cuando no sea claramente determinable la condición foral de navarro, prevalecerá ésta si correspondiere por razón del lugar de nacimiento.

LEY 15. Condición foral de personas jurídicas.

La condición foral navarra de las personas jurídicas se determinará por su domicilio.

LEY 16. Efectos de la condición foral.

La condición foral navarra de una persona, somete a ésta al Derecho Civil y a las disposiciones administrativas y fiscales de Navarra.

Cambios de condición.

Los actos celebrados por personas de condición foral no perderán su validez por quedar éstas sometidas posteriormente a otro Derecho, pero los efectos de esos actos deberán acomodarse a las exigencias del nuevo Derecho. Asimismo, los actos celebrados por quienes con posterioridad a su otorgamiento adquiesen la condición foral deberán producir sus efectos conforme al Derecho navarro aunque éste difiera del Derecho a que se sometió su celebración.

TÍTULO III. DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS

LEY 17. Libertad y limitaciones.

Los derechos pueden ejercitarse libremente, sin más limitaciones que las exigidas por su naturaleza, la buena fe, las rectas costumbres y el uso inocuo de otras personas; y las impuestas por prohibición expresa de la Ley.

LEY 18 . Perfección formal.

La declaración de voluntad, expresada en cualquier forma, es válida y legítima para el ejercicio de los derechos que de la misma se deriven.

No obstante, los actos o contratos para los que la Ley no exija una forma determinada pero ésta se hubiese convenido expresamente, no se considerarán perfeccionados sin el cumplimiento de dicha forma. Cuando se trate de un acto que usualmente revista una forma determinada, se presumirá que las partes han querido supeditar la perfección del acto al cumplimiento de la misma.

En los casos en que esta Compilación exija cierta forma, se considerará de solemnidad.

LEY 19. Nulidad, anulabilidad y rescisión.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 50, son nulas las declaraciones de voluntad emitidas por menores no emancipados o personas que no se hallen en su cabal juicio, las de objeto imposible o inmoral y todas aquellas que estén prohibidas por la Ley.

Son anulables las declaraciones viciadas por error, dolo o violencia física o moral graves, pero no podrá alegarse el error inexcusable de hecho o de Derecho.

Son rescindibles las declaraciones de voluntad cuando así lo disponga la Ley.

LEY 20 . Silencio u omisión.

El silencio o la omisión no se considerarán como declaración de voluntad, a no ser que así deba interpretarse conforme a la Ley, la costumbre o los usos, o lo convenido entre las partes.

LEY 21. Simulación.

Los actos producen los efectos propios de la declaración manifestada por las partes, pero si fueran simulados sólo valdrá lo que aquéllas hayan querido realmente hacer, siempre que fuere lícito y reúna todos los requisitos formales que la Ley exija para el mismo.

La nulidad de la declaración simulada no puede alegarse contra terceros de buena fe.

LEY 22. Fraude a terceros.

Los actos realizados con intención de excluir injustamente el derecho de un tercero pueden impugnarse a la vez que se ejercita el derecho que se intentó defraudar.

LEY 23. Concurrencia de derechos.

Cuando sobre una cosa concurren varios derechos a usar de la misma, cada titular deberá ceder en el suyo para hacer posible el ejercicio de todos, conforme a la naturaleza y categoría de los distintos derechos y en consideración a su concurrencia equitativa.

LEY 24. Presunciones.

Las presunciones establecidas en esta Compilación se considerarán “iuris tantum”, salvo que la Ley excluya expresamente toda prueba en contrario.

LEY 25. No uso.

Los derechos pueden extinguirse por la falta de uso en los casos previstos por el pacto, la costumbre o la Ley.

TÍTULO IV. DE LA PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES

LEY 26. Caducidad. Prescripción.

Las acciones que tienen un plazo establecido no pueden ejercitarse después de trascurrido. Todas las acciones que no sean imprescriptibles por declaración de la Ley, prescribirán en los plazos que se establecen en el presente título.

LEY 27. Pactos y renuncia.

No tendrán efecto los convenios o disposiciones destinados a modificar los plazos legales de prescripción. Sin embargo, se podrá renunciar a la prescripción ganada.

LEY 28. Plazos. a) Prestación de servicios y suministros.

Las acciones para exigir deudas por servicios profesionales prestados y géneros o animales vendidos por un comerciante a quien no lo sea, prescriben a los tres años, a partir de la prestación de el servicio o entrega de la cosa. Cuando la deuda conste en un documento, la acción prescribe en el plazo de diez años, que se contarán desde la prestación o entrega, salvo que de otro modo se estableciere en el documento.

LEY 29 . b) Préstamos.

En los préstamos con interés, la acción personal para reclamar el capital prescribe a los diez años, y la de los intereses, a los cinco. Si el préstamo fuere sin interés, se aplicará lo dispuesto en la Ley 39.

LEY 30. c) Acción hipotecaria.

La acción hipotecaria prescribe a los veinte años.

LEY 31. d) Títulos ejecutivos.

En los títulos judiciales o extrajudiciales que tengan aparejada ejecución, la acción ejecutiva prescribe a los diez años, y la acción ordinaria subsistirá dentro del plazo de la Ley 39.

LEY 32. e) Censos.

La acción para reclamar los réditos censales prescribe a los cinco años, y la del capital del censo, a los cuarenta.

LEY 33. f) Rescisión por lesión.

La acción rescisoria por lesión enorme prescribe a los diez años, y la rescisoria por lesión enormísima, a los treinta.

LEY 34 . g) Rescisión e impugnación.

Las acciones de rescisión no previstas en la Ley anterior y las de impugnación de actos anulables prescriben a los cuatro años.

LEY 35. h) Saneamiento.

Las acciones de saneamiento prescriben: la redhibitoria, a los seis meses y la “quanti minoris”, al año.

LEY 36 . i) Injuria y calumnia.

La acción para exigir responsabilidad por injuria o calumnia prescribe al año.

LEY 37. j) Acciones posesorias.

La acción para retener o recobrar la posesión prescribe al año.

LEY 38. k) Remisión a otras leyes de prescripción.

Las acciones siguientes prescriben en los plazos establecidos en las leyes que se indican a continuación:

1. La de petición de herencia, conforme a lo dispuesto en la Ley 324.

2. La de retraer en la venta con pacto de retro, conforme a la Ley 480.

3. La de carta de gracia por tiempo indefinido o perpetuo, conforme a lo dispuesto en la Ley 583.

4. La acción para exigir responsabilidad por culpa extracontractual, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 488, párrafo segundo.

LEY 39. Prescripción general.

a) De acciones personales

Las acciones personales que no tengan establecido otro plazo especial prescriben a los treinta años, con independencia del plazo de prescripción propio de la garantía real que se hubiere constituido.

b) De acciones reales

Las acciones reales que no tengan establecido plazo especial sólo prescriben a consecuencia de la usucapión con la que resulten incompatibles.

LEY 40. Interrupción de la prescripción.

La prescripción de veinte o treinta años se interrumpe por la notificación de la demanda al demandado; la de cuarenta años, por la contestación de esta a la demanda. En todo otro plazo establecido para el ejercicio de una acción, se considera ésta ejercitada por la interposición de la demanda o acto procesal legalmente equivalente.

Asimismo, se interrumpirá la prescripción de plazos menores a veinte años por la reclamación extrajudicial dirigida al deudor. El reconocimiento de la deuda por el deudor, aunque sea implícito, en todo caso interrumpe la prescripción.

LEY 41. Acciones imprescriptibles.

Son imprescriptibles:

1. Las acciones de estado civil que no tengan establecido plazo para su ejercicio.

2. La acción declarativa de la cualidad de heredero.

3. Las acciones divisorias de los comuneros y de los coherederos y las de deslinde, sin perjuicio de la prescripción adquisitiva de los bienes afectados.

LIBRO I. DE LAS PERSONAS Y DE LA FAMILIA

TÍTULO I. DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

LEY 42 . Diputación Foral.

La Diputación Foral de Navarra, persona jurídica de Derecho público, plena y autónoma, puede otorgar o reconocer personalidad. jurídica como corporación, asociación o fundación a cualesquiera instituciones o servicios que radiquen en Navarra, creados o reconocidos por la misma Diputación.

LEY 43. Personas jurídicas.

Además de las instituciones cuya personalidad jurídica se halla reconocida por las leyes, la tienen igualmente por antigua costumbre:

1. Los Concejos que integran los diversos Ayuntamientos, Distritos, Valles, Cendeas y Almiradíos de Navarra.

2. El noble Valle y Universidad de Baztán y las Junta, Generales de los Valles de Roncal y Salazar, sin perjuicio de la personalidad jurídica de los Ayuntamientos que los integran. Estas Corporaciones actuarán siempre conforme a lo establecido en sus respectivas Ordenanzas Nota de Vigencia.

3. La Junta de Bardenas Reales, que se regirá por sus Ordenanzas.

4. Las Juntas o “Patronatos mere legos” de los Santuarios, Ermitas, Cofradías y similares, sin perjuicio de la condición que les conceda el Derecho canónico.

5. Las Cajas Rurales, Hermandades y otras agrupaciones agrosociales no prohibidas por las leyes.

6. Las fundaciones privadas constituidas conforme a la Ley siguiente.

LEY 44. Fundaciones.

Por actos ínter vivos o mortis causa, cualquier persona puede crear en Navarra, sin necesidad de aprobación administrativa, fundaciones de caridad, fomento o de otro interes social evidente, siempre que el fundador exprese su voluntad de conferir personalidad jurídica a la fundación, al determinar su fin y asignarle un patrimonio, que podrá consistir en bienes o derechos de cualquier clase.

La fundaciones por acto inter vivos debe hacerse en escritura pública, en la que consten los estatutos que determinen el nombramiento, renovación, funcionamiento y atribuciones del Patronato.

En las fundaciones por acto mortis causa, el fundador puede ordenar por si mismo los estatutos o encomendar su ordenación, total o parcialmente, al primer Patronato o a otras personas. Igualmente, puede dotar de bienes a la fundación, ya en el propio acto fundacional, ya en acto separado, ya delegando en otras personas la asignación de bienes, a título universal o singular.

LEY 45. Régimen.

Las fundaciones se regirán por la voluntad del fundador, manifestada en el acto constitutivo y en los estatutos, que será suplida en lo no previsto e integrada en su interpretación por las disposiciones contenidas en el libro II de esta Compilación.

LEY 46 . Facultades del Patronato.

Salvo que otra cosa se disponga en los estatutos, corresponden al Patronato, plenamente y sin limitación alguna, las facultades siguientes:

1. Las de administración y disposición del patrimonio de la fundación.

2. La de interpretar la voluntad del fundador.

3. Las de inversión, realización, transformación y depósito de los bienes y aplicación de los mismos a los fines fundacionales.

4. Las de confeccionar los presupuestos y aprobar las cuentas por sí solo y con plenitud de efectos.

Tratándose de fundaciones constituidas por voluntad privada, el fundador podrá eximir a la fundación de toda intervención administrativa. Sin embargo, a instancia de cualquier persona, el Ministerio Fiscal podrá” inspeccionar la gestión e instar y ejercitar las acciones procedentes.

LEY 47. Reversión Nota de Vigencia.

El acto fundacional o los estatutos podrán establecer la reversión de los bienes en favor de los herederos del fundador o de determinadas personas, sean o no parientes de éste, Con el límite de la Ley 224.

Extinción

Cuando se extinga una Fundación sin haberse previsto e, destino de sus bienes, adquirirá éstos la Comunidad Foral de Navarra, que los aplicará a fines similares a los establecidos por el fundador.

TÍTULO III. DE LAS ENTIDADES Y SUJETOS COLECTIVOS SIN PERSONALIDAD JURÍDICA

LEY 48. La casa Nota de Vigencia.

La casa, sin constituir persona jurídica, tiene su propio nombre y es sujeto de derechos y obligaciones respecto a las relaciones de vecindad, prestaciones de servicios, aprovechamientos comunales, identificación y deslinde de fincas y otras relaciones establecidas por la costumbre y usos locales.

Corresponde a los amos el gobierno de la casa, el mantenimiento de su unidad y la conservación y defensa de su patrimonio y nombre.

LEY 49 . Sociedades y agrupaciones sin personalidad.

Las sociedades u otras agrupaciones cuya personalidad no haya sido reconocida pueden, sin embargo, actuar como sujetos de derecho por mediación de quienes ostenten una representación expresa o tácitamente conferida.

La titularidad de los derechos adquiridos por estos sujetos colectivos se considerara conjunta de todos los miembros y será necesaria la unanimidad para disponer de esos derechos.

De las obligaciones contraídas por dichos sujetos colectivos responderán solidariamente todos los miembros.

TÍTULO III. DE LA CAPACIDAD DE LAS PERSONAS INDIVIDUALES

LEY 50. Capacidad Nota de Vigencia.

La capacidad plena se adquiere con la mayoría de edad al cumplirse los dieciocho años.

Los menores de edad que sean púberes tendrán capacidad para los actos determinados en esta Compilación. Se consideran púberes los mayores de catorce años de uno y otro sexo.

Los púberes no emancipados pueden aceptar por sí solos toda clase de liberalidades por las que no contraigan obligaciones, aunque aquéllas contengan limitaciones o prohibiciones sobre los bienes objeto de la liberalidad.

LEY 51. Representación.

Toda persona capaz puede realizar, mediante apoderado, todos los actos que podría realizar por si, sin más limitaciones que las establecidas en esta Compilación.

LEY 52 . Revocabilidad.

El poder de representación podrá revocarse libremente por el poderdante, salvo que se hubiere concedido con carácter irrevocable en razón de un interés legítimo del apoderado o de que entre éste y el poderdante exista una relación contractual que justifique la irrevocabilidad.

TÍTULO IV. DE LA CAPACIDAD DE LOS CÓNYUGES

LEY 53. Capacidad Nota de Vigencia.

Salvo lo pactado en capitulaciones matrimoniales y lo especialmente dispuesto en esta Compilación, cada uno de los cónyuges, por sí solo, podrá ejercitar y defender derechos y realizar, en nombre propio o ajeno, cualesquiera actos judiciales o extrajudiciales de administración, disposición y representación.

LEY 54. Potestad doméstica Nota de Vigencia.

Cualquiera de los cónyuges por sí sólo puede disponer de los bienes comunes y obligar a la sociedad conyugal para atender a los gastos urgentes, aun extraordinarios, y a las necesidades ordinarias de la familia conforme a las circunstancias de ésta y al uso del lugar, sin perjuicio de los reembolsos que procedan.

Afección de bienes

La responsabilidad por los actos que realice uno solo de los cónyuges, en cumplimiento de las obligaciones voluntariamente aceptadas, afectará, exclusivamente, a los bienes privativos del obligado, salvo que hayan sido asumidas con el consentimiento del otro cónyuge, en cuyo caso la responsabilidad afectará también a los bienes de la sociedad conyugal, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 85.

De las obligaciones contraídas por uno solo de los cónyuges en el cumplimiento de obligaciones legales de inexcusable ejercicio, comunes a ambos, responderán solidariamente los bienes del cónyuge que contrajo la deuda y los de la sociedad conyugal, y subsidiariamente los del otro cónyuge, sin perjuicio de los reembolsos que procedan.

LEY 55. Vivienda y ajuar Nota de Vigencia.

Se necesitará el consentimiento de ambos cónyuges o, en su defecto, autorización judicial para disponer ínter vivos o sustraer al uso común los derechos sobre la vivienda habitual del matrimonio o sobre el mobiliario ordinario de la misma, aunque pertenezcan a uno solo con carácter privativo.

La manifestación errónea o falsa del cónyuge titular, respecto a no ser vivienda habitual, no perjudicará a terceros de buena fe.

LEY 56 . Comunidad universal y separación de bienes Nota de Vigencia.

En el régimen de comunidad universal y en el de separación de bienes se estará a lo dispuesto, respectivamente, en las Leyes 101 y 103.

LEY 57. Disposición mortis causa Nota de Vigencia.

Por actos mortis causa cada uno de los cónyuges puede disponer de sus respectivos bienes privativos y de la parte que a la disolución de la sociedad conyugal le corresponda en los bienes de conquista.

Cuando se disponga de bienes determinados que sean de conquista se observará lo que para el legado se establece en la Ley 251.

LEY 58. Habilitación judicial Nota de Vigencia.

Respecto a los actos en que cualquiera de los cónyuges precisaré, por pacto o por Ley, el consentimiento del otro, podrá éste ser suplido por el Juez, quien resolverá sobre su procedencia, a solicitud fundada y previa información sumaria, con citación de ambos cónyuges.

LEY 59. Ratificación Nota de Vigencia.

Los actos realizados por uno de los cónyuges sin el necesario consentimiento del otro, podrán ser ratificados por éste o sus herederos, y serán válidos si aquél o éstos no los impugnaren dentro del plazo de cuatro años, a contar del día de la disolución del matrimonio o de la separación legal.

LEY 60. Consentimiento Nota de Vigencia.

El marido y la mujer pueden prestarse el consentimiento para uno o varios actos o en términos generales. El acto por el que se concedan anticipadamente el consentimiento será revocable, a no ser que se haya otorgado en capitulaciones matrimoniales.

Los cónyuges pueden otorgar, uno en favor del otro o ambos recíprocamente, poderes con las facultades que tengan por conveniente, para uno o varios actos, o en términos generales. Estos poderes serán siempre revocables.

LEY 61. Afianzamiento Nota de Vigencia.

Cualquiera de los cónyuges puede afianzar, obligarse de otro modo o dar garantía real, tanto en favor del otro como de terceras personas.

Estas garantías, prestadas en favor de terceros por uno solo de los cónyuges, afectarán exclusivamente a los bienes privativos de éste. Si se prestaren por los dos cónyuges, afectarán tanto a los bienes privativos como a los bienes comunes.

LEY 62. Aplicación supletoria del Código Civil Nota de Vigencia.

En los casos de ausencia, incapacidad, prodigalidad o separación legal de los cónyuges, serán aplicables las disposiciones del Código Civil.

Los miembros de una pareja estable se consideran equiparados a la situación de los cónyuges unidos por matrimonio en cuanto al ejercicio de las acciones relacionadas con la incapacitación, la declaración de ausencia y la declaración de prodigalidad Nota de Vigencia.

TÍTULO V. DE LA PATRIA POTESTAD Y DE LA FILIACIÓN

LEY 63 . Titularidad y contenido Nota de Vigencia.

La patria potestad sobre los hijos menores no emancipados y sobre los incapacitados corresponde conjuntamente al padre y a la madre, y comprende los siguientes deberes y facultades:

1. Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos, corregirlos razonable y moderadamente y procurar su debida formación.

2. Representarlos en cuantos actos les conciernan y no puedan legalmente realizar por sí mismos, salvo que guarden relación con bienes cuya administración no corresponda a los padres y sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 64.

3. Administrar y disponer de sus bienes en las condiciones que establece la Ley 65, y usufructuarlos dando a los frutos percibidos las aplicaciones que demanden el inter1s de 1 S hijos a quienes pertenezcan los bienes y el de la familia a cuyo sostenimiento han de contribuir en la proporción adecuada.

Corresponde también a los padres la defensa de los intereses y expectativas de los hijos concebidos y no nacidos e incluso de los no concebidos.

Los hijos, por su parte, deben obedecer a los padres en tanto permanezcan bajo su potestad, respetarlos siempre y contribuir al sostenimiento de la familia mientras convivan con ella.

Ejercicio

Las funciones inherentes a la patria potestad se ejercerán por el padre y la madre según lo convenido y, en defecto de pacto, por ambos conjuntamente. Serán, sin embargo, válidos los actos que cualquiera de ellos realice por si solo para atender a las necesidades ordinarias de los hijos, según las circunstancias familiares y el uso del lugar, o en situaciones que exijan una urgente solución.

En los casos de declaración de ausencia o de incapacitación de uno de los padres, la patria potestad será ejercida por el otro; en el de imposibilidad de uno de los padres, podrá el otro recabar del Juez la atribución exclusiva del ejercicio de la patria potestad.

Si hubiera desacuerdo, los Parientes Mayores, a solicitud conjunta de ambos padres, y el Juez, a petición de cualquiera de éstos, resolverán su discrepancia, después de oft a los interesados e intentar la conciliación, atribuyendo sin ulterior recurso la facultad de decidir, en el caso concreto sometido a su conocimiento, al padre o a la madre. Cuando las circunstancias lo aconsejen podrá también el Juez, por un plazo que no exceda de dos años, distribuir entre ellos las funciones de la patria potestad o atribuir ésta a uno de los dos.

LEY 64. Defensor judicial Nota de Vigencia.

Cuando hubiere intereses contrapuestos entre los padres y los hijos bajo su potestad, se requerirá la intervención de defensor judicial. Si la contraposición de intereses existiera sólo con uno de los progenitores, corresponde al otro la representación del hijo, sin necesidad de nombramiento judicial.

El Juez nombrará defensor, con las facultades que señale, a alguna de las personas a quienes en su caso podría corresponder el ejercicio de la tutela.

No será necesario la intervención de defensor judicial, aunque haya intereses contrapuestos, cuando se trate de otorgamiento de capitulaciones matrimoniales, o de nombramientos de heredero y donaciones con pactos de convivencia entre donantes y donatarios.

LEY 65. Administración Nota de Vigencia.

Los padres administrarán todos los bienes de los hijos sometidos a su potestad, con excepción de los siguientes:

1. Los bienes objeto de liberalidad, cuando quien la otorgue excluya la administración de los padres. Podrá también el otorgante excluir el usufructo de los padres y establecer el régimen que estime conveniente para la administración y disposición de aquellos bienes, incluso excluir la necesidad de autorización judicial y de intervención de defensor judicial.

2. Los adquiridos mortis causa cuando el padre, la madre o ambos no pudieron adquirirlos por incapacidad a causa de indignidad. Estos bienes serán administrados por el otro progenitor y, en su defecto, por un administrador judicialmente designado.

Cuando la administración de los padres ponga en peligro el patrimonio del hi o, el Juez, a petición de parte interesada o del Ministerio Fiscal, podrá exigir a aquéllos garantía adecuada, o tomar otras medidas para la seguridad de los bienes, e incluso privar a los padres de la administración y nombrar un administrador.

Al término de la administración, los hijos, el administrador judicial o el Ministerio Fiscal podrán pedir a los padres rendición de cuentas de aquélla y exigir el resarcimiento de los daños e indemnización de los perjuicios que en su caso proceda. La acción correspondiente prescribirá a los tres años.

Disposición

Los padres no podrán renunciar a los derechos de que los hijos sean titulares, ni enajenar o gravar bienes inmuebles establecimientos industriales o mercantiles, o sus elementos’ esenciales, u objetos de valor extraordinario, sin la previa autorización judicial, oído el Ministerio Fiscal. No será necesaria esta autorización para la cancelación de hipoteca u otra garantía real consecuente al cobro del crédito asegurado, para la retroventa por ejercicio de un derecho de retracto legal o voluntario, ni para cualesquiera actos de disposición que hayan de cumplirse obligatoriamente.

Los padres podrán aceptar por sí mismos cualesquiera disposiciones a título lucrativo a favor de los hijos, sin necesidad de autorización judicial; ésta será necesaria, sin embargo, para la repudiación de aquéllas.

Si el menor hubiera cumplido dieciséis años y consintiere en documento público, no será precisa la autorización judicial a que se refieren los dos párrafos anteriores.

LEY 66. Extinción de la patria potestad Nota de Vigencia.

La potestad sobre los hijos se extingue:

1. Por la muerte o la declaración de fallecimiento del hijo o de ambos padres.

2. Por la emancipación.

3. Por la adopción del hijo.

Renacimiento.

Renacerá automáticamente la patria potestad sobre el hijo declarado fallecido si éste reaparece antes de su mayoría de edad. También la recuperará el progenitor declarado fallecido cuando reaparezca durante la menor edad del hijo.

Capacidad del menor emancipado.

El menor emancipado puede realizar por si toda clase de actos y contratos, incluso comparecer en juicio, excepto tomar dinero a préstamo, enajenar o gravar bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales, o sus elementos esenciales, u objetos de valor extraordinario; para estos actos, al igual que para la comparecencia en juicio que verse sobre los mismos o tenga por objeto bienes de las clases indicadas, requerir “a la asistencia de uno cualquiera de sus padres o, en su caso, de los Parientes Mayores o del curador.

El mayor de dieciséis años que con el consentimiento de sus padres viva independiente de ellos se considerará para todos los efectos como emancipado. Los padres podrán con justa causa revocar este consentimiento.

Privación de la patria potestad.

El padre o la madre podrán ser privados total o parcialmente de su potestad por sentencia firme. Los Tribunales podrán, en beneficio e interés del hijo, acordar la recuperación de la patria potestad cuando hubiese cesado la causa que motivó la privación.

LEY 67. Patria potestad prorrogada Nota de Vigencia.

La patria potestad sobre los hijos menores que hubiesen sido incapacitados quedará prorrogada por ministerio de la Ley al llegar aquéllos a su mayoría de. edad.

Rehabilitación.

La patria potestad se rehabilitará, también por ministerio de la Ley, sobre los hijos solteros mayores de edad o emancipados, si fueren incapacitados en vida de alguno de sus padres. En la resolución de incapacitación se fijará el contenido y límite de la patria potestad.

Además de las causas enumeradas en la Ley 66, la patria potestad prorrogada se extinguirá por haberse decretado la cesación de la incapacitación y por contraer matrimonio el incapacitado.

LEY 68. Clases de filiación Nota de Vigencia.

La filiación puede tener lugar por naturaleza y por adopción; aquélla puede ser matrimonial y no matrimonial.

La filiación matrimonial y la no matrimonial surten los mismos efectos conforme a lo dispuesto en las Leyes de esta Compilación.

Se consideran hijos matrimoniales:

1. Los nacidos después de los ciento ochenta días siguientes al de la celebración del matrimonio y antes de los trescientos días siguientes a su disolución o a la separación efectiva de los cónyuges.

2. Los nacidos dentro de los ciento ochenta días siguientes al de la celebración del matrimonio, si el marido no desconociera su paternidad mediante declaración formalizada en documento auténtico dentro de los seis meses siguientes al conocimiento del parto. No podrá desconocer eficazmente su paternidad quien la hubiere reconocido con anterioridad, expresa o tácitamente.

3. Los nacidos después de los trescientos días siguientes a la disolución del matrimonio o separación efectiva de los cónyuges, si se prueba su gestación más prolongada, la reunión de los cónyuges separados o la conformidad de éstos en la inscripción del hijo como matrimonial.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación del Registro 69 Civil, la filiación no matrimonial se determina para cada uno de los progenitores por su reconocimiento o por sentencia firme.

El hijo nacido antes del matrimonio de sus progenitores se considerará matrimonial desde que lo contrajeren, siempre que su filiación respecto del padre y de la madre quede legalmente determinada.

No será eficaz la determinación de una filiación en tanto no sea invalidada otra contradictoria anteriormente establecida.

LEY 69 . Reconocimiento Nota de Vigencia.

El reconocimiento deberá hacerse por declaración ante el encargado del Registro Civil o en testamento u otro documento público.

Los progenitores pueden otorgar el reconocimiento conjunta o separadamente. Si lo hicieran por separado, no podrán manifestar en él la identidad del otro progenitor a no ser que ya estuviese determinada.

Sujetos

Puede reconocer toda persona púber; si es menor de edad o incapacitado, se requerirá aprobación judicial con audiencia del Ministerio Fiscal.

El reconocimiento de un hijo mayor de edad requerirá su consentimiento expreso o tácito; el de menor de edad o incapacitado no está sujeto a requisito alguno supletorio de su consentimiento, pero podrá ser impugnado por su representante legal o por él mismo al alcanzar o recuperar la plena capacidad, en la forma y términos que se establecen en la Ley 70.

LEY 70. Acciones de filiación: Disposiciones generales Nota de Vigencia.

La paternidad y maternidad podrán ser reclamadas e impugnadas mediante toda clase de pruebas, con arreglo a las disposiciones de esta Compilación. El Juez no admitirá la demanda si con ella no se presenta un principio de Prueba de los hechos en que se funde.

No podrá reclamarse una filiación contradictoria con la determinada legalmente sin que al propio tiempo se impugne esta. Sin embargo, no será impugnable la filiación determinada por sentencia firme.

Durante el procedimiento, el Juez adoptará todas las medidas que estime oportunas para la protección de la persona y bienes del menor o incapacitado cuya filiación sea objeto de demanda.

Las acciones que correspondan al menor de edad o incapacitado podrán ser ejercitadas indistintamente por su representante legal o por el Ministerio Fiscal.

A la muerte del demandante, sus herederos podrán continuar el ejercicio de las acciones ya entabladas.

Impugnación:

a) De la maternidad

La maternidad que conste en la inscripción de nacimiento será impugnable en vía civil probando la suposición de parto o la no identidad del supuesto hijo con el nacido. Si coincide con la posesión de estado, no podrá ser directamente impugnada más que por el hijo y por la mujer que no hubiere participado consciente y voluntariamente en los hechos de que deriva la falsa inscripción de su maternidad o de la filiación determinada por ella. Si falta la posesión de estado coincidente, podrán también impugnarla quienes tengan interés lícito y directo.

b) De la paternidad del marido

La paternidad del marido de la madre podrá ser impugnada o por este hasta transcurrido un año desde la inscripci5n de la filiación en el Registro Civil; pero este plazo no correrá mientras ignore el nacimiento. Si el marido falleciere ignorándolo o sin que se haya practicado dicha inscripción, sus herederos podrán promover la impugnación en el mismo término. La paternidad será también impugnable por el hijo durante el año siguiente a haber alcanzado o recuperado la plena capacidad o a la inscripción de su nacimiento, si fuera posterior.

c) Del reconocimiento

El reconocimiento realizado con vicio del consentimiento podrá ser impugnado por su otorgante dentro del año siguiente a su cesación; el de menor edad o incapacitado podrá serlo, mediante justa causa, por su representante legal y discrecionalmente por el reconocido, al alcanzar la mayoría de edad o recuperar la capacidad, en el plazo de cuatro años, a contar desde que pueda ser ejercitada en cada caso. El reconocimiento de filiación no matrimonial será asimismo impugnable por aquellos a quienes perjudique dentro de los cuatro años siguientes a su inscripción.

LEY 71. Acción de declaración .

a) De la filiación matrimonial

El padre, la madre y el hijo pueden reclamar la filiación matrimonial de éste en cualquier tiempo. Si hubiese posesión de estado, pueden ejercitar la acción los terceros con interés lícito y directo.

b) De la no matrimonial

Los hijos no matrimoniales podrán ejercitar la acción conducente a la declaración de paternidad o maternidad en los casos siguientes:

1. Cuando la madre y el padre presuntos hubiesen convivido notoriamente durante el tiempo de la concepción.

2. Cuando haya posesión de estado de hijo respecto del demandado.

3. Cuando exista declaración del presunto progenitor.

4. Cuando haya pruebas biológicas de la relación paterno-filial.

5. Cuando respecto a la maternidad, haya pruebas del parto.

También podrá ser ejercitada la acción por los descendientes del hijo no matrimonial que hubiese fallecido durante su menor edad o en estado de incapacitación.

Legitimación

La acción para la declaración judicial de paternidad o maternidad, si el padre o la madre hubieren fallecido, podrá dirigirse contra sus herederos.

LEY 72 . Contenido y efectos de la paternidad Nota de Vigencia.

La paternidad y la maternidad, debidamente determinadas, atribuyen a los progenitores la patria potestad, conforme a las Leyes 63 a 67; al hijo, los apellidos, conforme a la legislación del Registro Civil, y a unos y otro, los derechos y deberes reconocidos en esta Compilación.

Cuando la paternidad o la maternidad haya sido determinada judicialmente contra la oposición del progenitor o en sentencia penal condenatoria de éste, no le corresponderá la patria potestad u otra función tuitiva sobre el hijo; ni derechos por ministerio de la Ley sobre su patrimonio o en su sucesión mortis causa. Y sólo por voluntad del hijo o de su representante legal se le atribuirán los apellidos de su progenitor.

El padre y la madre, aun cuando no sean titulares de la patria potestad o no les corresponda su ejercicio, están obligados a velar por sus hijos menores o incapacitados y prestarles alimentos.

El progenitor que, por decisión judicial, no tenga en compañía al hijo menor o incapacitado podrá comunicarse con este en las condiciones que apruebe o, en su caso, determine el Juez.

TÍTULO VI. DE LA ADOPCIÓN Y DEL PROHIJAMIENTO

LEY 73. Adopción Nota de Vigencia.

Pueden adoptar todas las personas capaces conforme a las leyes generales. Si la adopción se formaliza durante segundo o ulterior matrimonio, se aplicará a los hijos adoptivos lo dispuesto en esta Compilación respecto de los hijos de posteriores nupcias. Los que sean púberes conforme a la Ley 50 deberán dar su consentimiento para ser adoptados.

Los efectos de la adopción serán los pactados en la escritura en que se formalice y los establecidos en las leyes. Los derechos hereditarios del adoptado y del adoptante y los pactos sucesorios entre ambos se regirán exclusivamente por la voluntad privada y, en su defecto, por lo establecido en esta Compilación.

Los hijos adoptados con adopción plena tendrán los mismos derechos que los hijos de anterior matrimonio en el caso de que el adoptante contrajera nuevas nupcias.

Prohijamiento.

Las personas entregadas formalmente por establecimientos tutelares o benéficos y acogidas en prohijamiento, se equiparan a las adoptadas con adopción simple o menos plena, siempre que la relación se haya mantenido durante un plazo de diez años y que la persona que prohijó no tuviera al hacerlo hijos por naturaleza o adopción plena.

LEY 74. Régimen supletorio Nota de Vigencia.

En todo lo no previsto en la Ley anterior y en las demás de esta Compilación, se aplicará a la adopción y al prohijamiento lo establecido en el Código Civil o en las leyes especiales.

TÍTULO VIII. DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL RÉGIMEN DE BIENES EN LA FAMILIA

LEY 75. Unidad y continuidad de la casa.

En la interpretación de todos los pactos y disposiciones voluntarias, costumbres y leyes se observará el principio fundamental de la unidad de la casa y de sus explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales, así como el de su continuidad y conservación en la familia.

LEY 76. Actos jurídicos entre cónyuges Nota de Vigencia.

Los cónyuges podrán celebrar entre sí toda clase de estipulaciones, contratos y donaciones.

Revocación

Las donaciones otorgadas entre cónyuges o prometidos podrán ser revocadas por el cónyuge no culpable cuando el donatario incurra en causa de desheredación del artículo 855 del Código Civil o cuando le sea imputable alguna de las causas de separación o divorcio.

LEY 77. Derechos de los hijos de anterior matrimonio.

Los derechos que esta Compilación reconoce a los hijos o descendientes de anterior matrimonio quedarán a salvo de toda estipulación, disposición o renuncia hechas por los cónyuges de segundas o posteriores nupcias, entre sí o con terceros.

TÍTULO VIII. DE LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES

LEY 78. Tiempo Nota de Vigencia.

Las capitulaciones o contratos matrimoniales pueden otorgarse antes o después de celebradas las nupcias. Si se otorgasen durante el matrimonio, podrá darse a sus pactos efecto retroactivo a la fecha de celebración de éste, sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros.

Ineficacia

Las capitulaciones quedarán ineficaces si el matrimonio no llegara a celebrarse. La nulidad del matrimonio produce la ineficacia de aquéllas desde que la sentencia que la declara sea firme.

Capacidad

Los cónyuges o los prometidos con capacidad para contraer matrimonio pueden otorgar capitulaciones. Para las disposiciones que impliquen transmisión actual de bienes de un cónyuge o prometido menor de edad en favor del otro se estará a lo dispuesto en la Ley 66.

LEY 79. Forma Nota de Vigencia.

Son nulas las capitulaciones matrimoniales que no se otorguen en escritura pública. Siempre que contengan donaciones de terceros a favor de alguno de los cónyuges, o de estos entre si, los bienes objeto de la donación deberán ser descritos en la misma escritura o por rolde o inventario incorporado.

LEY 80. Contenido Nota de Vigencia.

Las capitulaciones matrimoniales podrán establecer libremente cualquier régimen de bienes de la familia y ordenar:

1. Las donaciones “propter nuptias”.

2. Los señalamientos y entregas de dotes y dotaciones.

3. Las renuncias de derechos.

4. Las donaciones esponsalicias, las arras y las donaciones entre cónyuges.

5. Los pactos sucesorios.

6. Las disposiciones sobre el usufructo de fidelidad.

7. Cualesquiera otras disposiciones por razón de matrimonio.

LEY 81. Modificación Nota de Vigencia.

Las capitulaciones matrimoniales podrán ser modificadas en cualquier tiempo, siempre que se observe la forma establecida en la Ley 79 y presten su consentimiento los cónyuges o prometidos y los demás otorgantes que vivan al tiempo de la modificación, en cuanto afecte a los bienes y derechos concedidos por estos últimos o recibidos por ellos.

Fallecido o incapacitado uno de los cónyuges, las capitulaciones no podrán ser modificadas. Incapacitado alguno de los que ordenaron la institución, donación, dote o dotaciones, 82 se suplirá o complementará su consentimiento con arreglo al ordenamiento jurídico.

Se exceptúan de lo prevenido en esta Ley las estipulaciones que por pacto expreso o por su naturaleza sean revocables.

Los pactos sucesorios recíprocos entre cónyuges podrán ser modificados o revocados por éstos sin necesidad del acuerdo de los demás otorgantes de los capítulos.

TÍTULO IX. DEL RÉGIMEN DE BIENES EN EL MATRIMONIO

CAPÍTULO I. De la sociedad conyugal de conquistas

LEY 82. Régimen legal supletorio Nota de Vigencia.

En defecto de otro régimen establecido en capitulaciones matrimoniales, se observará el de conquistas, que se regirá por las disposiciones de esta Compilación en lo que no hubiere sido especialmente pactado.

Bienes de conquista.

En el régimen de conquistas se hacen comunes de los cónyuges:

1. Los bienes incluidos en las conquistas en virtud de pactos o disposiciones.

2. Los bienes adquiridos a título oneroso con cargo a bienes de conquista durante el matrimonio por cualquiera de los cónyuges.

3. Los bienes adquiridos a título oneroso con cargo a bienes privativos y que los cónyuges convengan sean bienes de conquista, cualesquiera que fueran el precio o contraprestación y la naturaleza del derecho en cuya virtud fueran adquiridos.

4. Los bienes ganados durante el matrimonio por el trabajo u otra actividad de cualquiera de los cónyuges.

5. Los frutos y rendimientos de los bienes comunes y de los privativos.

6. Los derechos de arrendatario por contratos celebrados durante el matrimonio.

7. Los bienes adquiridos por derecho de retracto convencional o legal, opción, acceso a la propiedad, suscripción preferente u otro cualquier derecho de adquisición que pertenezca a la sociedad de conquistas.

8. Las accesiones o incrementos de los bienes de conquista.

9. Cualesquiera otros bienes que no sean privativos conforme a la Ley siguiente.

Presunción.

Se presumen de conquista todos aquellos bienes cuya pertenencia privativa no conste.

Lo establecido en los números 3 y 7 se entenderá sin perjuicio de los reembolsos que procedan.

LEY 83. Bienes privativos Nota de Vigencia.

Son bienes privativos de cada cónyuge:

1. Los excluidos de las conquistas en virtud de pactos 0 disposiciones.

2. Los que a un cónyuge provengan de titulo oneroso anterior al matrimonio, aunque durante éste tenga lugar la adquisición o aun cuando el precio o contraprestación fuere satisfecho, total o parcialmente, con fondos del otro cónyuge o de la sociedad de conquistas.

Si se tratara de la vivienda o ajuar familiares, el bien adquirido corresponderá pro indiviso a la sociedad de conquistas y al cónyuge o cónyuges en proporción al valor de las aportaciones respectivas.

3. Los adquiridos a título lucrativo antes del matrimonio o durante éste.

4. Los adquiridos por compra, permuta, dación en pago, venta, transacción y por otra subrogación cualquiera de bienes privativos.

5. Los adquiridos con cargo a bienes de conquista si en el título adquisitivo ambos cónyuges hacen constar la atribución privativa a uno de ellos.

6. Los adquiridos por derecho de retracto convencional o legal, opción, acceso a la propiedad, suscripción preferente u otro cualquier derecho de adquisición perteneciente a uno de los cónyuges.

7. Las accesiones o incrementos de los bienes privativos.

8. Los edificios construidos, las nuevas plantaciones y otras cualesquiera mejoras en bienes privativos de uno de los cónyuges.

9. El resarcimiento de daños y la indemnización de perjuicios causados a la persona de un cónyuge o en sus bienes privativos.

10. Los bienes y derechos patrimoniales inherentes a la persona y los no transmisibles inter vivos.

Lo establecido en los números 2, 6, 7 y 8 se entenderá sin perjuicio de los reembolsos que en cada caso procedan.

LEY 84 . Cargas y responsabilidad Nota de Vigencia.

1. Son de cargo y responsabilidad de la sociedad de conquistas los gastos y obligaciones siguientes:

1) El sostenimiento de la familia, la alimentación y educación de los hijos comunes, así como de los hijos de anterior matrimonio de uno de los cónyuges si éste no hubiere hecho la partición y entrega de bienes a que se refiere la Ley 105.

2) Los gastos ordinarios y extraordinarios de la administración de los bienes comunes.

3) Los gastos ordinarios de la administración de los bienes privativos de los cónyuges.

4) Los gastos de la explotación regular de los negocios o los ocasionados por el ejercicio de la profesión, arte u oficio de cada cónyuge.

5) Los gastos necesarios causados en litigios que ambos cónyuges sostengan contra tercero, o por uno solo, si redundan en provecho de la familia.

6) Las obligaciones contraídas por uno cualquiera de los cónyuges conforme a la Ley 54.

7) Las obligaciones extracontractuales de los cónyuges derivadas de actuaciones realizadas en interés de la sociedad de conquistas o con beneficio para ella, en el ámbito de la administración de los bienes comunes.

2. Las obligaciones extracontractuales que se contraigan en relación con la administración de los bienes privativos o sean debidas a dolo o culpa grave del cónyuge deudor será de responsabilidad, pero no de cargo de la sociedad.

De las obligaciones que contraigan ambos cónyuges o uno de ellos con el consentimiento del otro responderá la sociedad de conquistas sin perjuicio de los reembolsos que, en su caso, procedan.

LEY 85. Cargas privativas Nota de Vigencia.

Son de cargo de cada cónyuge los gastos y obligaciones siguientes:

1. El sostenimiento, alimentación y educación de los hijos de anterior matrimonio de uno de los cónyuges cuando se hubiere hecho la partición y entrega de bienes, si Procediere, conforme a la Ley 105.

2. La alimentación y educación de los hijos no matrimoniales de uno cualquiera de los cónyuges.

3. Las obligaciones contraídas por uno solo de los cónyuges sin el consentimiento del otro cuando no sean de cargo de la sociedad de conquistas conforme a las Leyes 54 y 84.

4. Lo perdido y pagado en juego por cualquiera de los cónyuges, o lo perdido y no pagado en los juegos en que la ley concede acción para reclamar lo que se gane.

Cada cónyuge responderá de sus deudas propias con su patrimonio privativo, y si éste no fuere suficiente, el acreedor podrá pedir el embargo de bienes de conquista, que será inmediatamente notificado al otro cónyuge. Sí la ejecución se realizare sobre bienes comunes, se considerara que el cónyuge deudor tiene recibido a cuenta de su participación el valor de aquéllos al tiempo que los abone con caudal propio o al tiempo de liquidación de la sociedad conyugal. No obstante, el cónyuge no deudor podrá exigir, dentro de los nueve días siguientes a la notificación, que en el embargo los bienes comunes sean sustituidos por la parte que al cónyuge deudor corresponda en la sociedad de conquistas, en cuyo caso el embargo llevará consigo la disolución y liquidación de ésta, y se aplicará el régimen de separación de bienes en los términos previstos en la Ley 103.

LEY 86. Administración y disposición Nota de Vigencia.

La administración y disposición de bienes de conquista se regirá por lo pactado en capitulaciones matrimoniales o en escritura pública.

En defecto de pacto corresponderá a ambos cónyuges conjuntamente, sin perjuicio de lo establecido en los apartados siguientes:

1. Cuando uno de los cónyuges se hallare impedido para prestar su consentimiento sobre uno o varios actos de administración o disposición de bienes de conquista, o se negare injustificadamente a otorgarlo, resolverá el Juez.

2. Cualquiera de los cónyuges podrá realizar por sí Solo actos de administración sobre bienes o derechos de la sociedad de conquistas y actos de disposición de dinero o títulos valores de igual carácter, siempre que se encuentren en su poder o figuren a su nombre, así como ejercitar los derechos de crédito que aparezcan constituidos a su favor; todo ello sin perjuicio de los reembolsos a que hubiere lugar.

3. Si los dos cónyuges fueran menores, será necesaria la asistencia de sus padres o, en su caso, de los Parientes Mayores o del curador para la enajenación o gravamen de inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales, sus elementos esenciales u objetos de valor extraordinario comunes.

No será necesaria la asistencia a que se refiere el párrafo anterior si sólo uno de los cónyuges es menor, bastando en tal caso el consentimiento de ambos.

4. La administración y disposición se transferirán por ministerio de la Ley al cónyuge que sea tutor o representante legal de su consorte.

5. No podrá suplirse el consentimiento de ninguno de los cónyuges para actos de enajenación o gravamen a titulo lucrativo de bienes de conquista. Sin embargo, ambos cónyuges podrán por si solos hacer donaciones moderadas conforme a la posición de la familia y los usos sociales.

LEY 87. Disolución Nota de Vigencia.

Son causas de disolución de la sociedad conyugal de conquistas:

1. Las establecidas en capitulaciones matrimoniales.

2. El acuerdo de ambos cónyuges; pero si anteriormente hubieren otorgado capitulaciones, deberá observarse lo establecido en la Ley 8 1.

3. La disolución del matrimonio o el fallecimiento de uno de los cónyuges, salvo que, en este último caso, se hubiere pactado en capitulaciones matrimoniales la continuación de la sociedad.

4. La declaración de nulidad del matrimonio y toda resolución judicial que decrete la separación de los cónyuges.

5. La resolución judicial que la decrete, a petición de uno de los cónyuges, en cualquiera de los casos siguientes:

a) Si el otro cónyuge hubiere sido judicialmente incapacitado, declarado ausente o en quiebra o concurso de acreedores.

b) Si el otro cónyuge por sí solo realizare actos que entrañen fraude, daño o peligro para los derechos que en la sociedad de conquistas correspondan al que solicite la disolución.

c) Si llevaran los cónyuges separados de hecho más de un año por mutuo acuerdo o por abandono del hogar.

d) Si se hubiera decretado embargo sobre bienes de conquista, por obligaciones personales del otro cónyuge, conforme a lo previsto en el párrafo último de la Ley 85. En cualquiera de los supuestos comprendidos en este número, si hubiera pleito sobre la causa de disolución, iniciada su tramitación, el Juez dispondrá la práctica de inventario y adoptará las medidas necesarias para la administración del caudal de la sociedad de conquistas; asimismo, se requerirá autorización judicial para todo acto que exceda de la administración ordinaria.

LEY 88. Reintegro de lucros sin causa Nota de Vigencia.

En todo caso, aun sin disolver la sociedad de conquistas, deberán reintegrarse entre los patrimonios privativos y el de conquistas los lucros que se hubieren producido sin causa a favor de uno de ellos en detrimento del otro.

El importe de los reembolsos serán actualizado al momento en que sean hechos efectivos, tanto durante la sociedad conyugal como a la liquidación de ésta.

LEY 89 . Liquidación Nota de Vigencia.

Disuelta la sociedad se procederá a su liquidación, que comenzará por un inventario del activo y del pasivo. No será necesaria la formación de inventario cuando todos los interesados hubieran aceptado el que el cónyuge sobreviviente hubiese hecho para el usufructo vidual.

Activo

El activo comprenderá todos los bienes de conquista existentes en el momento de la disolución, así como los créditos de la sociedad frente a los cónyuges.

Pasivo

El pasivo comprenderá todas las obligaciones pendientes a cargo de la sociedad, incluso por créditos de los cónyuges contra aquélla.

Pago

Terminado el inventario se pagarán las deudas de la sociedad, incluidas las que ésta tenga con los cónyuges, conforme a lo dispuesto para la concurrencia y prelación de créditos.

Los acreedores de la sociedad tendrán en la liquidación de esta los mismos derechos que por Ley les corresponde en la liquidación y participación de la herencia.

Alimentos

De la masa común de bienes se prestarán alimentos a los cónyuges o, en su caso, al sobreviviente y a los hijos, mientras no se hiciere la entrega de los bienes que constituyan su haber.

Los alimentos prestados se deducirán de los frutos y rendimientos del haber, y de este mismo en lo que excedan.

LEY 90. División Nota de Vigencia.

El remanente líquido de los bienes de conquista se dividirá en la proporción pactada o, en su defecto, por mitad entre marido y mujer o sus respectivos herederos.

Derechos de aventajas

Por derecho de mejoría o aventajas, pertenecerán en propiedad al cónyuge sobreviviente, sin que le sean computadas en su parte en las conquistas, las ropas y efectos de uso personal, así como los demás objetos de ajuar de casa cuyo valor no fuere excesivo conforme a la posición de la familia ya los usos sociales. También podrá detraerse como aventajas los instrumentos de trabajo de un valor no desproporcionado al patrimonio común.

LEY 91. Adjudicación preferente Nota de Vigencia.

En la liquidación de la sociedad de conquistas cada cónyuge tendrá derecho a que le sean adjudicados en pago de su haber, hasta donde éste alcance, los siguientes bienes siempre que tuvieren la condición de comunes:

1. Los bienes privativos que se hubiesen incorporado en capitulaciones a la sociedad de conquistas por cualquiera de los cónyuges.

2. Los objetos de ajuar de casa y los instrumentos de trabajo que no le pertenecieren por derecho de aventajas conforme a la Ley 90.

3. La explotación agrícola, ganadera, forestal, comercial o industrial que tuviere a su cargo.

4. El local donde hubiere venido ejerciendo su profesión, arte u oficio.

5. En caso de muerte del otro cónyuge, la vivienda que fuere la residencia habitual del matrimonio.

En los casos de los números 1, 4 y 5, el cónyuge viudo podrá exigir que se le atribuyan los bienes en propiedad o sólo el derecho de uso o habitación sobre los mismos. Si el valor de la propiedad o del derecho, según los casos, excediere el haber del cónyuge adjudicatario, éste deberá abonar la diferencia en dinero. El cónyuge viudo de segundas o posteriores nupcias del finado no podrá exigir el uso o habitación respecto a los bienes adjudicados a los hijos o descendientes de anterior matrimonio del difunto.

CAPÍTULO II. De la sociedad familiar de conquistas

LEY 92. Presunción.

Si en las capitulaciones matrimoniales con donación de bienes o nombramiento de heredero se pacta la conveniencia de donantes o instituyentes y donatarios o instituidos, se presumirá que todos ellos participan en las conquistas que se obtengan, salvo que en la escritura hubiere pactos en contra o incompatibles con la existencia de tal sociedad familiar.

LEY 93. Régimen.

La sociedad familiar de conquistas se rige por lo pactado, por la costumbre y, en su defecto, por las disposiciones de este capítulo.

LEY 94. Bienes Nota de Vigencia.

Para la determinación de los bienes de conquista o privativos de cada una de las personas que componen esta sociedad, se estará a lo dispuesto para los cónyuges en las Leyes 82 y 83.

LEY 95. Cargas Nota de Vigencia.

En cuanto a las cargas de la sociedad familiar de conquistas, se aplicará respecto a todos los participes lo dispuesto en la Ley 84.

LEY 96. Administración.

Salvo pacto en contrario, la administración de los bienes de conquista corresponde a los donantes o instituyentes o a los que de ellos sobrevivan.

Enajenación y gravamen

La enajenación o gravamen de bienes conquistados inmuebles, establecimientos industriales o mercantiles o sus elementos esenciales, requiere el consentimiento de los partícipes.

LEY 97. Disolución Nota de Vigencia.

Son causas de disolución de la sociedad familiar de conquistas:

1. Las establecidas en capitulaciones matrimoniales.

2. El acuerdo de todos los partícipes con las formalidades prescritas en la Ley 81 para la modificación de las capitulaciones.

3. La declaración de nulidad del matrimonio en contemplación del cual se otorgaron los capítulos.

Sociedad continuada

4. El fallecimiento de uno de los cónyuges donatarios 0 instituidos, y las causas de separación previstas en la Ley 87 número 5, que afecten a los mismos, siempre que los donantes o instituyentes no continúen viviendo con uno solo de ellos. El hecho de existir o no convivencia, caso de ser discutido, será apreciado por los Parientes Mayores.

LEY 98. Fallecimiento de donantes.

Al fallecimiento de algunos de los donantes o instituyentes, la sociedad familiar continuará, salvo pacto en contrario, entre los restantes partícipes.

Fallecidos todos los donantes o instituyentes, la sociedad continuará entre los cónyuges, y se regirá por el capítulo primero de este título.

Lo dispuesto en esta Ley será sin perjuicio de la liquidación parcial que en su caso procediere.

LEY 99. División.

El remanente líquido de los bienes de conquista se dividirá en la proporción pactada y, en su defecto, por cabezas entre los partícipes en la sociedad.

LEY 100. Aplicación supletoria.

En lo no previsto por este capítulo se aplicará al régimen familiar de conquistas lo establecido en el anterior para la sociedad conyugal.

CAPÍTULO III. Del régimen de comunidad universal de bienes

LEY 101. Efectos.

Los cónyuges pueden pactar el régimen de comunidad universal de bienes en capitulaciones otorgadas antes o después del matrimonio.

En defecto de los pactos establecidos, se aplicarán las reglas siguientes:

1. Por este régimen se hace comunes a los cónyuges todos sus bienes presentes y futuros, sea cual fuere el título de adquisición, oneroso o lucrativo, inter vivos o mortis causa.

2. Serán de cuenta de la comunidad todas las cargas y obligaciones de ambos cónyuges o de cualquiera de ellos, así anteriores como posteriores al matrimonio.

3. Respecto a la administración y disposición de los bienes comunes, será aplicable lo que la Ley 86 previene para los bienes de conquista.

4. A la disolución del matrimonio, el remanente líquido de los bienes comunes se dividirá en la proporción convenida o, en defecto de pacto, por mitad entre marido y mujer o sus respectivos herederos.

5. En lo que no hubiese sido pactado o no se halle previsto en esta Ley, se aplicarán analógicamente las disposiciones establecidas en esta Compilación para el régimen de conquistas, en cuanto no fuere contradictorio o incompatible con el de comunidad universal de bienes.

LEY 102. Inscripción.

Los bienes de la comunidad conyugal se inscribirán en el Registro de la Propiedad conjuntamente a favor de ambos cónyuges. Si estuvieren inscritos a favor tan sólo de uno de éstos, podrá hacerse constar aquella circunstancia por medio de nota marginal, previa presentación de la escritura de capitulaciones.

CAPÍTULO IV. Del régimen de separación de bienes

LEY 103. Separación convencional Nota de Vigencia.

Los cónyuges pueden pactar el régimen de separación de bienes en capitulaciones otorgadas antes o después del matrimonio.

a) Concepto. Salvo pacto en contrarío, este régimen reconoce a cada cónyuge la propiedad de los bienes que tuviese en el momento inicial y los que por cualquier título adquiera posteriormente, así como el disfrute, administración y disposición por si solo de sus bienes propios, y le atribuye la responsabilidad exclusiva de las obligaciones por él contraídas; sin perjuicio, en caso de concurso o quiebra del cónyuge deudor, de las acciones por fraude de acreedores. Sin embargo, de las obligaciones contraídas por uno solo de los cónyuges para atender a las necesidades ordinarias de la familia conforme a las circunstancias de ésta y al uso del lugar, si fuere insuficiente el patrimonio del cónyuge deudor, responderán subsidiariamente los bienes del otro, sin perjuicio del reembolso que procediere.

b) Sostenimiento de cargas familiares. Respecto al sostenimiento y atenciones de la familia, se estará a lo pactado en las capitulaciones; en su defecto, cada cónyuge puede exigir del otro que contribuya en proporción a sus ingresos Y, Si no los tuviere o fueran insuficientes, a sus bienes. Este derecho es personalísimo e intransmisible, pero los herederos podrán continuar el ejercicio de la acción si el causante hubiere interpuesto la demanda.

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, deberá 105 computarse el trabajo en el hogar familiar de cualquiera de los cónyuges.

c) Copropiedad. Se presumirá que pertenecen a los dos cónyuges por mitad y pro indiviso los bienes y derechos cuya pertenencia privativa no conste.

LEY 104. Separación judicial Nota de Vigencia.

Podrá decretarse judicialmente la separación por las causas establecidas en la Ley 87, número 5, cualquiera que sea el régimen de bienes del matrimonio. En estos casos, la separación de bienes de los cónyuges no obstará a la continuación de la sociedad familiar de conquistas prevista en la Ley 97, número 4.

La liquidación se practicará de conformidad con las reglas de esta Compilación según el régimen de que se trate.

TÍTULO X. DEL RÉGIMEN DE BIENES EN SEGUNDAS O POSTERIORES NUPCIAS

LEY 105 . Liquidación de sociedad de anteriores nupcias Nota de Vigencia.

El padre o madre que contrajere segundas o ulteriores nupcias deberá practicar, conjuntamente con sus hijos o descendientes de matrimonio anterior, la liquidación de la sociedad conyugal disuelta y hacerles formal y efectiva entrega de los bienes que les correspondan.

Los hijos menores no emancipados serán representados por el defensor judicial.

LEY 106. Participación de los hijos en las conquistas.

Si antes de celebrar nuevas nupcias, el padre o madre no hubiere cumplido la obligación que le impone la Ley precedente, los hijos o descendientes de anterior matrimonio podrán exigir la liquidación; en tanto ésta no se practique, participaron en un tercio de las conquistas obtenidas durante el nuevo matrimonio, pero no les afectarán las pérdidas si las hubiere. Lo dispuesto en esta Ley se observará sea cual fuere el régimen de bienes del nuevo matrimonio.

LEY 107. Excepción Nota de Vigencia.

No será aplicable lo dispuesto en las Leyes anteriores en los casos siguientes:

1. Si al fallecimiento de un cónyuge, el sobreviviente fuese único y universal heredero de aquél.

2. Si al tiempo de disolución de la sociedad conyugal no existieren bienes apreciables en base a los cuales se haya obtenido alguna ganancia durante el matrimonio posterior. La inexistencia de bienes se hará constar por el cónyuge bínubo en acta notarial o en acto de conciliación con notificación o citación de los interesados o de sus legítimos representantes.

LEY 108. Cesación de la participación.

Efectuada la liquidación con formal y efectiva entrega de los bienes que correspondan a los hijos o descendientes de anterior matrimonio, cesará la participación de éstos en las conquistas que en lo sucesivo obtuvieren los nuevos cónyuges

LEY 109. Liquidación de sociedades de conquistas habiendo descendientes de varios matrimonios anteriores Nota de Vigencia.

Si en la sociedad conyugal de conquistas estuvieren interesados hijos o descendientes de varios matrimonios anteriores, se procederá por separado y sucesivamente a la liquidación de cada una de las sociedades de conquistas.

Los haberes de los hijos o descendientes de cada matrimonio se integrarán:

1. Por los bienes que al tiempo de celebrarse las siguientes nupcias debieran haberles sido entregados conforme a la Ley 105.

2. Por su respectiva participación en las conquistas del siguiente o posteriores matrimonios conforme a la Ley 106.

Para el cobro de los haberes determinados en el número 1, tendrán preferencia los hijos o descendientes del matrimonio más antiguo.

Respecto a los del número 2, concurrirán sin preferencia todos los hijos o descendientes de matrimonios anteriores.

LEY 110. Distribución.

Concurriendo hijos o descendientes de varios matrimonios anteriores, tanto de uno solo de los cónyuges como de ambos, la tercera parte de las conquistas se distribuir a por cabezas entre aquellos hijos, con derecho de representación en favor de los descendientes del hijo premuerto.

LEY 111. Sociedad familiar de conquistas.

Lo dispuesto en las leyes anteriores será aplicable a la sociedad familiar de conquistas regulada en el capítulo 11 del título LX.

TÍTULO XI. DE LAS DONACIONES “PROPTER NUPTIAS”

LEY 112. Contenido.

Las donaciones “propter nuptias” hechas a favor de uno o de ambos cónyuges pueden consistir en la transmisión de todos los bienes presentes y futuros, de sólo los presentes o de alguno de éstos, o de los que quedaren a la muerte del donante; en pleno dominio o con reserva del usufructo; a libre disposición o con limitaciones; con cláusulas de revocación o reversión; con llamamientos sucesorios y fideicomisos; con señalamientos de dotaciones, alimentos o derechos a vivir en la casa los hijos u otras personas; o con otras cualesquiera condiciones lícitas.

Asimismo las donaciones “propter nuptias” pueden contener pactos sobre constitución, dirección y administración, modificación y disolución de la sociedad familiar de convivencia de donantes y donatarios y ruptura de esta convivencia, pactos y estipulaciones sobre usufructo y disposición de bienes, participación en las conquistas y, en general, otros cualesquiera pactos lícitos.

LEY 113. Tiempo y forma.

Las donaciones “propter nuptias” pueden hacerse antes o después de celebrado el matrimonio, y deberán otorgarse en capitulaciones matrimoniales o fuera de ellas en escritura pública; en todo caso, con descripción de los bienes en la misma escritura o por rolde o inventario incorporado.

LEY 114. Aceptación.

Las donaciones “propter nuptias” requieren la aceptación del donatario, en la misma escritura o en otra separada.

La aceptación podrá hacerse en vida del donante o después de su fallecimiento.

El donante o sus herederos podrán revocar la donación de cuya aceptación no tengan conocimiento, a no ser que el requerimiento que hicieren por acta notarial al donatario fuera seguido de la aceptación por éste.

LEY 115. Régimen.

En las donaciones “propter nuptias” se aplicarán las reglas siguientes:

1. El donatario universal sucede como heredero; pero no responderá de las deudas que los donantes contrajeren con posterioridad a la donación, salvo si fueren en beneficio de la casa.

2. En la donación universal de bienes presentes y futuros se presumirá, salvo pacto en contrario, que el donatario adquiere los futuros sólo a la muerte del donante.

3. Cuando en la donación universal los donantes se reservaren a libre disposición bienes o cantidades, se presumirá:

a) que la libre disposición será tanto inter vivos como mortis causa;

b) que la reserva se hace a favor de los donantes conjuntamente, e íntegramente para el sobreviviente;

c) que, fallecidos todos los donantes, los bienes reservados de que no hubiesen dispuesto pertenecerán al donatario como comprendidos en la donación;

d) que de las deudas que los donantes ocultaren al hacer la donación responderán preferentemente los bienes que ellos se hubiesen reservado.

4. El que hiciere donación de lo que quedare a su muerte, solo podrá disponer de sus bienes por actos ínter vivos a título oneroso.

5. Si los donantes se reservasen el usufructo y la administración, se presumirá, salvo disposición en contrario, que la reserva se hace conjuntamente para ambos e íntegramente para el sobreviviente.

6. A falta de otra disposición, el donatario deberá ordenar y costear el entierro, funerales y sufragios por los donantes conforme al uso del lugar y según corresponda a la casa.

7. Si la donación se hiciere con la carga de vivir el donatario en la casa, el abandono de ésta permitirá a los donantes o al que de ellos sobreviva revocar la donación. La escritura de revocación podrá otorgarse previa justificación del abandono por acta notarial de notoriedad o información “ad Perpetuam memoriam”. Fallecidos los donantes, si existieren personas con derecho de acogimiento a la casa, se estará a lo dispuesto en las Leyes 131 y 132.

8. En las reversiones y sustituciones fideicomisarias a favor de personas futuras, se estará a lo dispuesto en la Ley 224.

9. Los llamamientos para suceder en favor de cualquier persona se considerarán como donación sólo cuando así se hubiere hecho constar expresamente. En los demás casos no tendrán más valor que el de simples llamamientos sucesorios, por lo que no implicarán prohibición de disponer de los bienes a título oneroso, y los llamados sucederán únicamente en los bienes que quedaren al fallecimiento del donatario.

10. Si el donante no se hubiere reservado bienes suficientes para atender las dotes o dotaciones a que viniere obligado, se entenderá que éstas quedan a cargo del donatario, aunque no se hubiera consignado expresamente. El donatario no podrá ser relevado de esta obligación por el donante, salvo renuncia del beneficiario.

11. Cuando nada se hubiere pactado sobre administración y dirección de los bienes donados, se entenderá que corresponden a los donantes o al sobreviviente, siempre que estos se hubieren reservado el usufructo.

12. Cuando convivieren en la casa donantes y donatarios, los que tengan el disfrute de los bienes deberán alimentos a los otros, conforme al haber y poder de la casa y según el uso del lugar.

13. Si se hubieren pactado la convivencia entre donatarios y donantes, reservándose éstos el usufructo de los bienes donados, ninguno de ellos sin consentimiento de los otros podrá enajenar la nuda propiedad ni ceder el disfrute ni gravar sus respectivos derechos.

LEY 116. Disposición Nota de Vigencia.

Si no se hubiere ordenado otra cosa en el título, el donatario, los hijos del matrimonio en cuya contemplación se hubiere realizado la donación o los descendientes que sucesivamente hubiesen heredado los bienes donados podrán disponer de los mismos, en todo caso, a título oneroso; a título lucrativo podrá disponer el donatario o sus dichos descendientes con capacidad de testar, así como éstos aunque carezcan de descendencia.

Reversión

Los bienes donados, de los que el donatario o sus dichos descendientes no hubiesen dispuesto válidamente según el párrafo anterior, al fallecimiento del último revertirán al donante. Si se trataré de bienes de conquista de los cónyuges donantes, la reversión se dará en favor de ambos por mitad.

Si hubiere fallecido el donante, los bienes donados revertirán a favor de los más próximos parientes que serían sus herederos legales en el momento de la reversión.

Salvo que hubiere pacto de exclusión del usufructo, la reversión será siempre sin perjuicio del usufructo de fidelidad a favor del cónyuge viudo del donatario o del que correspondiese al cónyuge del donante premuerto, con preferencia a favor de este último si concurrieren ambos usufructos.

Lo dispuesto en esta Ley se entenderá siempre que otra cosa no se hubiere establecido en el título de la donación, y no tendrá lugar la reversión cuando este derecho hubiere sido renunciado por el donante o no hubiere parientes llamados a sucederle por el orden legal.

LEY 117. Ineficacia.

Las donaciones “propter nuptias” quedarán ineficaces si el matrimonio no llegara a celebrarse o desde que fuera declarado nulo.

LEY 118. Revocación.

Las donaciones “propter nuptias” sólo podrán revocarse:

1. Por las causas pactadas.

2. Por incumplimiento de cargas impuestas a donatario que sean esenciales; en cuanto a las otras, el donante podrá exigir su cumplimiento. Fallecido el donante, se estará a lo dispuesto en el párrafo primero de la Ley 162.

La facultad de revocación es intransmisible, pero si los donantes fallecieren habiendo interpuesto la demanda, podrán continuar el ejercicio de la acción las personas que resultaban llamadas a los bienes, caso de prosperar la revocación.

Cuando la donación se hubiere hecho conjuntamente por varios donantes, la revocación deberá hacerse respecto a la totalidad de los bienes y por todos los donantes o sobrevivientes.

TÍTULO XII. DE LA DOTE Y DE LAS ARRAS

CAPÍTULO I. De la dote

LEY 119. Concepto.

Constituyen dote los bienes que en tal concepto la mujer, aporta formalmente al matrimonio, antes o después de su celebración.

LEY 120. Régimen de la dote Nota de Vigencia.

La dote se regirá por lo establecido o pactado y, en su defecto, por las reglas siguientes:

1. El marido adquirirá la propiedad de la dote cuando ésta consista en dinero o cosas consumibles. Respecto a los otros bienes, la valoración por si sola no causara la adquisición de propiedad por el marido.

2. La administración de los bienes dotales corresponderá al marido.

3. El marido podrá disponer por sí solo de la dote, cuya propiedad, haya adquirido, siempre que ésta consista en dinero o se hubiere asegurado la restitución de los bienes dotales o el marido hubiere sido relevado de la obligación de asegurar. En otro caso, sólo podrá disponer con el consentimiento de su mujer.

4. La mujer, con el consentimiento de su marido, podrá disponer de los bienes dotales cuya propiedad conserve.

LEY 121. Garantía Nota de Vigencia.

El marido deberá asegurar la restitución de la dote conforme a lo establecido en la legislación hipotecaria.

Siempre que el todo o una parte de los bienes que constituyan la dote estimada consista en efectos públicos o títulos valores, y mientras su importe no se halle garantizado por la hipoteca que el marido está obligado a prestar, los títulos o documentos que los representan se depositarán a nombre de la mujer, con conocimiento del marido, en un establecimiento público de los destinados al efecto.

LEY 122. Restitución Nota de Vigencia.

En los supuestos de nulidad, separación o disolución del matrimonio, la dote se restituirá a la mujer o a sus herederos, sin perjuicio de lo que, en su caso, dispusieren los Tribunales. Fallecida la mujer quedará a salvo el derecho de usufructo de fidelidad que pudiera corresponder al marido conforme a las disposiciones de esta Compilación.

Los frutos o rentas de la dote pendientes se liquidarán conforme a lo establecido en la Ley 420 para la extinción del usufructo.

LEY 123. Reversión.

Será aplicable a la dote el derecho de reversión establecido en la Ley 116.

LEY 124. Hijas de anterior matrimonio Nota de Vigencia.

Dotada una de las hijas de matrimonio anterior, el padre o madre bínubo no podrá dotar en más a las hijas de matrimonio posterior, y dotada una de éstas no podrá dotar en menos a las del anterior.

Lo dispuesto en esta ley se tendrá en cuenta para el cómputo de liberalidades en favor de las hijas del segundo 0 posterior matrimonio, a los efectos de lo establecido en la Ley 272.

CAPÍTULO II. De las arras

LEY 125. Concepto.

Son arras la donación que el esposo hace a la esposa, antes o después del matrimonio, en contraprestación a la dote.

Límite

Las arras no pueden exceder de la octava parte de la dote. La esposa no adquirirá la propiedad de las arras que excedan de la octava parte de la dote efectivamente entregada.

Administración

Salvo pacto en contrario, la administración de las arras no corresponde al marido.

Crédito preferente

Las arras no responderán de las deudas del marido; la mujer tendrá crédito preferente en caso de concurso, quiebra o ejecución de bienes.

LEY 126. Disposición Nota de Vigencia.

a) Ínter vivos. Por actos ínter vivos la mujer puede disponer de las arras conforme a. lo que para la dote se establece en la Ley 120, número 4.

b) Mortis causa. Son válidos los actos de disposición mortis causa sobre las arras otorgados por la mujer, aunque ésta falleciere sin hijos y sobreviviere al marido.

LEY 127. Pérdida Nota de Vigencia.

En caso de nulidad del matrimonio, divorcio o separación de los cónyuges, la mujer perderá el derecho a las arras, salvo que los Tribunales, en atención a las circunstancias del caso, resolvieren lo contrario. En caso de pérdida, los descendientes del matrimonio adquirirán la propiedad de las arras; si no hubiere descendencia revertirán al marido.

TÍTULO XIII. DE LA DISOLUCIÓN DE LAS COMUNIDADES FAMILIARES

LEY 128. Comunidades formalmente constituidas.

La disolución de las comunidades familiares formalmente constituidas se regirá por las reglas establecidas en el título de su constitución y, en su defecto, por las siguientes:

1. Se considerará justa causa de disolución de la comunidad toda discordia grave que no pueda dirimirse por la intervención de los Parientes Mayores a quienes corresponderá calificarla, previo requerimiento notarial de parte interesada.

2. Los Parientes Mayores decidirán sobre la separación de personas y procurarán que los “amos viejos” de la casa permanezcan en ella. En cuanto a los bienes, se atendrán al uso del lugar, manteniendo en lo posible la unidad de la casa y adjudicando a los miembros de la comunidad disuelta bienes y derechos proporcionados al tiempo que hubieren trabajado en la casa, al haber y poder de ésta, al número de personas que tuvieran a su cargo y demás circunstancias. Cuando se adjudicaré una pensión, los Parientes Mayores decidirán si procede el aseguramiento de esta mediante cláusula de estabilización u otra garantía.

LEY 129. Comunidades de hecho.

Cuando se hubiera mantenido una situación permanente de convivencia y colaboración entre personas y familias sin haberse establecido las reglas a que hubiera se sujetarse, se aplicarán las siguientes:

1. En todo momento, cualquiera de los miembros de esta comunidad podrá poner fin a la misma libremente.

2. Los beneficios y mejoras por el trabajo en común que subsistan en el momento de la disolución se adjudicarán a los miembros de la comunidad, según el uso del lugar y teniendo en cuenta las aportaciones en bienes o trabajo, los beneficios ya percibidos por cada uno, las causas de la disolución y demás circunstancias.

3. A los efectos de las reglas anteriores no se considerarán miembros de la comunidad los hijos solteros que convivan con sus padres.

LEY 130. Prestación de alimentos.

Exista o no convivencia, si los hijos hubieren prestado alimentos a sus padres, o les hubiesen atendido en sus necesidades personales, no podrán aquéllos reclamar nada de los padres ni de los herederos de éstos.

TÍTULO XIV. DEL ACOGIMIENTO A LA CASA Y DE LAS DOTACIONES

LEY 131. Acogimiento.

Cuando en capitulaciones matrimoniales, testamento u otras disposiciones se establezca en favor de alguna persona derechos de vivir en la casa, de ser alimentada y atendida, tanto en salud como en enfermedad u otros similares, Pon 0 sin obligación de trabajar para la casa, se estará a la disposición que los conceda y a la costumbre del lugar.

LEY 132. Cuestiones y su resolución.

Todas las cuestiones que se susciten sobre interpretación, cumplimiento o incumplimiento de los derechos mencionados en la Ley anterior se someterán a la decisión de los Parientes Mayores, quienes:

1. En caso de discordia entre el obligado y beneficiarios de los derechos, a requerimiento de cualquiera de las partes, examinarán los motivos de la discordia, determinarán y calificarán, en su caso, el incumplimiento del obligado, del beneficiario o de ambos, y la situación de ruptura de la convivencia por peligro notorio o grave violencia moral.

2. Decidirán sobre la necesidad o conveniencia de la enajenación o gravamen de la casa, vivienda y, en su caso, de la hacienda familiar o de parte de ella, así como sobre el estado o situación del obligado o del beneficiario, o de ambos, que impidan o dificulten el cumplimiento de las obligaciones, su condicionamiento, pendencia o realización.

En todas estas cuestiones, los Parientes Mayores efectuarán las valoraciones de los derechos, pudiendo asegurarlos, liquidarlos, sustituyéndolos por un capital o pensión y, caso de apreciar incumplimiento por parte del beneficiario, declararlos extinguidos.

LEY 133. a) Dotaciones.

Concepto y régimen. Las cantidades, bienes o derechos asignados libremente en capitulaciones matrimoniales, testamento u otras disposiciones, a persona distinta del instituido heredero, donatario o legatario de la casa, tendrán carácter de dotaciones y se regirán por el título en que se hubiesen establecido.

LEY 134. b) cuantía.

Si se establecieren dotaciones a cargo del heredero donatario o legatario de la casa, sin haberse determinado su cuantía o el modo de fijarla, se determinará ésta:

1. Por los instituyentes, o el que de ellos sobreviva, de mutuo acuerdo con el obligado.

2. En defecto de aquéllos, por el obligado y el beneficiario de la dotación, según el uso del lugar y el haber y poder de la casa.

3. En cualquiera de los supuestos anteriores, y a falta de acuerdo entre las personas indicadas, fijarán la cuantía los Parientes Mayores, así como el plazo y la forma de la entrega y las garantías que estimen precisas.

LEY 135

Límite. Es aplicable a las dotaciones en favor de hijos o hijas la limitación establecida en la Ley 124.

Reversión. A las dotaciones hechas por razón de matrimonio se aplicará el derecho de reversión establecido en la Ley 116.

LEY 136

El derecho a la dotación no será transmisible cuando el beneficiario de la misma no la hubiere exigido y hubiese permanecido hasta su fallecimiento en la casa. En este caso, el heredero o donatario estará obligado a costear el entierro, funerales y sufragios, según el uso del lugar y el haber y poder de la casa.

TÍTULO XV. DE LOS PARIENTES MAYORES

LEY 137. Reglas aplicables.

Siempre que por disposición de voluntad, costumbre local o Ley, se someta determinada cuestión familiar a la intervención de los Parientes Mayores, será aplicable lo establecido en aquéllas y, en su defecto, las reglas contenidas en el presenté título.

LEY 138. Parientes llamados Nota de Vigencia.

Se entenderán llamados los dos más próximos parientes mayores de edad y residentes en Navarra, determinados con forme a las reglas siguientes:

1. Serán elegidos uno de la línea paterna y otro de la materna; si las personas entre quienes se suscite cuestión tuvieran distintos parientes, será elegido uno por cada parte.

2. En todo caso, serán preferidos los parientes más próximos en grado; en igualdad de grado, los de vínculo doble sobre los de vínculo sencillo, y en las mismas condiciones, los de más edad.

LEY 139. Adoptados.

Si se trataré de personas adoptadas con adopción plena los parientes llamados serán siempre los del adoptante o adoptantes.

LEY 140. Suplencia.

Si, por no existir personas que reúnan las condiciones legales, no pudieran designarse parientes de una línea o de una parte, se procederá de la forma siguiente:

1. La falta de pariente de línea paterna o materna se suplirá con pariente de la otra línea.

2. La falta de pariente de una de las partes se suplirá con la persona, sea o no pariente, que el interesado designare.

LEY 141. Carácter personalísimo. Delegación.

La función de Pariente Mayor es personalísima. No obstante, podrá delegarse en otra persona la simple ejecución o formalización del acuerdo de los Parientes Mayores, siempre que en el correspondiente instrumento de poder conste esencialmente el contenido de su voluntad.

LEY 142. Competencia Nota de Vigencia.

Son de competencia de los Parientes Mayores las cuestiones atribuidas por las Leyes de esta Compilación y cualesquiera otras de orden familiar de naturaleza análoga que se les encomienden por disposición voluntaria o costumbre local.

LEY 143. Renuncia y recusación.

Los Parientes Mayores no podrán renunciar a su función ni negar su intervención sin causa que impida o gravemente dificulte su gestión; y no podrán ser recusados sino por interés personal directo o por enemistad manifiesta.

Las causas de excusa y las de recusación serán apreciadas por el otro Pariente Mayor y el llamado a la sustitución.

Será sustituto el pariente que siga al sustituido en orden de prelación.

LEY 144. Acuerdo.

Los Parientes Mayores, una vez requeridos al efecto, habrán de dictar su acuerdo en el plazo más breve posible, según la naturaleza de la cuestión. Cuando se trate de la elección de heredero entre los hijos u otras personas llamadas genéricamente, no estarán obligados a elegir mientras no tome estado o llegue a la mayoría de edad la menor de las personas llamadas.

El acuerdo deberá consignarse en escritura pública siempre que se refiera a bienes inmuebles o afecte a pactos consignados asimismo en escritura pública.

LEY 145. Intervención de un tercer pariente.

Cuando los Parientes Mayores no llegaren a ponerse de acuerdo sobre determinada cuestión, requerirán la intervención de un tercer pariente, designado por ellos de conformidad o por sorteo entre los inmediatamente llamados a sustituirles, y decidirán por mayoría entre las dos soluciones que hubieran motivado el desacuerdo.

LEY 146. Reclamación por preferencia de otro pariente.

Si por olvido o desconocimiento de la existencia de algún pariente que tenga preferencia, hubiere intervenido otro, será válido lo acordado o decidido, a menos que ante los propios Parientes Mayores se hubiere reclamado dentro de los quince días desde la fecha del conocimiento de haberse otorgado la escritura pública u otro documento en que conste el acuerdo o decisión.

LEY 147. Impugnación.

El acuerdo de los Parientes Mayores sólo podrá ser impugnado ante los Tribunales si se hubiera dictado con dolo o fraude, o incurriere en infracción de costumbre o Ley.

Responsabilidad

En todo caso los Parientes Mayores serán personalmente responsables de los daños y perjuicios que causaren por dolo o negligencia en el desempeño de sus funciones.

LIBRO II. DE LAS DONACIONES Y SUCESIONES

TÍTULO I. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

LEY 148. Ley aplicable.

Las donaciones y actos de disposición mortis causa otorgados por disponentes de condición foral se regirán por la presente Compilación. Sin embargo, para que la sucesión se ordene conforme a esta Compilación se requerirá la condición foral del causante al momento de su fallecimiento, sin perjuicio de la validez de los actos en cuanto a su forma según el Derecho a que se hallaren sometidos al tiempo de su celebración.

LEY 149. Libertad de disposición.

Los navarros pueden disponer libremente de sus bienes sin más restricciones que las establecidas en el título X de este libro.

Las disposiciones a título lucrativo pueden ordenarse por donación inter vivos o mortis causa, pacto sucesorio, testamento y demás actos de disposición reconocidos en esta Compilación. Sólo en defecto de estas disposiciones se aplicará la sucesión legal.

Toda disposición a titulo lucrativo puede hacerse puramente, con modo o bajo condición o término suspensivos 0 resolutorios. El día incierto se considera como condición.

LEY 150 . Donatario universal.

Las donaciones ínter vivos o mortis causa que comprendan los bienes presentes y futuros del donante, confieren al donatario la cualidad de heredero.

LEY 151. Fiducia sucesoria.

El causante puede delegar en fiduciarios -comisarios o en herederos de confianza la facultad de disponer u ordenar la herencia, bien libremente, bien conforme a instrucciones reservadas, de acuerdo con lo establecido en los títulos XI y XII de este libro.

Poder “post mortem”

El poder otorgado por el causante para después de su muerte será válido en tanto no lo revoque quien se halle preferentemente instituido por el difunto como ejecutor de su voluntad, y siempre sin perjuicio del total cumplimiento de la gestión encomendada al apoderado.

Este poder quedará revocado por otro posterior, incompatible, y también se presumirá 1 revocado por el testamento válido posterior a no ser que en él aparezca confirmado.

LEY 152. Disposición en caso de necesidad.

Si en cualquier acto de liberalidad se facultare a una persona para disponer en caso de necesidad, salvo que resulte otra cosa, se entenderá:

1. Que la apreciación de la necesidad queda a libre arbitrio de dicha persona.

2. Que si se facultare para disponer sólo con la autorización de persona o personas físicas determinadas, esta limitación quedará sin efecto si aquellas personas hubieren fallecido, renunciado o quedado incapacitadas, a no ser que las personas a quienes corresponda prestar el consentimiento hubieren sido determinadas en razón del cargo o función que ocupen.

LEY 153 . Capacidad para adquirir Nota de Vigencia.

Pueden adquirir a titulo lucrativo, ínter vivos o mortis causa, todas las personas sin más prohibiciones que las siguientes:

1. Las personas que hayan intervenido para la formalización del acto.

2. Los tutores respecto a sus pupilos, de conformidad con lo dispuesto para el testamento en el artículo 753 del Código Civil .

3. Las personas incapaces para suceder por las causas previstas en el artículo 756 del Código Civil salvo que se pruebe que el disponente conocía la causa al tiempo de ordenar la liberalidad.

LEY 154. Disposiciones a favor del “nasciturus” Nota de Vigencia.

Las disposiciones a título lucrativo, por actos ínter vivos mortis causa, pueden hacerse a favor del concebido, e incluso a favor de los hijos aún no concebidos de persona determinada que viva al tiempo de la donación o al de la muerte del testador.

Cuando se trate de disposiciones por actos ínter vivos y salvo lo establecido por el donante, la administración de los bienes donados corresponde al mismo donante o a sus herederos. Los frutos producidos antes del nacimiento del donatario se reservan a éste, si la donación se hiciere a favor del ya concebido; si se hiciere a favor del no concebido, los frutos se reservan al donante o a sus herederos hasta el momento del nacimiento del donatario. Los herederos del donante que administraren o percibieren los frutos podrán ser obligados a constituir garantía suficiente.

La aceptación de estas disposiciones y la defensa de los intereses de los hijos, en cuanto a los bienes objeto de la liberalidad, se regirán por lo dispuesto en las Leyes 63 y 65.

LEY 155. Renuncia a la herencia futura. a) Forma.

Es válida la renuncia o transacción sobre herencia futura siempre que se otorgue en escritura pública según su estado y circunstancias, podrá ejercitar la acción de reducción contra el donatario o sus herederos.

Esta acción es personalísima e intransmisible, pero los herederos del donante podrán continuar su ejercicio si aquél hubiere interpuesto la demanda.

LEY 156. B) Efectos Nota de Vigencia.

El renunciante quedará excluido de la sucesión deferida por la Ley; no obstante, podrá aceptar las disposiciones que en su favor ordenare el causante.

LEY 157. Derechos de los hijos de anterior matrimonio Nota de Vigencia.

Los derechos de los hijos y descendientes de anterior matrimonio quedarán a salvo de toda disposición a título lucrativo hecha por los cónyuges de segundas o posteriores nupcias, entre sí o con terceros.

El disponente podrá establecer que los derechos de los hijos y descendientes del anterior matrimonio sean satisfechos con dinero, aun cuando no lo hubiera en la herencia.

TÍTULO II. De las donaciones ínter vivos

LEY 158 . Concepto.

Son donaciones ínter vivos las que se hacen sin consideración a la muerte del donante.

LEY 159. Reserva a favor del donante.

Cuando el donante no se hubiere reservado en propiedad u otros lo suficiente para atender a sus necesidades.

LEY 160. Donaciones universales.

Las donaciones universales sólo serán válidas cuando se hagan por razón de matrimonio o en escrituras de nombramiento de heredero, o cuando se establezcan pactos de comunidad familiar o de asistencia entre donantes y donatarios.

A estas donaciones se aplicará lo dispuesto en las Leyes 114, 115 y 118, y deberán otorgarse en la forma prevista en la Ley 113.

LEY 161. Perfección.

a) Donaciones de inmuebles. Son nulas las donaciones de bienes inmuebles que no se otorguen en escritura pública. Estas donaciones serán irrevocables cuando la aceptación del donatario conste en la misma escritura o desde el momento en que se hubiese notificado al donante la aceptación en escritura separada.

b) De muebles. Las donaciones de bienes muebles serán revocables mientras el donante no hubiere hecho entrega de los bienes o no le hubiese sido notificada la aceptación del donatario.

c) En favor de personas futuras. Las donaciones de bienes muebles o inmuebles en favor de personas futuras serán irrevocables sin necesidad de la aceptación, a menos que otra cosa se hubiere establecido.

LEY 162. Causas de revocación.

No obstante lo establecido en la Ley anterior, las donaciones ínter vivos podrán ser revocadas por las causas expresamente establecidas por el donante o por el incumplimiento de cargas impuestas al donatario. Si este no las hubiere cumplido a la muerte del donante se entenderán remitidas si fueran a favor del donante, y las que sean a favor de terceras personas se considerarán como legados.

También podrán ser revocadas las donaciones por las causas establecidas en el artículo 648 del Código Civil .

LEY 163. Donación fiduciaria.

Cuando el donante imponga al donatario una carga que requiera un cumplimiento continuado o periódico, podrá asegurar la ejecución de la donación fiduciaria nombrando sucesivos donatarios de confianza. A estas donaciones se aplicará lo dispuesto en la Ley 293.

LEY 164. Donaciones hechas por el bínubo.

Las donaciones hechas por el bínubo en favor de su cónyuge o de los hijos o descendientes habidos en segundas o posteriores nupcias son válidas, en cuanto no perjudiquen los derechos reconocidos a los hijos o descendientes de matrimonios anteriores. En cuanto lesionen estos derechos, las donaciones serán reducibles a petición de los perjudicados y sus causahabientes. El plazo para ejercitar la acción será de cuatro años desde el fallecimiento del donante. Esta acción es renunciable en vida del donante mediante declaración expresa o prestando consentimiento a la donación.

TÍTULO III. DE LAS DONACIONES MORTIS CAUSA

LEY 165. Concepto.

Son donaciones mortis causa las que se hacen en consideración a la muerte del donante.

Se presume que la donación se hace en consideración a la muerte del donante cuando la adquisición de los bienes donados queda diferida al fallecimiento de aquél.

LEY 166. Capacidad.

Para donar mortis causa es suficiente que el donante tenga capacidad para testar, salvo que se pacte la irrevocabilidad de la donación o ésta se hiciere con entrega de bienes; en estos casos deberá tener también capacidad para disponer inter vivos.

LEY 167. Forma.

Las donaciones mortis causa deben otorgarse en escritura pública, con asistencia de dos testigos que reúnan las condiciones requeridas para los testamentos ante Notario, conforme a las Leyes 185 y 186.

LEY 168. Aceptación.

Para la eficacia de las donaciones mortis causa es necesaria la aceptación del donatario o de las personas que legalmente le representen. La aceptación podrá hacerse, expresa tácitamente, tanto en vida del donante como después de su 171 fallecimiento.

LEY 169. Revocación.

El donante podrá en cualquier momento revocar libremente la donación, salvo pacto en contrario o renuncia de la facultad de revocar.

a) Expresa. Para la revocación de estas donaciones se observarán las mismas formalidades que para su otorgamiento. Si la aceptación de la donación hubiere sido comunicada al donante o éste hubiese hecho entrega de los bienes, la revocación no surtirá efecto mientras no sea notificada al donatario.

b) Tácita. Cuando no se haya dispuesto otra cosa, las donaciones mortis causa quedarán revocadas sin necesidad de formalidad alguna si el donatario muere en vida del donante, salvo el derecho de representación de los descendientes de aquél. Tampoco será necesaria la revocación expresa cuando claramente se hubiere supeditado la donación a la muerte esperada por el donante en una determinada ocasión, si éste no falleciere en el momento previsto.

LEY 170. Toma de posesión.

Los bienes donados mortis causa no forman parte de la herencia, y el donatario podrá tomar posesión de ellos sin intervención de los herederos o albaceas del donante.

LEY 171. Donaciones supeditadas a la muerte de un tercero.

Las donaciones que se supeditan a la muerte de un tercero se consideran como donaciones ínter vivos bajo condición.

TÍTULO IV. DE LOS PACTOS O CONTRATOS SUCESORIOS

CAPÍTULO I. Disposiciones generales

LEY 172. Concepto.

Por pacto sucesorio se puede establecer, modificar, extinguir o renunciar derechos de sucesión mortis causa de una herencia o parte de ella, en vida del causante de la misma.

Cuando estos actos impliquen cesión de tales derechos a un tercero será necesario el consentimiento del causante.

LEY 173. Capacidad.

Los otorgantes de cualesquiera pactos sucesorios deben ser mayores de edad. Para los contenidos en capitulaciones matrimoniales se observará, sin embargo, lo establecido en la Ley 78.

Carácter personalísimo. Delegación

El otorgamiento del pacto sucesorio es acto personalísimo. No obstante, puede delegarse en otra persona su formalización, siempre que en el correspondiente instrumento de poder conste esencialmente el contenido de la voluntad.

LEY 174. Forma.

Son nulos los pactos sucesorios no otorgados en capitulaciones matrimoniales o en otra escritura pública.

LEY 175. Pactos contenidos en capitulaciones.

Los pactos sucesorios contenidos en capitulaciones matrimoniales se rigen por las Leyes del título XI del libro 1 y, además, por lo establecido en el presente título.

LEY 176. Interpretación e integración.

Los pactos sucesorios se interpretarán e integrarán conforme a la costumbre del lugar y, supletoriamente, según las disposiciones de esta compilación sobre otros actos de última voluntad.

CAPÍTULO II. Disposiciones especiales sobre pactos de institución

LEY 177. Contenido y clases.

Los pactos sucesorios pueden contener cualesquiera disposiciones mortis causa a favor de los contratantes, de uno de ellos o de tercero, a título universal o singular, con las sustituciones, modalidades, reservas, cláusulas de reversión, cargas y obligaciones que los otorgantes establezcan.

La institución podrá hacerse determinando en el propio pacto las personas llamadas a la herencia o estableciendo las reglas conforme a las cuales debe ésta deferirse en lo futuro o delegando en una o más personas la facultad de ordenar la sucesión.

Los pactos de institución pueden asimismo implicar simples llamamientos a la sucesión o contener también transmisión actual de todos o parte de los bienes

LEY 178. Irrevocabilidad.

Los nombramientos de heredero pactados entre dos 0 más personas en beneficio mutuo o en beneficio de un tercero son irrevocables. A los nombramientos contractuales de heredero otorgados unilateralmente se aplicará lo dispuesto en la Ley 114.

LEY 179. Efectos.

Los pactos sucesorios sin transmisión actual de bienes confieren únicamente la cualidad de heredero contractual, que será inalienable e inembargable. El instituyente conservará hasta su muerte la propiedad de los bienes, pero no podrá disponer de éstos a título lucrativo sin consentimiento del instituido.

En los pactos sucesorios con transmisión actual de bienes, el instituyente podrá* reservarse la facultad de disponer por cualquier título o sólo por título oneroso. Los actos de disposición no reservados serán nulos sin el consentimiento expreso del instituido. Las acciones de nulidad sólo podrán ejercitarlas el instituido y sus causahabientes, incluso en vida del instituyente.

LEY 180. Derecho de transmisión Nota de Vigencia.

Si el instituido en pacto sucesorio premuere al instituyente dejando descendencia, transmite a ésta su derecho, salvo lo establecido en el propio pacto. Si fuesen varios los descendientes y el nombramiento de heredero se hubiese hecho sin transmisión actual de bienes, la designación del que haya de subrogarse en los derechos del instituido corresponderá a los instituyentes o sobrevivientes de éstos y, en su defecto, a los Parientes Mayores; pero si el nombramiento se 182 hubiese hecho con transmisión actual de bienes podrá el instituido hacer esta designación; si falleciera sin hacerla, tal facultad corresponderá a los instituyentes o, en su defecto, a los Parientes Mayores.

En todo caso, si el instituido dejara un solo descendiente, sucederá éste y podrá exigir de los instituyentes o, a falta de éstos, de los Parientes Mayores la declaración de su cualidad de heredero. La condición de único descendiente se probará por acta notarial de notoriedad o información “ad perpetuam memoriam”.

LEY 181. Cláusulas de sustitución.

Respecto a las cláusulas de sustitución establecidas en pactos sucesorios se observará lo establecido en el título VIII de este libro.

LEY 182. Revocación y modificación.

Los pactos sucesorios no podrán ser revocados ni modificados sin el consentimiento de todos sus otorgantes declarado en acto inter vivos o mortis causa.

Las disposiciones contenidas en pactos sucesorios quedarán revocadas por premoriencia del instituido, salvo el derecho de transmisión, cuando proceda, conforme a lo dispuesto en la Ley 180.

Estas disposiciones serán revocables por las causas previstas para las donaciones “propter nuptias” en la Ley 118, y el ejercicio de la acción por los instituyentes se ajustará a lo dispuesto en dicha Ley.

Si se hubieren ordenado en capitulaciones se estará a lo establecido en la Ley

LEY 183. Promesa de nombrar heredero.

Se tendrá por nombramiento de heredero la promesa de nombrarlo hecha en pacto sucesorio y producirá los mismo, efectos establecidos en las Leyes 179 y 180 para los pactos sucesorios sin transmisión actual de bienes.

TÍTULO V. DEL TESTAMENTO Y SUS FORMAS

CAPÍTULO I. Disposiciones generales

LEY 184. Incapacidad para testar Nota de Vigencia.

Son incapaces para testar:

1. Los impúberes.

2. Los que en el momento de otorgar testamento no se hallaren en su cabal juicio. Respecto al testamento otorgado en intervalo lúcido se estará a lo dispuesto en el Código Civil.

LEY 185. Idoneidad y rogación de testigos.

En los testamentos otorgados en Navarra los testigos deberán ser idóneos y rogados.

LEY 186. Condiciones de los testigos, según los testamentos.

En los testamentos no otorgados ante Notario, los testigos deben conocer al testador y apreciar su capacidad, y cuando fueren otorgados sólo ante testigos, éstos deben tener además la vecindad del testador

En los testamentos otorgados ante Notario no se requiere que los testigos aprecien la capacidad del testador ni que, en su calidad de testigos instrumentales, conozcan a éste, siempre que sean vecinos del lugar del otorgamiento. Podrán ser testigos los empleados o dependientes del Notario.

En los testamentos otorgados ante Notario, Párroco o Clérigo ordenado de Presbítero, uno de los testigos al menos ha de poder leer y escribir. En los testamentos otorgados sólo ante testigos, dos de éstos al menos han de poder leer y escribir.

LEY 187. Mandas pías.

En los testamentos abiertos, otorgados ante Notario, Párroco u otro Clérigo ordenado de Presbítero, deberá consignarse la advertencia hecha al testador sobre si desea o no ordenar mandas pías o benéficas.

CAPÍTULO III. De las formas del testamento

LEY 188. Testamento ante Notario.

Los testamentos abiertos otorgados ante Notario requieren la intervención de dos testigos.

Los testamentos cerrados autorizados por Notario requieren la intervención de siete testigos.

En lo demás se aplicarán las disposiciones del Código Civil .

LEY 189. Testamento ante Párroco.

Si el testador se hallare en peligro inminente de muerte y no pudiera obtenerse la presencia de Notario, podrá otorgarse el testamento ante el Párroco del lugar u otro Clérigo ordenad de Presbítero, y en todo caso con la presencia de dos testigos.

LEY 190. Testamento ante testigos.

En el mismo supuesto de la Ley anterior, si no pudiera obtenerse la presencia del Párroco u otro Clérigo ordenado de Presbítero, podrá otorgarse el testamento con la intervención de tres testigos.

LEY 191. Requisitos comunes a testamentos ante Párroco y ante testigos.

A los testamentos a que se refieren las dos Leyes anteriores se aplicarán las reglas siguientes:

1. Deberán redactarse por escrito, con expresión del día, mes y año, en el mismo acto o inmediatamente después que el testador haya declarado con palabras dispositivas su última voluntad.

2. Serán firmados por el testador y personas que intervengan en el acto. Si cualquiera de ellas no supiera o no pudiere firmar, se consignará esta circunstancia en el mismo documento.

3. El Párroco, Clérigo o, en su caso, los testigos deberán conservar el documento o requerir a Notario para su custodia.

4. Perderán su eficacia a los dos meses de haber salido el 193 testador del peligro de muerte.

5. Dentro del plazo de año y día, a contar de la fecha del fallecimiento del testador, deberán presentarse para su abonamiento o adveración, sin cuyo requisito quedaran ineficaces. A tal efecto, la persona que tenga el testamento en su poder deberá presentarlo al Juzgado de Primera Instancia del Partido a que corresponda el lugar en que se otorgó. La presentación podrá ser exigida por el Ministerio Fiscal o por cualquier persona que se crea interesada.

LEY 192. Testamentos en vascuence.

Los navarros podrán testar en vascuence. Cuando el testamento se otorgare ante Notario y éste no conociere el vascuence, se precisará la intervención de dos intérpretes elegidos por el testador que traduzcan su disposición al castellano; el testamento se escribirá en las dos lenguas, conforme se establece en el Reglamento Notarial .

LEY 193. Otros testamentos.

Se aplicarán en Navarra las disposiciones de los artículos 688 a 693 , 697 y 698 , 701 y 702 y 706 a 736 del Código Civil , en cuanto a los respectivos testamentos.

CAPÍTULO III. Del codicilo

LEY 194. Concepto.

Son codicilos aquellos actos de última voluntad que, sin revocar el testamento, le adicionan algo o modifican sus disposiciones.

Forma

Se otorgarán en cualquiera de las formas previstas para los testamentos y con los requisitos exigidos a las mismas.

LEY 195. Contenido.

Los codicilos podrán contener cualesquiera disposiciones de última voluntad, excepto la institución de heredero, las sustituciones hereditarias, modificaciones de una y otras, desheredaciones y la institución en la legítima foral.

CAPÍTULO IV. De las memorias testamentarias

LEY 196. Concepto.

Pueden otorgarse memorias testamentarias como rectificación o complemento de un testamento anterior, siempre que el testador o testadores se hubieren reservado la facultad de otorgarlas determinando a la vez los lemas, signos u otros requisitos que habrán de contener para su eficacia.

Forma

Deberán estar firmadas en todas sus hojas por el testador o testadores y llevar los lemas o signos y cumplir los demás requisitos prevenidos en el testamento. También pueden otorgarse estas memorias como complemento de cualquier otro acto de última voluntad.

LEY 197. Contenido.

Se aplicará a las memorias lo establecido para los codicilos en la Ley 195.

LEY 198. Adveración.

Dentro del plazo de cinco años, a contar de la fecha del establecimiento del testador, las memorias testamentarias deberán presentarse para su abonamiento o adveración y protocolización, sin cuyo requisito quedarán ineficaces. En las otorgadas conjuntamente por dos o más personas, el plazo se contará a partir del fallecimiento de la última de éstas, a no ser que se ordenare otra cosa en el testamento o en la propia memoria.

Protocolización

Para la protocolización habrán de cumplirse los trámites establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil . Si las memorias hubieran sido otorgadas en el extranjero, las diligencias de protocolización podrán también practicarse ante le Cónsul o Vicecónsul de España.

CAPÍTULO V. Del testamento de hermandad

LEY 199. Concepto.

Es testamento de hermandad el otorgado en un mismo instrumento por dos o más personas.

Formas

Con excepción de la forma ológrafa, el testamento de hermandad puede revestir cualquier otra forma admitida en esta Compilación, en tanto se cumplan todos los requisitos establecidos para cada una de ellas.

A los efectos de lo dispuesto en las Leyes 189 y 190, la circunstancia del peligro inminente de muerte bastará que concurra en uno de los otorgantes.

LEY 200. Ley personal.

Los navarros pueden otorgar testamento de hermandad tanto en Navarra como fuera de ella, así en España como en el extranjero.

LEY 201. Ineficacia Nota de Vigencia.

Si el testamento de hermandad se hubiera otorgado Por marido y mujer, la sentencia posterior de nulidad del matrimonio, de divorcio o de separación produce la ineficacia de las liberalidades que en él se hubieran concedido los cónyuges y de las demás disposiciones que uno de los testadores hubiera establecido sobre su propia herencia y que tenga su causa en las disposiciones del otro.

Revocación

a) En vida de todos los otorgantes. En vida de todos los otorgantes el testamento de hermandad podrá revocarse:

1. Por todos ellos conjuntamente.

2. Por cualquiera de ellos separadamente; en este caso, la revocación no surtirá efecto hasta que constare el conocimiento de todos los demás en forma fehaciente. Cuando fuere ignorado el paradero de la persona a quien haya de comunicarse la revocación, podrás hacerse la notificación por edictos, justificándose previamente esa situación mediante acta notarial de notoriedad o información “ad perpetuam memoriam”, los edictos deberán publicarse en el “Boletín 0ficial del Estado”, en el de la provincia y en uno de los periódicos de mayor circulación del último domicilio conocido.

En cualquier caso, la revocación dejará sin efecto la totalidad de las disposiciones contenidas en el testamento, salvo que en éste se hubiere previsto otra cosa.

Lo dispuesto en esta Ley se aplicará aunque cualquiera de los otorgantes o todos ellos hubieren perdido la condición foral.

LEY 202. Fallecido alguno de los otorgantes.

Fallecido alguno de los testadores, el testamento de hermandad será irrevocable, salvo que en él se hubiere establecido otra cosa.

Sin embargo, podrán excepcionalmente revocarse y ordenarse de nuevo por el sobreviviente:

1. En todo caso, las disposiciones a favor de persona que hubiera devenido incapaz o hubiese premuerto, sin perjuicio de los derechos de representación y de acrecer cuando deban le tener lugar.

2. Las disposiciones que en cualquier concepto hubiere establecido sobre su propia herencia y que no tengan causa en las disposiciones de otro de los testadores.

LEY 203. a) Efectos.

Disposición a título oneroso. Aunque el testamento de hermandad contuviere cláusula en contrario, cada uno de los testadores podrá disponer por título oneroso de sus propios bienes, aun después del fallecimiento de los demás o de alguno de ellos.

Salvo cláusula en contrario, todo testador podrá disponer, por título oneroso, de los bienes que hubiere recibido de otro testador premuerto.

Si el testamento contuviere institucion recíproca y designación de heredero común, con prohibición de enajenar, se entenderá referida la prohibición solamente a los bienes del testador premuerto.

LEY 204. b) A título lucrativo.

Ninguno de los testadores podrá disponer por titulo lucrativo de sus propios bienes, salvo en cualquiera de los casos siguientes:

1. Que en el testamento de hermandad se hubiera establecido otra cosa.

2. Que disponga de conformidad con todos los demás testadores.

3. Que se trate de bienes cuya disposición en el testamento no tuviera su causa en lo establecido por otro de los testadores.

LEY 205. Legados.

Salvo disposición en contrario, los legados ordenados el, testamento de hermandad por cualquiera de los testadores que hubieren instituido heredero a otro u otros de ellos no serán exigibles hasta después del fallecimiento del último de los as¡ instituidos, pero el legatario podrá exigir el afianzamiento del legado si el testador no hubiera dispensado de esta obligación.

TÍTULO VI. DE LA NULIDAD E INEFICACIA DE LAS DISPOSICIONES MORTIS CAUSA

LEY 206. Nulidad.

Son nulos los testamentos y demás disposiciones mortis causa en cuyo otorgamiento no se hayan observado los requisitos prescritos por la Ley.

LEY 207

a) Total. La nulidad e ineficacia del nombramiento contractual de heredero llevará consigo la de todas las disposiciones contenidas en el contrato.

b) Parcial. La nulidad e ineficacia de cualquier otra disposición contenida en pacto sucesorio llevará consigo la den las demás que tuvieran en ella su causa.

En los demás actos por causa de muerte, la nulidad e ineficacia de cualquiera de sus disposiciones no afectará a la validez o eficacia de las otras.

LEY 208. Revocabilidad del testamento.

Las disposiciones testamentarias son esencialmente revocables, excepto lo establecido para el testamento de hermandad.

a) Cláusula “ad cautelam”. Se tendrán por no puestas las cláusulas derogatorias de disposiciones futuras. No obstante, al tiempo de otorgarse un testamento podrá disponer el testador que no valgan o se entiendan revocados cualquier testamento ológrafo o memoria testamentaria que pudieran aparecer como otorgados por él, si no llevan determinados lemas o signos u otros requisitos.

LEY 209. b) Reconocimiento de filiación Nota de Vigencia.

La revocación de un acto mortis causa no afectará a la validez y eficacia, en su caso, del reconocimiento de la filiación que en ella se contuviere.

LEY 210. c) Revocación por testamento posterior, pacto, donación mortis causa, etcétera.

El testamento se entenderá revocado de pleno derecho por el otorgamiento posterior de otro testamento o de un pacto sucesorio válidos, a menos que en ellos se dispusiera que aquél subsista en todo o en parte.

Las donaciones mortis causa, los codicilos y las memorias testamentarias sólo revocan las disposiciones del testamento en la medida en que fueren incompatibles.

LEY 211. Revocación de pactos sucesorios.

En cuanto a la revocación de pactos sucesorios se estara a lo dispuesto en la Ley 182.

LEY 212. Revocación de codicilos y memorias testamentarias.

Los codicilos y memorias testamentarias quedaran revocados por los testamentos posteriores, a no ser que en éstos aparezcan confirmados.

Las memorias testamentarias y los codicilos no quedar’ revocados por otras u otros posteriores sino en lo que fueren incompatibles.

Salvo prueba en contrario, las memorias testamentarias sin fecha se entenderán anteriores a los codicilos y a las memorias con fecha.

LEY 213. Revocación y conversión de testamentos y memorias.

La revocación del testamento implica la de las memorias testamentarias que en él se basen. No obstante la invalidez del testamento, las memorias testamentarias otorgadas en relación a él valdrán como testamentos ológrafos si reúnen los requisitos exigidos para éstos.

LEY 214. Revocación de donaciones mortis causa.

En cuanto a la revocación de donaciones mortis causa se estará a lo establecido en la Ley 169.

TÍTULO VII. DE LA INSTITUCIÓN DE HEREDERO

LEY 215. No exigencia.

El pacto sucesorio y el testamento serán válidos aunque no contengan institución de heredero, o ésta no comprenda la totalidad de los bienes. También será eficaz el testamento aunque el instituido sea incapaz de heredar o no acepte la herencia. Respecto a los pactos sucesorios se estará a lo dispuesto en la Ley 207.

LEY 216. “Institutio ex re certa”.

Si el instituido heredero en cosa determinada no concurre con otro u otros instituidos a título universal, se entender *a llamado a toda la herencia; pero si concurriere, será considerado legatario.

Cuando todos los herederos hayan sido instituidos en cosa determinada, heredarán en partes iguales, y el señalamiento de cosa determinada valdrá como prelegado.

Estas mismas reglas se aplicarán al instituido sólo en Usufructo.

LEY 217. Institución con reserva.

En la institución de heredero será válida la reserva de cosa determinada, pero se tendrá por no puesta si el instituyente no llegara a disponer de la cosa reservada. Si la institución se hiciere por dos o más personas conjuntamente y una de éstas falleciere sin disponer total o parcialmente de la parte reservada, podrán hacerlo el sobreviviente o sobrevivientes, salvo que otra cosa se hubiese establecido.

LEY 218. “Institutio excepta re certa”.

Es válida la institución de heredero con excepción de cosa determinada a favor de otra persona, pero la excepción se tendrá por no puesta cuando el beneficiario no llegara a adquirir la cosa exceptuada.

LEY 219. “Legatum partitionis”.

Toda disposición sucesoria de parte alícuota se entenderá como legado, salvo que el instituyente la hubiere ordenado a título de heredero, o que hubiera dispuesto de toda la herencia en legado sin institución de heredero.

El heredero podrá satisfacer a su voluntad el legado de parte alícuota en bienes de la herencia o en dinero, a no ser que el testador hubiese dispuesto otra cosa.

TÍTULO VIII. DE LAS SUSTITUCIONES

CAPÍTULO I. Disposiciones generales

LEY 220. Libertad de ordenar sustituciones.

En cualquier acto de liberalidad inter vivos o mortis causa el disponente puede ordenar sustituciones en todos sus bienes o parte de ellos.

LEY 221. Efecto.

Toda sustitución excluye el derecho de representación y el de acrecer.

LEY 222. Derechos de hijos de anterior matrimonio.

Son ineficaces las sustituciones en cuanto perjudiquen los derechos de los hijos de anteriores matrimonios conforme a la Ley 272.

CAPÍTULO II. De la sustitución vulgar

LEY 223. Concepto y efectos.

El disponente puede establecer una o varias sustituciones para el caso de que el llamado o los sustitutos premueran, no quieran o no puedan aceptar la liberalidad.

Pueden ser sustituidos varios en lugar de uno, o uno en el de varios, o recíprocamente entre si los mismos que han sido llamados.

Si los llamados en partes desiguales hubieran sido sustituidos entre sí sin hacer mención de partes en la sustitución, tendrán como sustitutos partes proporcionales a las establecidas en la institución.

Si dos personas fueran llamadas conjuntamente a una liberalidad, y una de ellas fuese sustituida por la otra, el sustituto de ésta se entenderá llamado a las dos partes.

CAPÍTULO III. De la sustitución fideicomisaria

LEY 224. Concepto.

El disponente puede ordenar que se trasmitan a uno o sucesivos fideicomisarios, en el tiempo y forma que señale,

los bienes que de él haya recibido el fiduciario.

Límite

No existirá limitación de número en los llamamientos de fideicomisarios sucesivos a favor de personas que vivan o al menos estén concebidas al tiempo en que el primer fiduciario adquiera los bienes. Las sustituciones a favor de personas que no existan en ese momento no podrán exceder del cuarto llamamiento; en lo que excedan de ese límite se entenderán por no hechas.

LEY 225. Adquisición por los fideicomisarios.

Los fideicomisarios, aunque lo sean por llamamientos sucesivos, adquieren siempre del fideicomitente.

Los fiduciarios podrán ser recíprocamente fideicomisarios 229 en la cuota señalada por el fideicomitente y, en su defecto, en

proporción a la que adquieran como fiduciarios.

LEY 226. Sustituciones fideicomisaria y vulgar.

Toda sustitución fideicomisaria valdrá como sustitución vulgar a favor del fideicomisario cuando el fiduciario no llegue a adquirir los bienes.

La sustitución vulgar de un fiduciario no se entenderá sustitución fideicomisaria a favor del sustituto vulgar. El sustituto vulgar que llegue a adquirir los bienes queda gravado por el fideicomiso que hubiera gravado al fiduciario a quien sustituyó.

LEY 227. Sustitución del impúber y del incapaz.

Se considerarán sustituciones fideicomisarias las que disponga un ascendiente en los bienes por él dejados a su descendiente para el caso de que éste fallezca antes de llegar a la pubertad o de que, habiendo sido declarado incapaz por enajenacion mental, no haya otorgado testamento válido.

LEY 228. Presunciones.

En la duda de si el disponente ha establecido un fideicomiso o formulado una recomendación o simple ruego, se presumirá esto último. Si hubiere duda sobre si la sustitución es vulgar o fideicomisaria, se presumirá vulgar.

LEY 229. Momento de cumplirse las condiciones.

Si de los términos de la disposición no se desprendiera claramente otra cosa, las condiciones que afectan a las sustituciones fideicomisarias como, por ejemplo, la de “no, tener hijos”o de que éstos “no, lleguen a la edad de testar” u otras similares, S. entenderán referidas al momento del fallecimiento del fiduciario.

LEY 230. Hijos “puestos en condición”.

Cuando el acto de liberalidad se condicione a la existencia de hijos del adquirente, estos hijos puestos sólo en condición no se tendrán por puestos en disposición ni llamados a adquirir, aunque haya una o muchas conjeturas en su favor, sino cuando expresamente así se establezca.

LEY 231. Garantías de los fideicomisarios.

Salvo que el disponente hubiera establecido lo contrario, los fideicomisarios podrán exigir del fiduciario en cualquier momento la formalización de inventario de los bienes adquiridos y la garantía de su restitución.

En defecto de acuerdo con los fideicomisarios, la garantía consistirá:

1. En la inscripción de los inmuebles en el Registro de la Propiedad, con constancia del fideicomiso.

2. En el deposito de los títulos-valores en establecimiento bancario, con constancia del fideicomiso en los resguardos.

3. En la caución que el Juez estime suficiente cuando se trate de otros bienes.

LEY 232. Derechos del fiduciario.

Sin otras limitaciones que las establecidas en las Leyes siguientes, el fiduciario tiene todos los derechos que correspondan al propietario, pero habrá de restituir al fideicomisario los bienes recibidos, los subrogados y los incrementos que constituyan accesiones naturales y mejoras inseparables. Respecto a los frutos pendientes y a las impensas realizadas por el fiduciario, tendrá éste los mismos derechos que un usufructuario.

LEY 233. Enajenación y gravamen Nota de Vigencia.

El fiduciario podrá enajenar y gravar los bienes como libres en los casos y modos siguientes:

1. Por sí solo, cuando el disponente lo hubiere autorizado; en este caso, los bienes adquiridos se subrogaran en lugar de los enajenados.

2. Con el consentimiento de todos los fideicomisarios, cuando el disponente no lo hubiere autorizado, sin prohibirlo expresamente. En defecto del consentimiento de todos los fideicomisarios o cuando alguno de éstos sea persona incierta, futura o actualmente indeterminada, el fiduciario podrá hacerlo con autorización del Juez competente, que la concederá sólo en casos de necesidad o utilidad evidente, en acto de jurisdicción voluntaria y adoptando las medidas oportunas para asegurar la subrogación.

LEY 234. Facultades del fiduciario por sí solo.

El fiduciario por sí solo podrá:

1. Pedir y practicar la partición de la herencia, la división de cosa común y el deslinde y amojonamiento, siempre que se trate de puros actos de partición, división o deslinde; de no ser así, se precisará el consentimiento de los fideicomisarios o la autorización judicial, conforme a lo dispuesto en la Ley anterior.

2. Cancelar por cobro créditos hipotecarios o Pignoraticios y retrovender bienes comprados a carta de gracia o compacto de retro.

3. Realizar las enajenaciones a que se hubiere obligado el fideicomitente y cualesquiere otros actos de cumplimiento de deberes inherentes a la propiedad y anteriores a la adquisición por el fiduciario.

4. Dar dinero a préstamo, respondiendo de la solvencia del deudor.

5. Sustituir, sin detrimento del fideicomiso, los bienes consumibles y los que se deterioren o desgasten con el uso.

LEY 235. Subrogación.

Siempre que, conforme a las leyes anteriores, el fiduciario enajenaré como libres o sustituyere bienes objeto del fideicomiso, quedarán afectos a éste el dinero o los bienes que los sustituyeron por subrogación.

LEY 236. Autorización al fiduciario para elegir fideicomisarios.

El disponente puede autorizar al fiduciario para elegir libremente el fideicomisario o fideicomisarios entre los señalados por aquél y determinar la distribución de los bienes igual o desigualmente. Salvo que el disponente lo hubiere autorizado, el fiduciario no podrá, imponer limitaciones a los fideicomisarios, a no ser que resulten en beneficio de otros de los fideicomisarios señalados por el disponente.

Si el fiduciario hiciere por testamento la elección de fideicomisario y la distribución de bienes, podrá revocarla libremente. Si la hiciere por contrato sucesorio o acto inter vivos, será irrevocable, sin perjuicio de la facultad de nombrar otro fideicomisario en caso de que el nombrado falleciere o deviniere incapaz o renunciaré antes de deferirse el fideicomiso.

Si el fiduciario no hiciera uso de esa facultad, todos los 238 fideicomisarios lo serán por partes iguales. En este caso, y cuando el disponente no hubiere designado nominativamente a los fideicomisarios, la determinación podrá hacerse por acta notarial de notoriedad o información “ad perpetuam memoriam”.

LEY 237. Renuncia.

En las sustituciones fideicomisarias a término, el fiduciario podrá anticipar mediante renuncia la delación de el fideicomiso.

Cesión

El fiduciario y el fideicomisario podrán ceder sus respectivos derechos. La cesión por el fiduciario quedará limitada por el cumplimiento de la condición o la llegada del término a los que estuviere sometido el fideicomiso, y la cesión por el fideicomisario surtirá efecto a partir de ese mismo momento. La cesión a favor de tercero no confiere a este, en caso alguno, la cualidad de heredero, y será aplicable lo dispuesto en el título XIX de este libro para la cesión de herencia.

LEY 238. Purificación del fideicomiso.

Salvo que otra cosa se hubiere dispuesto, quedara purificado el fideicomiso, y en consecuencia liberado el fiduciario de la obligación de restituir, en caso de fallecimiento o incapacidad de los fideicomisarios en vida del fiduciario, así’ como también en los de renuncia o cesión a favor de éste.

CAPÍTULO IV. De la sustitución de residuo

LEY 239. Disposición de bienes por el instituido.

En las sustituciones de residuo, si no se hubiere ordenado otra cosa, el instituido sólo podrá disponer de los bienes por actos ínter vivos y a título oneroso. Si se le hubiese autorizado para disponer incluso a título lucrativo, se presumirá que está autorizado para disponer por actos ínter vivos o mortis causa.

Residuo

Los bienes de que el instituido no hubiese dispuesto válidamente pasarán, en el momento establecido o evento previsto, a la persona o personas designadas para recibirlos.

TÍTULO IX. DE LOS LEGADOS

LEY 240. Régimen.

En defecto de disposición de voluntad o de Ley especial, las Leyes de esta Compilación que regulan los legados se aplicarán a todo acto de liberalidad a título singular.

LEY 241. Concepto.

Son mandas o legados aquellas liberalizadas mortis causa a título singular que no atribuyen la cualidad de heredero, Y que se imponen a cualquier persona que a título lucrativo reciba bienes del disponente, por voluntad del mismo o de la Ley.

LEY 242. Efectos.

El legado de cosa específica y determinada propia del disponente tiene eficacia real, y el legatario adquiere la propiedad a la muerte del causante.

En los legados de otra clase, el legatario sólo tiene acción personal para exigir su cumplimiento.

LEY 243. Posesión.

El legatario por si solo no puede tomar posesión de la cosa legada, sino que deberá exigirla de la persona gravada con el legado o de la facultada para su entrega; estas personas tendrán a su favor el interdicto de recobrar cuando el legatario9 sin previa entrega, hubiese tomado posesión de la cosa legada.

Sin embargo, el legatario podrá tomar posesión del legado;

1. Cuando el disponente lo hubiere autorizado.

2. Cuando, no habiendo heredero, el legatario lo sea de parte alícuota o de usufructo universal.

3. Cuando, en el caso de que toda la herencia estuviese distribuida en legados, todos los legatarios se hallaren de acuerdo y no hubiese legatario de parte alícuota ni otra persona facultada para la entrega; si no se pusieren de acuerdo, podrán los legatarios acudir al Juez para recabar dicha entrega.

LEY 244. Reducción.

Salvo que otra cosa hubiese establecido el disponente, si hubiera que reducir los legados para el pago de las deudas hereditarias o el caudal hereditario resultara insuficiente para satisfacer todos los legados, se reducirán éstos a prorrata.

Igualmente se hará la reducción, si existieren deudas y la herencia hubiere sido íntegramente distribuida en legados que no sean de parte alícuota.

LEY 245. Frutos.

Los legatarios hacen suyos los frutos o rentas desde que judicial o extrajudicialmente hubieren exigido la entrega. Excepcionalmente, en los legados con fin piadoso o benéfico, los frutos e intereses se deberán desde la muerte del testador.

LEY 246. Legado de universalidad.

Si el legado es de una universalidad, corresponderán al legatario todas las cosas o derechos que en el momento de la muerte del disponente formaban parte del conjunto.

LEY 247. Legado de cosa genérica.

En el legado de cosa genérica, la elección corresponde al legatario, sin perjuicio de lo establecido por el disponente.

LEY 248. Legado alternativo.

En el legado alternativo de efecto real, la elección corresponde al legatario, y en el de efecto personal, al heredero, salvo que fuera otra la voluntad de el disponente.

LEY 249. Legado de cosa ajena.

El legado de cosa ajena o de constitución de un derecho real sobre cosa ajena sólo será válido si el legatario prueba que el testador sabía que la cosa era ajena. Cuando sea válido el legado, el heredero podrá liberarse de su obligación abonando el valor según justa estimación.

LEY 250. Legado de usufructo universal.

Salvo disposición en contrario, el legado de usufructo universal comprenderá la totalidad de los bienes relictos, excepto los excluidos por las Leyes 255 y 256.

Cualesquiera legados distintos de los señalados en los números 5, 6 y 7 de la Ley 255 quedaran afectados por el de usufructo universal, y sólo se entregarán al extinguirse este derecho.

El testador podrá relevar al usufructuario de las obligaciones de hacer inventario y prestar garantía.

Cuando expresamente se hayan concedido al usufructuario facultades de disposición, en cuanto al ejercicio de éstas se aplicará lo establecido en la Ley 239, y respecto al pago a los acreedores hereditarios lo dispuesto en las Leyes 318 y 319.

LEY 251. Legado de bienes de conquista.

En el legado de bienes de conquista, cuando un cónyuge los legue a favor del otro, o ambos conjuntamente a favor de tercera persona, se entenderá que cada uno lega la mitad del objeto legado.

Cuando uno de los cónyuges, separadamente, legue a tercera persona el objeto entero, será válido el legado en su totalidad; pero, en cuanto a lo que en la liquidación de la sociedad de conquistas no fuere adjudicado a la herencia del causante, el efecto será meramente personal, como si fuere legado válido de cosa ajena.

LEY 252. Extinción del legado.

Se extinguirá el legado de cosa específica y determinada propia del disponente cuando a la muerte de éste la cosa pertenezca a otra persona. Sin embargo, si el legatario lo hubiese adquirido a título oneroso de persona distinta del disponente se entenderá legado el precio o el valor de la contraprestación’ que dio el legatario.

TÍTULO X. DE LAS LIMITACIONES A LA LIBERTAD DE DISPONER

CAPÍTULO I. Del usufructo legal de fidelidad Nota de Vigencia

LEY 253. Concepto Nota de Vigencia.

El cónyuge viudo tiene el usufructo de fidelidad sobre todos los bienes y derechos que al premuerto pertenecían en el momento del fallecimiento.

Se considera equiparada a estos efectos a la situación del cónyuge viudo el miembro sobreviviente en caso de fallecimiento del otro miembro de una pareja estable reconocida por la Ley Nota de Vigencia.

Ley personal

El usufructo de fidelidad se dará en favor del cónyuge sobreviviente cuando el premuerto tuviera la condición foral de navarro al tiempo de su fallecimiento.

Inalienabilidad

Este derecho es inalienable; no obstante, los nudo propietarios y el usufructuario conjuntamente podrán enajenar o gravar el pleno dominio de los bienes sobre los que recae el usufructo.

Renuncia

Es válida la renuncia anticipada del usufructo de fidelidad otorgada en escritura pública, antes o después del matrimonio.

LEY 254. Exclusión del usufructo Nota de Vigencia.

No tendrá el usufructo legal de fidelidad;

1. En la separación de hecho:

a) Ninguno de los cónyuges si la hubieron convenido o consentido; no se entenderá consentida por el cónyuge abandonado, aunque éste no denuncie el abandono ni inste la separación judicial, salvo que, requerido fehacientemente por el otro, dentro del término de seis meses no manifieste su voluntad contraria a la separación.

b) El cónyuge que motivó la separación por infidelidad conyugal, incumplimiento grave de los deberes familiares o por haber atentado contra la vida del otro.

2. En la separación de derecho:

a) Ninguno de los cónyuges si la hubieren convenido o consentido.

b) El cónyuge que incurrió en causa de separación por abandono del hogar familiar, infidelidad conyugal, incumplimiento grave o reiterado de los deberes conyugales o familiares o por haber atentado contra la vida del otro.

c) El cónyuge que la haya pedido en razón a la separación de hecho no consentida por el otro.

d) Ninguno de los cónyuges en los demás casos de separación.

3. El cónyuge que hubiere sido ejecutoriamente condenado por haber atentado contra la vida del otro.

4. El que, por sentencia firme, hubiere sido privado de la patria potestad sobre los hijos comunes.

En testamento o contrato sucesorio, un cónyuge podrá privar de el usufructo de fidelidad al otro, si éste hubiere incurrido en cualquiera de las causas previstas en el apartado 2.b) de esta Ley, aunque no haya separación.

LEY 255. Extensión Nota de Vigencia.

El usufructo se extiende a los bienes y derechos pertenecientes al cónyuge premuerto, aunque estén afectados a llamamiento, reversión o restitución, con excepción de los siguientes:

Bienes excluidos

1. Los bienes sujetos a sustitución fideicomisaria, salvo que el disponente establezca lo contrario.

2. Los derechos de usufructo, uso, habitación u otros de carácter vitalicio y personal.

3. Los bienes que el cónyuge premuerto hubiere recibido por título lucrativo y con expresa exclusión del usufructo de fidelidad.

4. Los bienes que hubieren sido objeto de donación mortis causa.

5. Los legados piadosos o para entierro y funerales.

6. Los legados para dotación de hijos u otros parientes a los que el testador se hallare obligado a dotar.

7. Y los legados remuneratorios, siempre que conste la existencia del servicio remunerado.

LEY 256. Caso de segundas nupcias.

Del usufructo del cónyuge viudo de segundas o ulteriores nupcias del premuerto quedan excluidos los bienes siguientes:

1. Los que deben reservarse en favor de los hijos o descendientes de matrimonio anterior, conforme a lo establecido en las Leyes 274 y 275.

2. Los que el cónyuge bínubo deba dejar en favor de los mismos hijos y descendientes con preferencia respecto a los del matrimonio posterior, según lo establecido en la Ley 272.

3. Los que el cónyuge bínubo hubiere adquirido por título 257 lucrativo con llamamiento sucesorio en favor de hijos o descendientes de anterior matrimonio, si éstos sobrevivieren. Se exceptúa el caso de que para las segundas o posteriores nupcias se hubiese obtenido el consentimiento de todas las personas que ordenaron el llamamiento, o de los sobrevivientes.

LEY 257. Inventario Nota de Vigencia.

El cónyuge viudo no adquirirá el usufructo de fidelidad si no hiciere inventario de todos los bienes a que conocidamente se extienda el usufructo. El inventario, que debe constar en escritura pública, se iniciara dentro de los cincuenta días siguientes a la fecha de la muerte o de la declaración de fallecimiento del consorte y se terminará dentro de otros cincuenta. Dentro de este plazo de cien días podrán adicionarse en nuevos inventarios los bienes que se hubieran omitido. En caso de fuerza mayor, se suspenderán estos plazos mientras la causa dure.

Si el usufructo de fidelidad no hubiere de empezar hasta extinguirse un usufructo establecido en favor de otras personas, estos plazos empezarán a contarse a partir de la fecha de extinción del usufructo voluntario.

En cualquier supuesto de nulidad del testamento o del contrato sucesorio, o de la institución de heredero ordenada en dichos actos, los plazos para la formalización de inventario empezaran a contarse a partir de la fecha en que al cónyuge viudo le fuera notificada la sentencia firme que hubiese declarado la nulidad.

A requerimiento del nudo propietario, el usufructuario está obligado a declarar ante qué Notario formalizó el inventario o adición al mismo. El nudo propietario tendrá derecho a obtener copia, y podrá requerir al usufructuario para que subsane en escritura pública los errores y omisiones en que se hubiere incurrido.

LEY 258. Derechos.

El cónyuge viudo tendrá todos los derechos que, en general, corresponden al usufructuario conforme el capítulo I del título IV del libro IH, y los que, en su caso, voluntariamente, le hubiesen sido concedidos por el cónyuge premuerto o hubieran sido pactados.

Además, cuando el usufructo de fidelidad recaiga sobre acciones de sociedades anónimas, y siempre que los estatutos, pactos o acuerdos sociales no dispongan otra cosa, se observarán las reglas siguientes:

1. El derecho preferente para suscribir nuevas acciones corresponde exclusivamente al nudo propietario; pero si éste no hiciere uso de su derecho, el usufructuario podrá suscribir por sí mismo a nombre del nudo propietario, abonando los desembolsos y gastos correspondientes, y en caso de no ejercitar esta facultad podrá exigir el valor de los derechos de suscripción que se hubieren enajenado.

2. El usufructo se extenderá a las nuevas acciones suscritas; pero el usufructuario deberá abonar al nudo propietario todos los desembolsos y gastos que la suscripción le hubiere reportado, y si no lo hiciere en el plazo de treinta días a contar del requerimiento del nudo propietario, no tendrá el usufructo sobre las nuevas acciones, y en tal caso le corresponderá el importe de los derechos de suscripción realizados por el nudo propietario. En los supuestos en que el usufructuario deba indemnizar al nudo propietario por los gastos y desembolsos ocasionados, no tendrá derecho de reembolso.

3. En caso de sustitución de títulos o de amortización de acciones, el usufructo recaerá 1 por subrogación sobre los nuevos títulos o el importe de la amortización.

4. En el usufructo de obligaciones que se conviertan en acciones, el usufructo recaerá sobre las acciones, y se aplicará lo dispuesto en los números anteriores.

Las disposiciones de esta Ley sobre usufructo de acciones se observarán, en la medida en que por su naturaleza sean aplicables, al usufructo de participaciones de sociedades de 260 responsabilidad limitada y de cuotas sociales en sociedades colectivas, comanditarias o sociedades civiles.

LEY 259. Obligaciones.

El cónyuge usufructuario debe:

1. Administrar y explotar los bienes con la diligencia de un buen padre de familia.

2. Pagar los gastos de Última enfermedad, entierro, funerales y sufragios del cónyuge premuerto.

3. Prestar alimentos, dentro de los límites del disfrute, a los hijos y descendientes del cónyuge premuerto, a quienes este tuviere obligación de prestarlos, y siempre que los alimentistas se hallaren en situación legal de exigirlos.

4. Pagar con dinero de la herencia las deudas del cónyuge premuerto que fueren exigibles. Si no hubiere dinero suficiente, podrá enajenar bienes de la herencia previo acuerdo con los nudo propietarios, y a falta de acuerdo o si los nudo propietarios fueren desconocidos o estuvieren ausentes, será necesaria la autorización judicial para enajenar bienes.

5. Pagar todas las cargas inherentes al usufructo.

LEY 260. Transformación Nota de Vigencia.

Si el usufructuario desatendiere las indicaciones o advertencias respecto a la administración y explotación de los bienes le hicieren los nudo propietarios, éstos podrán acudir al Juez.

Si el viudo usufructuario no pudiere o no se aviniera a cumplir la decisión judicial, los nudo propietarios podrán impedir la entrega de los bienes y la sustitución del usufructo por una renta a su cargo no inferior al rendimiento medio obtenido en los cinco últimos años y revisable cuando varíen las circunstancias objetivas.

LEY 261. Extinción.

El usufructo de fidelidad se extingue:

1. Por muerte del usufructuario.

2. Por renuncia expresa en escritura pública.

3. Por contraer el usufructuario nuevas nupcias, salvo pacto o disposición en contrario del cónyuge premuerto.

LEY 262. Privación Nota de Vigencia.

El viudo, a petición de los nudo propietarios, perderá el usufructo de fidelidad:

1. Si viviera maritalmente con otra persona.

2. Si llevare vida notoriamente licenciosa, o corrompiera a los hijos.

3. Si enajenare o gravare bienes, salvo los casos previstos en las Leyes 253 y 259, número 4, y a no ser que se hallare debidamente autorizado para ello por pacto o disposición del cónyuge premuerto.

4. Si incumpliere sus obligaciones con dolo o negligencia grave.

5. Si durante año y día hubiere incumplido de modo general, con negligencia, las obligaciones inherentes al usufructo de fidelidad conforme a la Ley 259.

LEY 263. Interdicto.

Terminado el usufructo de fidelidad, los nudo propietarios podrán hacer efectiva la posesion de los bienes por medio de interdicto.

LEY 264. Modificaciones voluntarias Nota de Vigencia.

Por voluntad del disponente o por pacto se podrá:

1. Dispensar de la obligación de hacer inventario, salvo el caso de segundas o posteriores nupcias habiendo hijos o descendientes de anterior matrimonio.

2. Facultar para enajenar o gravar los bienes.

3. Autorizar la conservación del usufructo aunque el usufructuario contraiga nuevas nupcias.

4. Exigir la constitución de garantía para el ejercicio del usufructo.

5. Imponer plazos, condiciones y cargas, o modificar de cualquier modo la adquisición, ejercicio y extinción del derecho.

En los casos previstos en los números 4 y 5 será necesario el consentimiento y aceptación del cónyuge usufructuario.

LEY 265. Analogía.

En el usufructo voluntario universal o sobre bienes determinados, otorgado con condición de viudedad, a favor de cualquier persona, serán aplicables, en cuanto no se opongan 0al pacto o disposición que lo conceda, las leyes del presente capítulo.

LEY 266. Normas subsidiarias.

En lo no establecido por este capítulo, el usufructo de fidelidad se entenderá sometido a las disposiciones generales sobre el usufructo del capítulo 1 del título IV del libro 111.

CAPÍTULO 11. De la legítima

LEY 267. Concepto.

La legítima navarra consiste en la atribución formal a cada uno de los herederos forzosos de cinco sueldos “febles” o “carlines” por bienes muebles y una robada de tierra en los montes comunes por inmuebles. Esta legitima no tiene contenido patrimonial exigible ni atribuye la cualidad de heredero, y el instituido en ella no responderá en ningún caso de las deudas hereditarias ni podrá ejercitar las acciones propias del heredero.

LEY 268. Legitimarios Nota de Vigencia.

En testamento y pactos sucesorios deberán ser instituidos en la legítima foral:

1. Los hijos matrimoniales, los no matrimoniales y los adoptados con adopción plena.

2. En defecto de cualquiera de ellos, sus respectivos descendientes de grado más próximo.

LEY 269. Forma Nota de Vigencia.

La institución en la legítima foral podrá hacerse para todos los legitimarios en forma colectiva.

LEY 270. Excepciones Nota de Vigencia.

No será necesaria la institución en la legítima foral cuando el disponente hubiera dotado a los legitimarios, les hubiese atribuido cualquier liberalidad a título mortis causa, 0 los 272 hubiere desheredado por justa causa, o ellos hubieran renunciado a la herencia de aquél o hubiesen premuerto sin dejar descendencia con derecho a legitima. Serán justas causas de desheredación las comprendidas en los artículos 852 y 853 del Código Civil.

LEY 271. Preterición.

La preterición tiene por efecto la nulidad de la institución de heredero, pero deja a salvo las demás disposiciones. Únicamente podrán ejercitar la acción de impugnación el legitimario preterido o sus herederos.

CAPÍTULO III. De los derechos de los hijos de anterior matrimonio

LEY 272. Limitación de disposiciones Nota de Vigencia.

Los hijos de anterior matrimonio no deberán recibir de sus padres menos que el más favorecido de los hijos o cónyuge de ulterior matrimonio. Si los hijos de cualquier matrimonio premurieran se dará en todo caso el derecho de representación en favor de sus respectivos descendientes.

Si recibieren menos, el defecto se corregirá igualando a los perjudicados con cargo a los beneficiados, sin alterar las participaciones de los demás. Sólo podrán ejercitar la acción de inoficiosidad los hijos o descendientes perjudicados o sus causahabientes y habrán de interponerla dentro de los cuatro años siguientes a contar del fallecimiento del disponente. Cuando el causante, en acto ínter vivos o mortis causa, hubiera atribuido al nuevo cónyuge o a los descendientes de ulterior matrimonio bienes determinados cuyo valor resulte excesivo, podrán aquéllos compensar a los descendientes de anterior matrimonio con bienes de la herencia o con dinero.

Este derecho de los hijos de anterior matrimonio no se dará respecto a las disposiciones en favor de cualesquiera otras personas.

Lo establecido en esta Ley no se aplicará a los hijos de anterior matrimonio que en testamento o pacto sucesorio hubieren sido desheredados por cualquiera de las causas de los artículos 852 y 853 del Código Civil.

LEY 273. Bienes excluidos.

A efectos de la Ley anterior, no se computarán:

1. Los bienes que, conforme a lo que establece el capitulo siguiente, el padre o madre bínubo debe reservar a los hijos de anterior matrimonio, y que han de quedar íntegramente para éstos.

2. Los bienes que el padre o madre bínubo hubiera adquirido a título lucrativo del nuevo cónyuge o de los ascendientes o descendientes de éste, pues de tales bienes podrá aquel disponer libremente.

CAPÍTULO IV. De la reserva del bínubo Nota de Vigencia

LEY 274. Obligación de reservar Nota de Vigencia.

El padre o madre que reiterase nupcias está obligado a reservar y dejar a los hijos del matrimonio anterior, o a los descendientes de los mismos, la propiedad de todos los bienes que por cualquier título lucrativo, a excepción de las arras, hubiera recibido de su anterior cónyuge, de los hijos 276 que de él hubiera tenido o de los descendientes de éstos.

Esta obligación subsistirá mientras existan descendientes reservatarios, aunque el padre o madre bínubo enviudaré y muriese en tal estado.

Será nula la dispensa de la obligación de reservar hecha por un cónyuge en favor del otro para el caso de que éste contrajera nuevas nupcias.

Será también nula toda disposición del padre o madre bínubo que contravenga de cualquier otro modo lo establecido en esta Ley.

El padre o madre bínubo puede disponer de los bienes reservables con entera libertad entre los hijos o descendientes reservatarios. Si no dispusiere de los bienes, los heredarán los reservatarios conforme a lo establecido para la sucesión legal.

LEY 275. Determinación de los reservatarios Nota de Vigencia.

La determinación de los reservatarios, cuando éstos deban heredar conforme al orden de sucesión legal, podrá hacerse por acta notarial de notoriedad o información “ad perpetuam memoriam”.

LEY 276. Extinción de la reserva Nota de Vigencia.

Se extinguirá la obligación de reservar cuando todos los reservatarios renunciaren a su derecho, fueren incapaces de suceder, hubiesen sido legalmente desheredados o no sobrevivieren al reservista, salvo el derecho de representación para el caso de premoriencia.

LEY 277. Enajenación de bienes reservables Nota de Vigencia.

Respecto a los actos de enajenación o gravamen de bienes, reservables, muebles o inmuebles, se aplicarán las disposiciones del Código Civil y de la legislación hipotecaria. Sin embargo, tendrán validez y definitiva eficacia los actos que el reservista realizaré con el consentimiento de todos los que, al tiempo de la enajenación o gravamen, fuesen hijos reservatarios o descendientes de los premuertos.

En caso de enajenación de bienes reservables, la reserva tendrá por objeto los bienes subrogados.

LEY 278. Normas supletorias Nota de Vigencia.

Se aplicarán a la reserva establecida en este capítulo las disposiciones del Código Civil y de la Ley Hipotecaria sobre inventario y garantías de los reservatarios.

CAPÍTULO V. De la reversión de bienes

LEY 279. Reversión de liberalidades de los ascendientes Nota de Vigencia.

Salvo renuncia del donante o disposición en contrario, harán reversión al ascendiente los bienes que éste hubiere transmitido por título lucrativo a un hijo por naturaleza o adopción plena u otro descendiente que, sin dejar posteridad, hubiera premuerto al donante. Si los bienes hubieren sido enajenados, la reversión tendrá por objeto exclusivamente los bienes o derechos subrogados.

LEY 280. Reversión en casos especiales.

Si se trataré de bienes que el causante hubiere adquirido por donación “propter nuptias”, dote o dotación, se estará a lo especialmente dispuesto en las Leyes 116, 123 y 135, párrafo segundo.

TÍTULO XI. DE LOS RIDUCIARIOS-COMISARLOS

LEY 281. Concepto.

Para el caso de fallecer el causante sin haber ordenado de otro modo su sucesión, puede aquél delegar en un fiduciario-comisario, por testamento, capitulaciones u otra escritura pública, las facultades de designar heredero o donatario universal, señalar dotaciones y disponer *legados, dentro de los límites establecidos en la delegación y conforme a lo dispuesto en el presente titulo. La delegación puede conferirse al cónyuge u otras personas individual, conjunta o subsidiariamente; cuando se haya conferido genéricamente a los “parientes”, se entenderá a los Parientes Mayores.

Interpretación

En la fiducia sucesoria, la interpretación e integración de la voluntad del causante deben ajustarse a la costumbre del lugar y a los usos de la familia. Salvo que otra cosa se hubiere establecido, se observarán las Leyes siguientes:

LEY 282. Delegación.

La función de fiduciario-comisario es personalísima, pero la simple ejecución o formalización del acto podrá delegarse en otra persona, siempre que en el correspondiente instrumento de poder conste esencialmente el contenido de la voluntad.

LEY 283. Actuación.

Si fueren varios los fiduciarios decidirán por mayoría. Si los fiduciarios fueren los Parientes Mayores se estará a lo dispuesto en la Ley 45.

LEY 284. Capacidad Nota de Vigencia.

El fiduciario deberá ser mayor de edad en el momento de ejercer su función, pero si es el cónyuge, bastará que tenga capacidad para testar.

El cónyuge viudo que contraiga nuevas nupcias perderá su cualidad de fiduciario.

Asimismo, el nombramiento de fiduciario conferido por un cónyuge en favor del otro quedará sin efecto por sentencia firme de nulidad, separación o divorcio.

LEY 285. Facultades.

Si el causante hubiera nombrado fiduciarios a otras personas, solas o en concurrencia con el cónyuge o ascendientes, las designaciones de heredero o donatario universal deberán hacerse conforme a lo dispuesto para los Parientes Mayores en la Ley 144.

Cualesquiera que sean los fiduciarios, antes de efectuar las designaciones, pueden hacer también, en uno o varios actos, señalamientos y entregas de dotaciones y demás derechos C0I, cargo a la casa. Estos señalamientos no obstarán para que la designación de heredero o donatario pueda recaer posteriormente en alguno de los beneficiarios, si al hacer los señalamientos no se hubiere establecido otra cosa.

LEY 286. Forma.

Los fiduciarios deben hacer las designaciones en testamento o en escritura pública; en este Último caso serán irrevocables, salvo lo dispuesto en la Ley 114.

LEY 287. Situación de dependencia.

Siempre que los fiduciarios fueren el cónyuge o los ascendientes del causante, en tanto no hubieren cumplido enteramente su cometido, tendrán facultades de administración y disposición sobre los bienes de los que todavía no hayan dispuesto. Cuando se trate de otros fiduciarios, se aplicarán las reglas de la comunidad hereditaria entre los llamados, pero si alguno de *éstos es menor o incapaz, se requerirá para los actos de disposición el consentimiento de los adjudicatarios.

LEY 288. Imposibilidad de ejecución.

Si por fallecimiento, renuncia, imposibilidad o cualquier otra causa la designación de heredero o donatario universal por los fiduciarios no llegara a realizarse y tampoco fuere posible la designación por los Parientes Mayores, podrá pedir que se le declare heredero el mayor de los hijos o, en defecto de estos, el mayor de los demás descendientes que vivieran en la casa y que no hubiesen sido excluidos ni hubieran renunciado. Si ninguno lo pide, se abrirá la sucesión legal.

TÍTULO XII. DE LOS HEREDEROS DE CONFIANZA

LEY 289. Concepto.

El testador puede instituir herederos de confianza o fiduciarios a personas individuales o jurídicas a quienes faculte para hacerse cargo de toda o parte de la herencia y disponer de ésta conforme al destino expresado en las instrucciones escritas o verbales que confidencialmente les haya dado.

LEY 290. Revelación de la confianza.

Salvo disposición en contrario, el heredero fiduciario no está obligado en momento alguno a revelar la confianza recibida ni a dar cuenta de su gestión.

Cuando, por razón de los plazos establecidos en la legislación fiscal, el fiduciario tuviere que declarar la confianza, será suficiente una indicación genérica de la misma.

El testador puede disponer que, en caso de contienda sobre la eficacia de la institución o sobre la gestión del heredero fiduciario, sea éste considerado pura y simplemente como heredero.

LEY 291. Naturaleza.

En tanto el heredero de confianza no revele ésta, puede ejercitar todos los derechos propios del heredero. Una vez manifestada la confianza, se le considerará, respecto a los bienes comprendidos en la institución, como ejecutor de la voluntad del testador, con todas las facultades de albacea, contador-partidor y representante de la herencia, las cuales podrá ejercitar sin limitación de tiempo, a no ser que el testador le hubiere señalado plazo.

LEY 292. Actuación.

Si otra cosa no se hubiere establecido, los herederos de confianza actuarán por mayoría, conjuntamente si son dos y por sí cuando quede uno sólo.

Delegación

Si el testador lo hubiere autorizado expresamente, el heredero de confianza podrá, por acto mortis causa, delegar su función total o parcialmente en otra u otras personas, bien revelando la confianza, bien transmitiendo reservadamente, de palabra o por escrito, las instrucciones recibidas del testador.

LEY 293. Fiducia continuada.

El testador puede establecer una fiducia continuada que no se extinga por la simple revelación de la confianza o la desaparición de la persona del fiduciario. En esta fiducia se observará lo siguiente;

1. El testador puede asegurar la continuidad temporal o ilimitada de la fiducia, bien nombrando sustitutos para los herederos de confianza, bien determinando la forma de hacer las sucesivas sustituciones, bien facultando a los primeros o sucesivos herederos fiduciarios para hacer ulteriores nombramientos.

2. La titularidad de los bienes corresponde siempre a la herencia de confianza del causante, y los sucesivos cambios de fiduciarios no implicarán transmisión alguna de los mismos bienes.

3. A no ser que el testador lo hubiera ordenado de otra forma, la revelación de la confianza no privará a los primeros ni sucesivos fiduciarios de las facultades de representación, judicial o extrajudicial, posesión, administración y libre disposición de los bienes, en orden al cumplimiento de la voluntad del testador.

4. Salvo disposición en contrario, cuando de la constitución de la fiducia se deriven expectativas de derecho a favor de personas determinadas o que reúnan las condiciones previstas, podrán aquéllas reclamar del fiduciario.

5. Para el caso de que llegue a extinguirse la fiducia, el testador podrá establecer el destino de los bienes o facultar a los fiduciarios para que lo determinen. Faltando la determinación, se abrirá la sucesión a favor de los más próximos parientes del testador, que serían sus herederos legales en el momento de extinguirse la fiducia.

LEY 294. Retribución.

El heredero fiduciario, aunque haya recibido cualquier liberalidad del testador, se entenderá facultado por el mismo, de no haber éste dispuesto otra cosa, para asignarse con cargo a la herencia o a sus frutos la retribución que estime adecuada a su trabajo.

LEY 295. Aplicación al pacto sucesorio.

Todas las disposiciones de este título se aplicarán a la fiducia o herencia de confianza instituida por pacto sucesorio.

TÍTULO XIII. DE LOS ALBACEAS

LEY 296. Facultades.

Los albaceas nombrados para ejecutar la voluntad del causante tendrán todas las facultades que éste les hubiera concedido, las cuales, si no se hubiese establecido otra cosa, podrán ejercitar por sí solos, aunque impliquen disposición sobre bienes inmuebles.

a) Albaceas singulares. Los albaceas singulares designados únicamente para actos o fines concretos y determinados tendrán sólo las facultades necesarias para el cumplimiento de la misión encomendada.

b) Albaceas universales. Los albaceas universales nombrados en términos generales, con o sin indicación de algunos fines determinados, además de las facultades expresamente concedidas por el causante, y salvo que éste hubiere dispuesto otra cosa, tendrán también las siguientes funciones:

1. Tomar posesión de la herencia y administrar los bienes hereditarios, formar inventario, cobrar créditos y pagar deudas.

2. Representar a la herencia, así judicial como extrajudicialmente, y nombrar Procuradores para el ejercicio de las acciones pertinentes.

3. Hacer las declaraciones necesarias para liquidación de toda clase de impuestos, pagar éstos e interponer los recursos que procedan.

4. Interpretar el testamento y demás actos de última voluntad ordenados por el causante.

5. Solicitar la adveración y protocolización de testamentos ológrafos y memorias testamentarias.

6. Sostener en juicio la validez del testamento y demás actos que contengan la última voluntad del causante.

7. Disponer y pagar todo lo referente a entierro, funerales y demás sufragios piadosos, conforme a lo ordenado por el causante o, en su defecto, según el uso del lugar.

8. Entregar legados de dinero o de otros bienes.

9. Enajenar bienes muebles de cualquier clase para pagar gastos, deudas, cargas y legados de dinero, si no lo hubiere suficiente en la herencia y siempre que los herederos no lo aportasen en la medida necesaria.

10. En general, ejecutar la última voluntad del causante, cumpliéndola y exigiendo su cumplimiento.

LEY 297. Plazo.

Los albaceas ejercerán sus funciones dentro del tiempo concedido por el causante, quien podrá prorrogarlo sin limitación. En cuanto a la prórroga concedida por el Juez o por los herederos, se estará a lo establecido en el artículo 905, párrafo segundo, y en el artículo 906 del Código Civil .

En el testamento de hermandad, el plazo señalado al albacea común a los testadores se contará, en cuanto a cada sucesión, a partir de la fecha de fallecimiento del respectivo causante.

LEY 298. Retribución.

Para la retribución de los albaceas, cuando el causante no haya dispuesto otra cosa, se estará a la costumbre del lugar o, en su defecto, a lo que fuere equitativo.

LEY 299. Notificación de mandas benéficas Nota de Vigencia.

El albacea, dentro del plazo de dos meses, a contar de la aceptación del cargo, deberá notificar las mandas pías o benéficas contenidas en la última voluntad a las personas o entidades interesadas o a las encargadas del cumplimiento. La misma obligación tendrá el Notario que autorice las escrituras de aceptación o partición de herencia, dentro de los dos meses siguientes a la autorización.

TÍTULO XIV. DE LA SUCESIÓN LEGAL

CAPÍTULO I. Disposiciones comunes

LEY 300. Concepto.

La sucesión legal tiene lugar siempre que no se haya dispuesto válidamente de toda la herencia o parte de ella por testamento, por pacto sucesorio o por cualquier otro modelo de deferirse la sucesión. conforme a esta Compilación. No tendrá lugar la apertura de la sucesión legal en el supuesto de la Ley 216.

LEY 301. Personas excluidas Nota de Vigencia.

Quedan excluidas de la sucesión legal las personas que hubieren renunciado a su derecho, tanto en vida del causante como después de la muerte de éste.

LEY 302. Reversión Nota de Vigencia.

Para los bienes sujetos a reversión se aplicarán, en sus respectivos casos, las disposiciones de las Leyes 116, 123, 135, párrafo segundo, y 279.

LEY 303. Reserva Nota de Vigencia.

Para los bienes sujetos a reserva se aplicarán, en sus respectivos casos, las disposiciones de las Leyes 274 a 278.

CAPÍTULO II. De la sucesión en bienes no troncales

LEY 304. Orden de suceder Nota de Vigencia.

La sucesión legal en bienes no troncales se deferirá por el siguiente orden de llamamientos, cada uno de los cuales será en defecto de todos los anteriores y excluirá a todos los posteriores:

1. Los hijos matrimoniales, los adoptados con adopción plena y los no matrimoniales cuya filiación llegue a determinarse legalmente, por partes iguales, y con derecho de representación en favor de sus respectivos descendientes.

2. Los hermanos de doble vínculo por partes iguales, y los descendientes de los premuertos, por representación.

3. Los hermanos de vínculo sencillo por partes iguales, y los descendientes de los premuertos, por representación.

4. Los ascendientes de grado más próximo. Si fuesen de distintas líneas, la herencia se dividirá por mitad entre ambas, y dentro de cada línea, por partes iguales.

5. El cónyuge o pareja estable no excluido del usufructo de fidelidad conforme a la Ley 254 Nota de Vigencia.

6. Los colaterales no comprendidos en los números 2 y 3 hasta el sexto grado, sin distinción de vínculo doble o sencillo, ni de líneas, excluyendo los de grado más próximo a los de más remoto, sin representación y siempre por partes iguales.

7. En defecto de los parientes comprendidos en los números anteriores, sucederá la Comunidad Foral de Navarra, que aplicará la herencia a instituciones de beneficencia, instrucción, acción social o profesionales, por mitad entre instituciones de la Comunidad y municipales de Navarra.

CAPÍTULO III. De la sucesión en bienes troncales

LEY 305. Cuándo tiene lugar.

La sucesión en bienes troncales tendrá lugar cuando el causante que no haya dispuesto de tales bienes fallezca sin descendientes que le hereden, conforme al número 1 de la Ley 304.

LEY 306. Bienes troncales.

Son bienes troncales los inmuebles que el causante hubiere adquirido a título lucrativo de sus parientes hasta el cuarto grado, o por permuta de otros bienes troncales. Conservarán el carácter de troncales los inmuebles adquiridos por retracto gentilicio.

LEY 307. Parientes troncales Nota de Vigencia.

Son llamados a suceder en los bienes troncales los parientes del causante que pertenezcan a la familia de la que procedan los bienes, conforme al orden siguiente:

1. Los hermanos, sin preferencia de doble vínculo y con derecho de representación.

2. El ascendiente de grado más próximo.

3. Los otros parientes colaterales hasta el cuarto grado, excluyendo los de grado más próximo a los del más remoto, sin representación y siempre por partes iguales; pero si concurrieren con ascendientes no troncales del causante, éstos tendrán, aunque contrajeren nuevas nupcias, el usufructo vitalicio de los bienes troncales.

En defecto de estos parientes, la sucesión se deferirá conforme a la Ley 304.

TÍTULO XV. DEL DERECHO DE REPRESENTACIÓN

LEY 308. Concepto Nota de Vigencia.

Derecho de representación es el de subrogarse en lugar de un ascendiente que hubiera sido llamado a adquirir una herencia u otra libertad mortis causa y que no pudo hacerlo por premoriencia o incapacidad.

LEY 309. Cuándo procede.

El derecho de representación se dará siempre que lo hubiere establecido el causante, quien podrá también excluirlo en cualquier caso.

A falta de disposición del causante, el derecho de representación se dará, tanto en la sucesión legal como en la voluntaria, a favor de sus descendientes sin limitación, y a favor de los descendientes de sus hermanos hasta el cuarto grado, a contar del propio causante.

LEY 310. Estirpes.

El derecho de representación se dará siempre por estirpes, aunque todos los que concurran sean del mismo grado. Dentro de cada estirpe, la distribución se hará por partes iguales entre los del mismo grado.

LEY 311. Exclusión.

No tendrán derecho de representación los descendientes de la persona que hubiere renunciado una herencia u otra liberalidad mortis causa. Sin embargo, la renuncia que los descendientes hicieren a la herencia de su causante no les privará del derecho a suceder a otro pariente por representación de aquél.

La desheredación por un ascendiente no excluirá el derecho de representación de los descendientes del desheredado, a no ser que aquél disponga otra cosa.

TÍTULO XVI. DEL DERECHO DE ACRECER

LEY 312. Cuándo procede.

Dejando a salvo las sustituciones y el derecho de representación o la voluntad en contra del disponente, cuando alguno de los herederos no hubiere llegado a adquirir su cuota, acrecerá ésta a favor de los coherederos en proporción a la que cada uno hubiese adquirido. Cuando el disponente hubiere establecido por grupos los llamamientos, el derecho de acrecer se dará a favor de los coherederos del propio grupo, y sólo en defecto de éstos a favor de los demás.

El derecho de acrecer no puede ser renunciado separadamente de la herencia. El acrecimiento implica también la subrogación en las cargas impuestas sobre la cuota vacante, salvo aquellas que sólo hubieran podido ser cumplidas por el heredero que no llegó a adquirirla.

LEY 313. Entre colegatarios.

Entre los colegatarios llamados conjuntamente a los mismos bienes el derecho de acrecer se dará del mismo modo que entre los coherederos.

LEY 314. En la sucesión legal.

En la sucesión legal la cuota no adquirida por un coheredero acrecerá siempre a los otros coherederos, salvo el derecho de representación cuando deba tener lugar.

En la sucesión a favor de ascendientes se dará el derecho de acrecer entre los de la misma línea, y sólo en defecto de éstos en favor de los de la otra línea.

TÍTULO XVII. DE LA ADQUISICIÓN Y DE LA RENUNCIA DE LA HERENCIA Y DE OTRAS LIBERALIDADES

LEY 315. Aceptación y renuncia.

La herencia se entiende adquirida por el heredero desde el fallecimiento del causante.

El heredero podrá renunciar la herencia mientras no la haya aceptado expresa o tácitamente; entre tanto, no se podrá ejercitar contra él ninguna acción sin previo requerimiento judicial o extrajudicial para que, dentro del plazo de treinta días, acepte o renuncie la herencia; el Juez, a instancia del heredero, podrá prorrogar el plazo a su prudente arbitrio. Transcurrido el plazo sin que el heredero renunciare, la herencia se entenderá adquirida definitivamente.

Los efectos de la renuncia se retrotraerán a la fecha del fallecimiento del causante.

La aceptación y la renuncia son irrevocables, habrán de referirse a la totalidad de la herencia, y no podrán hacerse a plazo ni condicionalmente.

LEY 316. Efectos de la renuncia.

El que renuncie a una herencia deferida por voluntad del causante quedará excluido de la sucesión legal de éste.

El que renuncie a la sucesión legal renuncia también a la voluntaria, a no ser que ignorase el llamamiento.

LEY 317. Derecho de transmisión.

El derecho del heredero a aceptar o renunciar la herencia se trasmite a sus propios herederos, pero éstos no tendrán tal derecho si hubieren renunciado la herencia de su causante; si fueren varios, podrán ejercitar el derecho independientemente unos de otros.

LEY 318. Responsabilidad “intra vires”.

El heredero responderá frente a los acreedores hereditarios y legatarios con el valor de los bienes de la herencia exclusivamente; pero si se excediere en el pago a los acreedores, éstos no estarán obligados a restituir. Se considerarán también acreedores de la herencia los que lo sean por gastos de última enfermedad, entierro y funerales.

LEY 319. Beneficio de separación.

a) Quiénes pueden solicitarlo. Los acreedores hereditarios, dentro del plazo de seis meses, a contar de la fecha del fallecimiento del causante, podrán solicitar del Juez la formación de inventario y la separación de los bienes de la herencia, con el fin de satisfacer con los mismos sus propios créditos, según su respectivo rango, excluyendo a los acreedores particulares del heredero hasta la total satisfacción de aquellos créditos. Hasta tal momento no se confundirán las deudas y créditos existentes entre el heredero y el causante, ni se extinguirán las correspondientes garantías.

Los legatarios tendrán ese mismo derecho para asegurar el cumplimiento de los legados con el remanente de la herencia después de quedar satisfechos aquellos acreedores.

b) Efectos. La separación de bienes hereditarios afectará a éstos para el pago preferente a los acreedores y legatarios que la hubieran solicitado. El Juez, a petición de los interesados, señalará plazo para la formación de inventario y decretará las anotaciones y embargos preventivos, notificaciones y demás medidas de aseguramiento.

Una vez satisfechos los acreedores de la herencia y legatarios que hubieren solicitado la separación, serán pagados los acreedores y legatarios que no la hubieren solicitado, sin más preferencia entre ellos que la que les corresponda por la naturaleza de sus créditos o conforme a lo dispuesto en la Ley Hipotecaria .

LEY 320. Adquisición.

a) Por pacto o donación mortis causa. La adquisición de la herencia deferida por pacto sucesorio se regirá, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 178, por lo establecido en la Ley 114 para donaciones “propter nuptias”, y la de las donaciones mortis causa, por lo dispuesto en la Ley 168.

LEY 321

b) De legados. Los legados se adquirirán desde el momento de la muerte del causante y se les aplicará lo dispuesto en las Leyes 315, 316 y 317 para la adquisición de la herencia.

Salvo que resulte otra la voluntad del testador, el legatario que sea a la vez heredero podrá aceptar la herencia y renunciar el legado, y el legatario favorecido con varios legados podrá renunciar unos y aceptar otros, pero si alguna de las disposiciones fuere onerosa, la renuncia o aceptación deberá ser conjunta.

TÍTULO XVIIII. DE LA ACCIÓN DE PETICIÓN DE HERENCIA

LEY 322. Legitimación.

El heredero tiene la acción de petición de herencia contra cualquier poseedor de bienes hereditarios o deudor de la herencia o persona que hubiere obtenido algún lucro de ella, siempre que le niegue la cualidad de heredero al demandante.

LEY 323. Venta de bienes hereditarios por el poseedor.

Cuando el demandado hubiere enajenado bienes de la herencia, deberá restituir lo obtenido por ellos a no ser que los enajenare de mala fe, en cuyo caso responderá de todos los perjuicios que ocasionó. En cuanto a los frutos y mejoras se aplicará la Ley 362.

LEY 324. Prescripción.

La acción declarativa de la cualidad de heredero es imprescriptible. La acción de petición de herencia prescribe a los treinta años.

TÍTULO XIX. DE LA CESIÓN DE HERENCIA

LEY 325. Efectos.

La cesión de la herencia no confiere al cesionario la cualidad de heredero. El cedente y el cesionario responderán solidariamente de las cargas hereditarias, sin perjuicio del derecho de reembolso en favor del primero.

LEY 326. Acciones.

El cesionario podrá ejercitar por sí mismo todas las acciones de la herencia cedida, incluso la de petición de herencia; pero en la partición deberá concurrir también el cedente por sí o por representación.

LEY 327. Forma.

Será nula la cesión de la herencia que no se haga por escritura pública.

LEY 328. Contenido.

Salvo pacto en contrario;

1. La herencia se entiende cedida en el estado en que se hallaba en el momento de la cesión.

2. Se comprenderán en la cesión el dinero o los bienes que sustituyeron por subrogación a los que el cedente hubiere enajenado y los frutos percibidos; asimismo, los incrementos por derecho de acrecer.

3. El cedente responderá de toda disminución de la herencia que se deba a su propio dolo.

4. El cedente podrá exigir del cesionario el reembolso de las impensas y gastos necesarios en razón de los bienes de la herencia.

5. El cedente a título oneroso responderá frente al cesionario solamente de su titularidad, y no estará obligado a responder por evicción de los bienes hereditarios; sin embargo, deberá realizar todos los actos necesarios para hacer plenamente eficaz la transmisión de cada uno de los bienes comprendidos en la herencia.

6. El cedente a título lucrativo, cuando se trate de donación con carga o remuneratoria, sólo responderá de su titularidad hasta el valor de la carga impuesta o del servicio remunerado.

LEY 329. Retracto.

En la herencia indivisa, si un heredero cediere su derecho sí por precio, a persona distinta de los otros coherederos, tendrán éstos el mismo derecho de retracto que concede la Ley 372.

LEY 330. Legatario de parte alícuota.

Cuando ceda su cuota un legatario de parte alícuota que, con arreglo a la Ley 219, no tenga la condición de heredero:

1. Será aplicable a esta cesión lo dispuesto en la Ley 328.

2. Deberá concurrir a la partición en los mismos términos que para el heredero cedente señala la Ley 326.

3. El colegatario llamado conjuntamente con el cedente tendrá derecho de retracto, y, en su defecto, podrán ejercitar este derecho los herederos conforme a lo dispuesto en la Ley 329.

TÍTULO XX. DE LA PARTICIÓN DE HERENCIA

CAPÍTULO I. Disposiciones generales

LEY 331. Acción de división Nota de Vigencia.

Cualquiera de los herederos podrá exigir en todo tiempo la división de la herencia, excepto en los casos siguientes:

1. Cuando el causante hubiere ordenado la indivisión, bien por todo el tiempo que dure el usufructo de fidelidad a favor del cónyuge viudo, bien por el tiempo que falte para que el heredero de menos edad tome estado o, aun sin contraerlo, llegue a los veinticinco años; bien, en cualquier otro caso, por un plazo máximo de diez años, a contar del fallecimiento.

2. Cuando los herederos lo acuerden por el tiempo y en cualquiera de los supuestos previstos en el número 1. Mediante nuevo acuerdo, estos plazos podrán prorrogarse por término que, cada vez, no sea superior a diez años.

LEY 332. Colación.

La obligación de colacionar no se presume.

Sólo tendrá lugar la colación cuando expresamente se hubiera establecido, o cuando, tratándose de coherederos descendientes, se deduzca claramente de la voluntad del causante. En todo caso, esta voluntad deberá constar en el mismo acto de la liberalidad o en otro acto distinto cuyos efectos hayan sido aceptados por el que recibió aquella liberalidad.

Aunque la liberalidad se hubiera hecho con obligación de colacionar, el causante podrá dispensar de dicha obligación en acto posterior ínter vivos o mortis causa.

LEY 333. Liberalidades no colacionables.

Cuando el causante hubiera dispuesto la colación de las liberalidades hechas por él, no se entenderán comprendidos, salvo que expresamente así lo declare, los gastos de alimentos, vestidos y asistencia de enfermedades, los regalos módicos según costumbre y los gastos de educación, aprendizaje o carrera.

LEY 334. Colación y representación.

En los casos de representación sucesoria, cuando proceda la colación, ésta comprenderá lo recibido por el representado, y lo que el representante a su vez hubiera recibido después de la muerte de aquél.

LEY 335. Modos de colacionar.

La colación se realizará, a elección del obligado, bien mediante aportación efectiva de los bienes objeto de la liberalidad, bien computando el valor que en el momento de la muerte del causante tengan aquellos bienes o hubieran tenido los anteriormente enajenados.

Cuando se colacionen los mismos bienes, se deberán también los frutos producidos desde la muerte del causante. Si se computa el valor, se deberán los intereses legales del mismo a partir de aquel momento.

En cuanto a mejoras, se aplicará lo establecido en la Ley 362 para el poseedor de buena fe.

El obligado a colacionar no responderá de las pérdidas y menoscabos de los bienes, sino cuando haya obrado con dolo.

LEY 336. Rescisión de la partición.

La partición podrá ser rescindida por lesión en más de la mitad del justo precio del valor de las cosas al tiempo en el que fueron adjudicadas. Será aplicable a la acción para pedir la rescisión lo dispuesto en la Ley 34.

LEY 337. Legatario de parte alícuota.

A los efectos de la partición, el legatario de parte alícuota se considerará como heredero.

CAPÍTULO II. Partición por el causante

LEY 338. Formas.

El causante podrá hacer la partición de sus bienes en el mismo acto de disposición mortis causa o en acto separado que revista una de las formas que esta Compilación admite para disponer por causa de muerte.

Si la partición se hiciere en el mismo acto de disposición y resultare alguna contradicción entre las cláusulas dispositivas y las particionales, prevalecerán éstas sobre aquéllas en la medida de la contradicción.

Si se hiciere en acto separado, las cláusulas particionales no podrán modificar las contenidas en el acto dispositivo, a menos que éste fuera revocable y pudiera ser revocado mediante la forma adoptada para el acto de partición.

LEY 339. Derechos de hijos de anterior matrimonio.

En todo caso, quedarán a salvo los derechos que a los descendientes de anterior matrimonio se reconocen en las Leyes 106 y 272.

CAPÍTULO III. Partición por contador-partidor

LEY 340. Facultades Nota de Vigencia.

El causante, en cualquier acto mortis causa, podrá nombrar uno o varios contadores-partidores, quienes, salvo lo que aquél hubiese establecido, tendrán facultades para realizar por sí solos la partición de la herencia, liquidar, en su caso, con el cónyuge viudo la sociedad conyugal, y todas las demás necesarias para la partición de los bienes del causante o para intervenir en la división de bienes a los que aquél tuviere derecho.

El testador podrá facultar al contador-partidor para que, sin necesidad de intervención ni aprobación judicial de la partición, pueda adjudicar todo o parte de los bienes hereditarios a alguno o algunos de los herederos y disponer que la cuota de los restantes sea pagada o completada en dinero.

LEY 341. Incapacidades.

No pueden ser contadores-partidores el heredero, el legatario de parte alícuota, el cónyuge viudo o el miembro sobreviviente de pareja estable por Ley Nota de Vigencia.

LEY 342. Inventario.

Si alguno de los herederos fuera menor de edad, incapacitado o declarado ausente, el contador-partidor, salvo dispensa del causante, deberá inventariar los bienes de la herencia con citación de los herederos, acreedores y legatarios.

LEY 343. Plazo y retribución.

En cuanto al plazo del cumplimiento de su función, retribución de los contadores-partidores y obligación de notificar mandas pías o benéficas, se estará a lo dispuesto en las Leyes 297, 298 y 299, respectivamente.

LEY 344. Exclusión del contador Nota de Vigencia.

Si el causante no hubiere establecido otra cosa, los herederos podrán proceder a la partición por acuerdo unánime prescindiendo del contador-partidor.

Contador dativo

En defecto de partición hecha por el causante, si tampoco éste hubiera nombrado contador-partidor o si el cargo hubiese quedado vacante, los herederos y legatarios que sumen al menos dos tercios de caudal hereditario líquido podrán acudir al Juez para que designe contador que practique la partición, la cual requerirá aprobación judicial, salvo que fuere ratificada por todos los herederos y legatarios.

CAPÍTULO IV. Partición por los herederos

LEY 345. Modos de hacerla Nota de Vigencia.

A falta de partición realizada en cualquiera de las formas previstas en el capítulo III, los herederos, por acuerdo unánime, podrán distribuir la herencia de la manera que tengan por conveniente.

Cuando, en sus respectivos casos, los herederos menores o incapacitados se hallaren legalmente representados en la partición, ésta será válida y plenamente eficaz sin necesidad de intervención ni de aprobación judicial.

Si no hubiere acuerdo entre los herederos, quedará a salvo el derecho de cualquiera de éstos para ejercitarlos en la forma prevenida en la Ley de Enjuiciamiento Civil .

LIBRO III. DE LOS BIENES

TÍTULO I. DE LA PROPIEDAD Y POSESIÓN DE LAS COSAS

CAPÍTULO I. Principios generales

LEY 346. Propiedad privada y pública.

Son bienes de propiedad privada los que se hallan en el patrimonio de las personas particulares, individuales o jurídicas, así como los “bienes de propios” pertenecientes al Estado o a las Corporaciones reconocidas por las Leyes 42 y 43.

Son bienes públicos los comunales y los que pertenezcan al común de vecinos, así como los del Estado o de otras Corporaciones públicas no comprendidos en el párrafo anterior.

LEY 347. Inmuebles y muebles.

Son bienes inmuebles las fincas y los derechos sobre las mismas, así como, salvo prueba en contrario, todo lo que a ellas se halla inseparablemente unido y los accesorios que se destinan a su servicio. Todas las otras cosas son bienes muebles. Los frutos se consideran bienes muebles desde que sean aparentes conforme a la Ley 354.

LEY 348. Cerramiento de fincas.

Todo propietario tiene derecho a cercar sus fincas, pero deberá respetar el ejercicio de los derechos reales que existan sobre ellas.

Se entenderá por finca cerrada la cercada por tapia o pared, alambrada, seto vivo o seto con palos, o de cualquier otro modo, dejando puerta, “langa” o “queleta”, conforme al uso o costumbre del lugar.

Cuando se restablezca el cercado se observará lo dispuesto en la Ley 368.

LEY 349. Deslinde.

El propietario de un inmueble y todo otro titular de un derecho real sobre el mismo puede solicitar judicialmente el deslinde y amojonamiento de su finca. Los límites aparentes de una finca que hayan permanecido indiscutidos durante treinta años no podrán ser revisados a estos efectos.

LEY 350. Denuncia de obra nueva.

Si un propietario denuncia la obra nueva de otro vecino como contraria a su derecho, se podrá proseguir la construcción dando garantía de la eventual demolición o indemnización si procediere; en otro caso, se estará a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil para el interdicto de obra nueva.

LEY 351. Perjuicios provenientes de finca vecina.

El poseedor de un inmueble no podrá alterar, en perjuicio de su vecino, la forma y curso actual de las aguas sobre su finca.

Cuando de algún modo pueda temerse en una finca cualquier daño proveniente de otra vecina, y no se imponga por la Administración la reparación de la causa del posible perjuicio, el propietario que tema aquel daño puede exigir del poseedor de la otra finca una garantía de indemnidad.

LEY 352. Cosas fungibles.

Las cosas se determinan por su individualidad específica o por la cantidad del género a que pertenecen; estas últimas se llaman cosas fungibles.

Cosas consumibles

Son consumibles aquellas cosas de las que no se puede hacer uso apropiado sin consumirlas de hecho o perder su propiedad.

LEY 353. Frutos.

a) En general. Los frutos pertenecen al propietario de la cosa principal. Cuando otra persona distinta del propietario tiene derecho a los frutos, adquiere los naturales por su percepción, salvo lo dispuesto en la Ley siguiente; y los que consisten en una cantidad de dinero, día a día. Cuando los frutos se perciban por mediación de un aparcero, se observará lo dispuesto para los frutos naturales.

El poseedor de buena fe debe restituir al propietario los frutos por él percibidos pero no consumidos.

LEY 354

b) En heredades. Cuando el propietario u otra persona que tenga derecho a los frutos deba cesar en la posesión de la heredad que lo produce, le corresponderán éstos como aparentes, conforme a las reglas siguientes:

1. Si la heredad es de tierra blanca o destinada al cultivo de cereales, si cesare en la posesión después del día 25 de marzo, festividad de la Anunciación de Nuestra Señora.

2. Si se trata de viñas u olivares, si cesare en la posesión después del día 24 de junio, festividad de San Juan Bautista.

3. En todo otro tipo de cultivo, si cesare en la posesión después de que los frutos se consideren aparentes según los usos del lugar.

Cuando los frutos pertenecieren al poseedor entrante, deberá éste abonar al saliente los gastos correspondientes al cultivo y labores.

LEY 355. Adquisición de la propiedad.

La propiedad de las cosas se adquiere por acto de disposición mortis causa o por la entrega de las mismas hecha por su propietario en virtud de un convenio que justifique la transmisión. También puede adquirirse por la usucapión o prescripción adquisitiva, por hacerse una cosa accesoria de otra principal y por disposición de la Ley.

LEY 356. Usucapión.

a) Plazos. La usucapión de los bienes muebles es de tres años. La de los inmuebles es de veinte años si el propietario desposeído se halla domiciliado en Navarra, y de treinta años en otro caso. En la usucapión de veinte años no se computará el tiempo de ausencia.

LEY 357

b) Requisitos. Para adquirir la propiedad por usucapión se requiere que el adquirente posea como propietario con justa causa y buena fe. Probada la causa justificativa de su posesión se presume que posee de buena fe, y no se admite lo prueba de haberla perdido después de iniciada la posesión. Se entiende por buena fe la creencia de poder poseer como titular del derecho.

Prescripción extraordinaria

Cuando no pueda probarse la justa causa, la propiedad se adquirirá por la pacífica posesión como propietario durante cuarenta años, salvo que el propietario hubiere estado ausente de Navarra durante todo este tiempo.

LEY 358. Bienes de Entidades públicas.

No se requiere transcurso de tiempo para la adquisición de las cosas recibidas de instituciones del Estado o de Entidades públicas.

LEY 359. Interrupción.

La usucapión se interrumpe por la pérdida de la posesión o por la reclamación judicial.

LEY 360. Apariencia de derecho.

Quien por sí o por mediación de otros ejercita sin contradicción un derecho que aparentemente tiene, se presume que es titular del mismo en tanto no se pruebe lo contrario.

“Libros de abolengo”

Los “libros de abolengo” constituirán prueba de la titularidad dominical originaria de la finca.

LEY 361. Sucesión en la posesión.

El heredero tan sólo es poseedor de los bienes hereditarios desde que se hace cargo de ellos, pero el tiempo que poseyó el causante le aprovecha a efectos de la usucapión. También aprovecha al adquirente a título singular el tiempo que poseyó el causante. En todo caso, los requisitos de la posesión, necesarios para la usucapión de que se trate, habrán de concurrir en el causante y en el causahabiente.

LEY 362. Posesión de buena fe.

El poseedor de buena fe que deba restituir la cosa poseída tiene derecho a retenerla para exigir el abono de los gastos necesarios y mejoras útiles que hizo en la cosa y no puedan estimarse compensados con los frutos que percibió. Respecto a las mejoras de puro embellecimiento o suntuarias que haya introducido en la cosa, sólo tendrá derecho a retirar aquellas que puedan ser separadas sin deterioro de la cosa principal.

Posesión de mala fe

El poseedor de mala fe, siempre que no haya poseído por sustracción de la cosa, podrá reclamar los gastos necesarios y retirar del mismo modo los útiles o suntuarios.

LEY 363. Representación del poseedor.

La posesión se puede adquirir y retener por mediación otra persona que ejerce el poder sobre la cosa como representante. Este no puede empezar a poseer personalmente con propietario sin especial permiso del poseedor.

LEY 364. Pérdida de la posesión.

Se pierde la posesión cuando se transfiere, abandona o de cualquier modo cesa el ejercicio efectivo del derecho en beneficio de otra persona. Cuando se pierda la tenencia de un inmueble, la posesión se considerará perdida al año y día de la tenencia efectiva por otra persona.

CAPÍTULO II. De las limitaciones de la propiedad

LEY 365. Clases.

Las limitaciones de la propiedad son impuestas por la Ley o de carácter voluntario, como las servidumbres u otros derechos reales constituidos sobre cosa ajena.

LEY 366. Cosas litigiosas.

No se puede vender, donar ni en general disponer de las cosas litigiosas, en tanto no se declare quién tiene derecho a hacerlo, a no ser que se haga bajo condición suspensiva de confirmarse la propiedad del disponente.

LEY 367. Limitaciones en inmuebles.

a) Principio general. Los propietarios u otros usuarios de inmuebles no pueden causar riesgo a sus vecinos ni más incomodidad que la que pueda resultar del uso razonable de su derecho, habida cuenta de las necesidades de cada finca, el uso del lugar y la equidad.

b) Árboles. Cuando las raíces de un árbol se introduzcan en la tierra de una finca vecina, el propietario de ésta podrá proceder directamente a la corta de aquellas raíces en la medida en que excedan del límite. Si la introducción es de las ramas, el propietario del árbol deberá talarlas, a no ser que el propietario de la finca perjudicada prefiera indemnizarse con la mitad de los frutos producidos por aquellas ramas.

c) Eras. El propietario de una era puede impedir que se levanten edificaciones en las fincas colindantes, siempre que pruebe que perjudican su labor y que se halla en el uso efectivo de la era.

LEY 368. Reconstrucción de cerramientos.

El propietario que quisiere rehacer o mejorar los cerramientos de su finca, podrá ocupar de la colindante la mitad del terreno necesario, pero si antes no hubieran existido cerramientos, el que los levantare deberá hacerlo sólo en su terreno, salvo que el colindante quisiere ceder la parte necesaria del suyo.

LEY 369. Colmenas.

No se pueden instalar nuevas colmenas, “vasos de ventura” o artificios propios para captar enjambres, sino a la distancia de doscientos treinta y cinco metros, al menos, respecto a otra colmena ocupada o a finca habitada.

TÍTULO II. DE LAS COMUNIDADES DE BIENES Y DERECHOS

CAPÍTULO I. Principios generales

LEY 370. Constitución.

Las comunidades se constituyen:

1. Cuando dos o más personas adquieren conjuntamente unos bienes o derechos por cualquier título voluntario o legal.

2. Cuando el propietario único de una cosa o el titular de un derecho enajena una cuota indivisa.

3. Cuando dos o más personas ponen en común determinados bienes de su respectiva propiedad para su atribución conjunta a todos ellos mediante la asignación de cuotas indivisas. Si se pusieren en común fincas colindantes, podrán ser agrupadas para constituir una sola, que corresponderá a los comuneros por cuotas indivisas en proporción a sus respectivas aportaciones.

LEY 371. Régimen.

Las comunidades de bienes o derechos se rigen por el título de constitución y, en su defecto, por los usos y costumbres y por las disposiciones del presente título.

Supletoriedad de la comunidad pro indiviso

Las comunidades especiales y las “corralizas” se regirán, respectivamente, por las disposiciones de los capítulos III y IV y, supletoriamente, por las del capítulo II de este título.

CAPÍTULO II. De la comunidad pro indiviso

LEY 372. Actos de disposición.

En la propiedad pro indiviso, cada titular puede disponer de su propia cuota, quedando a salvo el derecho de retracto de los otros copropietarios conforme a lo dispuesto en el Código Civil .

Para que se pueda constituir una servidumbre u otro derecho indivisible, se requerirá la disposición unánime de todos los condueños, pero la constitución parcial obliga al que la hace a tolerar el ejercicio de hecho del derecho que quiso constituir. En este caso, el adquirente que no consiga la constitución por parte de los otros copropietarios podrá pedir la resolución del contrato. Si el copropietario constituyente llegare a ser propietario de la cosa entera, o de la parte realmente gravada por aquel derecho, el adquirente del mismo podrá exigir la constitución total mediante complemento del precio, si procede.

Actos de uso o administración

En los actos de simple uso, administración o modificación material de la cosa común, cada titular puede oponerse judicialmente al otro que intenta realizarlos, y toda gestión ya realizada quedará sin efecto en la medida en que resulte perjudicial a los intereses de la comunidad según arbitrio del Juez.

LEY 373. Convenios.

Los titulares pueden modificar el régimen de la comunidad mediante convenio, que valdrá entre ellos como contrato de sociedad. A falta de pacto, las cuotas se presumirán iguales, tanto para las cargas como para los provechos de la comunidad.

LEY 374. Divisibilidad.

La comunidad pro indiviso es en cualquier momento divisible a petición de uno o más titulares. Sin embargo, cuando se solicite la división contra la buena fe que se debe al acuerdo comunitario, expreso o tácito, habrá obligación de indemnizar el daño causado.

El pacto de renuncia temporal a la acción divisoria es válido y obliga no sólo a los copropietarios, sino también a sus causahabientes; no obstante, podrá ser dejado sin efecto por la decisión del Juez fundada en la falta de utilidad de la indivisión. Lo mismo valdrá cuando el que ha constituido la propiedad pro indiviso declare su voluntad de que aquélla permanezca sin dividir. Se considerará temporal la indivisibilidad cuando no exceda de noventa y nueve años.

La división convenida por los titulares deberá ser aprobada por unanimidad. Si no hubiere acuerdo, se hará la división judicialmente, y si la cosa fuere indivisible, podrá el Juez proponer la adjudicación de la cosa entera a favor del copropietario que la acepte por su tasación judicial, con la condición suspensiva de pagar en dinero a los demás la compensación correspondiente. Dentro del plazo de seis días, a contar de la adjudicación, cualquiera de los copropietarios podrá pedir que se le adjudique la cosa, consignando el precio de la tasación judicial mejorado en una sexta parte, por lo menos. Caso de ser varios los que hubieren ejercido este derecho, dentro de los cuatro días siguientes se celebrará entre todos los copropietarios una subasta cuyo remate será definitivo.

Al tiempo de efectuar la división judicial se podrá, si fuere necesario, adjudicar a uno de los copropietarios el usufructo y a otro la nuda propiedad, y constituir servidumbres entre las fincas resultantes de la división.

En el caso de que la adjudicación no fuere posible en favor de un copropietario, el Juez procederá a la venta de la cosa en pública subasta, conforme a la Ley 575.

La división de la cosa común no afectará a los derechos reales de quienes no hubieren sido parte en aquélla.

LEY 375. Comunidad de otros derechos.

Las reglas de las leyes anteriores se aplicarán a la comunidad de otros derechos que sean divisibles.

CAPÍTULO III. De las comunidades especiales

LEY 376. Pertenencias comunes.

Salvo acuerdo unánime, la comunidad sobre elementos al servicio de varias fincas, como paredes, muros, cercas o vallados medianeros, así, como molinos, hornos, eras, pozos, norias, acequias u otros semejantes, será indivisible y ningún comunero podrá disponer de su parte separadamente de las fincas a que aquellos elementos sirvan.

Se presumen comunes a las edificaciones los vanos entre las fincas urbanas conocidos con el nombre de “belenas” o “etxekoartes”, que se regirán por lo dispuesto en esta Ley y en el párrafo segundo de la Ley 404.

LEY 377. Comunidad en mancomún.

La comunidad en mancomún, que exista por costumbre o establecida por voluntad de los constituyentes, será indivisible, salvo pacto unánime. Ningún comunero podrá disponer de su parte sin consentimiento de todos los demás titulares.

LEY 378. Comunidad solidaria.

La comunidad en la propiedad o en cualquier derecho real a favor de varios titulares será solidaria, cuando así se disponga en el título de su constitución. En la comunidad solidaria, cada comunero puede por sí solo ejercitar plenamente el derecho y disponer de la totalidad del mismo, sin perjuicio de su responsabilidad frente a los demás titulares.

CAPÍTULO IV. De las “corralizas”

LEY 379. Concepto.

Salvo los casos en que la denominación de “corraliza” aparezca empleada exclusivamente para expresar la naturaleza o destino de una finca o de un coto de fincas, se entiende por “corraliza”, bien un derecho de aprovechamiento parcial sobre la finca ajena, bien la comunidad indivisible constituida por la concurrencia de diversos titulares dominicales, con atribución, a uno o a vanos, de los aprovechamientos especiales de pastos, hierbas, aguas, leñas, siembras u otros similares. Estos derechos especiales son transmisibles ínter vivos o mortis causa.

En las “corralizas” constituidas sobre fincas de origen comunal se presume, a no ser que resulte lo contrario, que la propiedad del suelo corresponde al Municipio.

LEY 380. Régimen.

La “corraliza” se regirá por el título y los usos Y, en su defecto, por la costumbre local o general. De no resultar de ellos otra cosa, cada titular podrá ejercitar su aprovechamiento en toda la extensión que consienta el disfrute correspondiente a los demás titulares.

LEY 381. Limitaciones usuales.

El derecho de pastos en la “corraliza” se entenderá limitado, a no haber pacto, uso o costumbre en contrario, al tiempo en que estuvieren levantadas las cosechas, y deberá ejercitarse respetando las “sobreaguas” y los terrenos “riciados”.

LEY 382. Redención.

Las “corralizas” serán redimibles:

1. Por voluntad unánime de los partícipes.

2. Cuando graven fincas comunales, a instancia del Municipio.

3. En las demás fincas, cuando el Juez estime en juicio contencioso que la subsistencia de estos derechos dificulta notablemente el cultivo o la explotación racional de las fincas según su naturaleza.

4. Y, en todo caso, cuando los corraliceros se opongan a las modificaciones que se introduzcan en las fincas para su mejora y que total o parcialmente resulten incompatibles con el ejercicio del derecho de “corraliza”.

En los supuestos previstos en los números dos, tres y cuatro, el capital que haya de abonarse por la redención se, determinará en consideración al valor de los aprovechamientos y al beneficio que la redención reporte al dueño del terreno. Cuando el Juez lo considere conveniente podrá sustituir el pago de la estimación por la adjudicación de tierra en propiedad.

LEY 383. Retracto.

Si alguno de los titulares enajenaré su derecho, los partícipes podrán ejercitar el retracto de comuneros, prefiriéndose, en caso de concurrencia, al retrayente titular de aprovechamiento de la misma naturaleza que el enajenado.

Cuando se enajenaré el derecho de cultivo sobre una parcela determinada de la finca, se dará preferencia en el retracto al que tenga derecho a cultivar la parcela de mayor extensión.

CAPÍTULO V. De las “facerías”, “helechales”, “dominio concellar” y “vecindades foranas”

LEY 384. “Facería”.

La “facería” consiste en una servidumbre recíproca entre varias fincas de propiedad colectiva o privada.

Las “facerías” se rigen por el título, pactos o concordias que hubiese establecidos, por las disposiciones de esta Compilación a ellas referentes y, en lo no previsto, por lo dispuesto para las servidumbres o las comunidades en su caso.

LEY 385. Limitaciones usuales.

En las “facerías” los ganados podrán pastar de sol a sol en el término facero, pero no podrán acercarse a los terrenos sembrados o con frutos pendientes de recolección.

LEY 386. “Comunidad facera”.

La “comunidad facera” consiste en la concurrencia de varios titulares dominicales que constituyen una comunidad para un determinado aprovechamiento solidario, que se regirá por lo dispuesto en las leyes 377 y 378, en cuanto no se opongan a lo establecido en este capítulo.

LEY 387. Divisibilidad.

La “comunidad facera” es divisible, salvo que se hubiere constituido por un tiempo determinado o como indivisible a perpetuidad, en cuyo caso podrá dividirse sólo excepcionalmente cuando el Juez considere gravemente lesiva la permanencia en la indivisión.

Cuando se trate de “comunidades faceras” entre villas o pueblos y no consten las cuotas o aportaciones respectivas, en defecto de otra regla aplicable, se estará al número de vecinos de cada villa o pueblo al tiempo de pedirse la división.

LEY 388. “Helechales”. Concepto.

Bajo esta denominación de “helechal”, cuando este término no aparezca empleado exclusivamente para expresar la naturaleza o destino de una finca, se entienden los derechos de aprovechamiento de las producciones espontáneas de helecho de montes comunales.

LEY 389. Limitaciones usuales.

Ni el dueño del aprovechamiento puede hacer cierres, plantaciones o siembras en el “helechal”, ni el dueño del terreno puede realizar acto alguno que perjudique el aprovechamiento.

LEY 390. Retracto y redención.

Respecto a la redención y al retracto de los “helechales”, se estará a lo dispuesto para las “corralizas” en las Leyes 382 y 383.

LEY 391. “Dominio concellar”.

El patrimonio forestal y cualesquiera otras propiedades, aprovechamientos o derechos pertenecientes a las Juntas Generales de los Valles del Roncal y Salazar, y que estén destinados a satisfacer necesidades colectivas de sus vecinos, son de “dominio concellar”, que se regulará por las ordenanzas, acuerdos legítimamente adoptados, convenios y costumbres locales. El “dominio concellar” es indivisible.

Corresponden a la Junta General todas las facultades de administración y disposición, que deberá ejercitar atendiendo a las necesidades y conveniencias directas o indirectas del Valle o de sus vecinos.

LEY 392. “ Vecindad forana”.

La participación en el disfrute de los bienes comunales, concedida por los municipios como “vecindad forana”, aun constituida por titulo administrativo, tiene naturaleza civil y carácter de derecho real.

Los pueblos cuyos terrenos comunales se hallen gravados con “vecindades foranas” podrán redimirlas mediante el pago de su valor a los que tengan derecho a ellas. A falta de convenio, el capital para la redención se determinará en consideración al valor de los aprovechamientos y al beneficio que la redención reporte.

Si se enajenaré la “vecindad forana”, el Municipio tendrá derecho de retracto a favor de la comunidad de vecinos. Este derecho se regirá en cuanto a los plazos por lo establecido en la Ley 458 para el retracto gentilicio, y será preferente a este.

En caso de permuta, se determinará el valor de la vecindad por tasación de dos peritos nombrados uno por cada Parte, y, si hay discordia, de un tercero, por acuerdo de aquéllos o, en defecto de acuerdo, por el Juez.

En lo sucesivo no podrán constituirse “vecindades foranas”.

TÍTULO III. DE LAS SERVIDUMBRES

LEY 393. Concepto.

Son servidumbres los derechos reales establecidos sobre una finca en beneficio de otra colindante o vecina, y que consisten en el ejercicio de un determinado uso de ella, o en la limitación de cualquiera de las facultades del propietario.

LEY 394. Distinción.

No son servidumbres:

1. Las limitaciones legales por razón de vecindad.

2. Los derechos de uso o aprovechamiento establecidos en favor de una persona sobre finca ajena, con independencia de toda relación entre predios, los cuales se regirán por lo establecido en el capítulo II del título IV de este libro.

LEY 395. Caracteres.

El derecho de servidumbre es indivisible e inseparable del fundo dominante; y tiene carácter permanente, cuando no se hubiere constituido bajo término o condición. Se consideran constituidas bajo condición las servidumbres referidas a inmuebles de futura construcción o derribo, así como aquellas cuyo contenido consista en una utilidad futura.

LEY 396. Constitución.

Las servidumbres pueden constituirse por actos inter vivos o mortis causa y por adjudicación judicial en juicio divisorio o por acto particional.

Cuando en el acto de constitución no haya determinación precisa del contenido de la servidumbre, se llevará a efecto esta determinación, a falta de acuerdo entre los interesados, por la persona facultada para ello por el constituyente o, en su defecto, por decisión judicial en atención a los signos aparentes, las circunstancias de los predios y el uso del lugar.

LEY 397. Prescripción.

Las servidumbres se adquieren por la prescripción ordinaria de bienes inmuebles o por la extraordinaria. El tiempo empezará a contar, en las servidumbres positivas, desde el primer acto de su ejercicio; en las negativas aparentes, desde la aparición de los signos de servidumbre, y en las negativas no aparentes, desde la prohibición formal del acto que la servidumbre impediría realizan

Largo tiempo

En todo caso, se respetará el uso de una servidumbre aparente cuyo ejercicio indiscutido durante largo tiempo se estime que puede continuar sin perjuicio para la finca que lo padece.

Asimismo se considerarán como servidumbre los servicios establecidos con signo aparente entre fincas de un mismo propietario, cuando se separe la propiedad de ambas por actos inter vivos o de última voluntad de aquél, si al tiempo de la separación subsiste el signo y si el título de disposición no excluye expresamente la servidumbre.

LEY 398. Interrupción de la prescripción.

La prescripción tan sólo se interrumpirá por la reclamación judicial conforme a la Ley 40; y por la formalización de un acto obstativo o por un ostensible signo prohibitivo.

LEY 399. Constitución o modificación por Ley.

Cuando una Ley haga necesaria la constitución o modificación de una servidumbre, sólo podrán ser exigidas por el titular de la finca favorecida en la forma menos gravosa para el que deba padecerlas, y previo, siempre, el pago de la justa indemnización. En defecto de convenio, la servidumbre quedará constituida o modificada por decisión judicial o administrativa, según corresponda.

El mismo derecho tendrá el propietario de una finca enclavada para que se constituya una servidumbre de paso sobre aquellas heredades en que resulte menos gravosa la servidumbre.

LEY 400. Ampliación de servidumbre.

Cuando una servidumbre de paso llegare a ser insuficiente para las necesidades del predio dominante, el dueño de éste podrá pedir la ampliación en la medida en que tales necesidades lo exigieren, siempre que el estado del predio sirviente lo permita sin grave perjuicio, y mediante abono de la justa indemnización.

LEY 401. Modificación de servidumbre.

El propietario de la finca gravada por la servidumbre no puede perjudicar el uso de la misma, pero podrá solicitar por vía judicial la variación de su forma cuando necesite razonablemente de la plena disposición de la parte de la finca afectada por la servidumbre, siempre que no cause perjuicio al titular de ésta.

LEY 402. Pastos.

El propietario de una finca gravada con servidumbre de pastos podrá cerrarla, pero para el acceso del ganado de la finca dominante deberá dejar paso, “langa” o “queleta”.

LEY 403. Luces y vistas.

Las servidumbres de luces y vistas dan a su titular el derecho de mantener en su pared huecos que le permitan recibir luz por el fundo sirviente o el de proyectar la mirada sobre él. Estas servidumbres impiden al dueño del predio sirviente la construcción a distancia menor de tres metros de la pared o del voladizo, en cuanto reduzca o dificulte las luces o las vistas.

LEY 404. Huecos para luces.

El propietario de un fundo podrá abrir en su pared contigua a otro fundo huecos hasta de una vara en cuadro, cerrados mediante barrotes remetidos y con red metálica, salvo la costumbre local. Estos huecos podrán ser cerrados cuando se edifique en la finca vecina, y no serán tomados como signos de, aparente servidumbre a efectos de la prescripción.

En las “belenas” o “etxekoartes” comunes a varios propietarios, cualquiera de éstos podrá abrir en pared propia huecos sin saledizos, con la limitación de no causar molestia a los demás propietarios.

LEY 405. Obligaciones del dueño de finca sirviente.

En las servidumbres que facultan para apoyar alguna construcción sobre muro o edificio ajeno, el propietario del fundo sirviente debe hacer a su costa las reparaciones necesarias para mantener la solidez de la estructura sirviente. En las otras servidumbres, debe tolerar que se hagan las obras necesarias para el buen uso del servicio.

Abandono liberatorio

El propietario de la finca sirviente podrá exonerarse del deber a que se refiere el párrafo anterior, así como de toda otra obligación de reparar que hubiere contraído expresamente, mediante abandono de la finca a favor del titular de la servidumbre.

LEY 406. Extinción.

Las servidumbres se extinguen por la renuncia de su titular, formalizada como acto de disposición sobre inmuebles y por la confusión de propiedades. En este último caso será suficiente la adquisición del terreno estrictamente afectado por la servidumbre y quedará libre de ella el resto de la finca gravada. Cuando se adquiera sólo una parte del terreno afectado, la servidumbre se considerará extinguida en esa parte exclusivamente.

Cuando lo que se adquiere es una parte indivisa, la servidumbre no se considera extinguida.

También se extinguen las servidumbres por la falta de uso durante el plazo de prescripción. En las servidumbres positivas la prescripción liberatoria se contará a partir del momento en que dejara de usarse, y en las negativas, desde que se realice un acto obstativo.

LEY 407. Imposibilidad temporal.

Cuando por el estado de las fincas la servidumbre pierda su utilidad, si no transcurriere el plazo de la prescripción extintiva podrá ejercitarse de nuevo tan pronto cese el estado impeditivo.

TÍTULO IV. DEL USUFRUCTO, HABITACIÓN, USO Y OTROS DERECHOS SIMILARES

CAPÍTULO I. Del usufructo

LEY 408. Concepto.

El derecho real de usufructo concede a su titular, por tiempo limitado, las facultades dominicales con exclusión de la de disponer de la cosa objeto del usufructo. El usufructuario podrá ejercitar con este fin todas las acciones pertinentes y recabar del nudo propietario lo necesario para su ejercicio.

El usufructuario no podrá ceder su derecho, pero sí el ejercicio del mismo por el tiempo que dure el usufructo. El arrendamiento establecido por el usufructuario se resolverá, en todo caso, al extinguirse el usufructo; pero los arrendamientos rústicos subsistirán hasta la terminación del año agrícola.

LEY 409. Constitución.

El usufructo se constituye por disposición de la ley o por voluntad del propietario, manifestada tanto en actos mortis causa como inter vivos, sea por constitución directa a favor de otra persona, sea mediante reserva de ese derecho en un acto de transmisión de la propiedad.

También puede constituirse el usufructo por la adjudicación en juicio divisorio o por acto particional.

LEY 410. Objeto.

El usufructo puede constituirse sobre toda clase de bienes, aunque no produzcan frutos, y sobre la totalidad o parte alícuota de un patrimonio.

Cuando el usufructo verse sobre bienes consumibles, el usufructuario adquirirá sobre ellos la plena disposición., pero deberá restituir una cantidad igual del mismo genero y calidad.

Inventario y garantía

Para hacer entrega de los bienes al usufructuario, o en cualquier otro momento, el propietario podrá exigir la formación de un inventario y la constitución de una garantía de la obligación de restituir y de indemnización de daños causados. No serán necesarios el inventario o la constitución de garantía cuando el usufructuario estuviere relevado de hacerlo por disposición de la Ley o por el constituyente, o cuando el Juez lo estimare innecesario.

Para la constitución de la garantía se estará a lo dispuesto para el fiduciario en la Ley 231.

LEY 411. Duración.

El usufructo será vitalicio, salvo que conste haberse constituido por tiempo determinado.

Cuando el titular es una persona jurídica, el usufructo que no tenga otro plazo se extingue a los cien años.

LEY 412. Usufructo a favor de varias personas.

El usufructo puede establecerse conjunta o sucesivamente a favor de personas que vivan o estén concebidas en el momento de su constitución. Respecto a otras personas, sólo podrá constituirse dentro de los límites establecidos en el párrafo segundo de la Ley 224.

Cuando se constituya el usufructo a favor de varias personas, éstas podrán usar solidariamente las cosas objeto de su derecho, y se repartirán los frutos por partes iguales, salvo que otra cosa se hubiere dispuesto en el título de su constitución. Al extinguirse el derecho de uno de los con usufructuarios, su parte acrecerá a los otros titulares.

LEY 413. Redención.

Salvo que el título de su constitución estableciere lo contrario, el derecho de usufructo no será redimible contra la voluntad del usufructuario.

LEY 414. Cargas. Seguros.

Las cargas y contribuciones que graven estrictamente la propiedad serán de cuenta del nudo propietario. Todas las demás, así como los gastos necesarios, serán de cuenta del usufructuario, excepto las que no tengan carácter periódico, las cuales se abonarán por ambos en proporción al valor de sus respectivos derechos. También se abonarán, en la misma proporción, las primas de los seguros de la cosa usufructuada en el caso de que cualquiera de ellos exigiere concertarlos.

LEY 415. Frutos.

El usufructuario adquiere los frutos conforme a lo dispuesto en las Leyes 353 y 354. Al terminar el usufructo podrá exigir una indemnización proporcionada a los gastos de producción de los frutos que no adquiera.

LEY 416. Usufructo de rebaño.

El usufructuario de un rebaño, para mantener la totalidad del mismo, deberá reponer las cabezas consumidas, y hará suyas las excedentes.

LEY 417. Usufructo de montes.

En el usufructo de montes, salvo que el título de su constitución ordenare otra cosa, se observarán las reglas siguientes:

1. El usufructuario podrá hacer los aprovechamientos ordinarios con arreglo a la naturaleza del predio y a los usos del lugar.

2. Tratándose de montes maderables, podrá también hacer entresacas o cortas conforme a lo expresado en el número anterior. En las cortas a mata rasa de montes que no sean de producción espontánea, el usufructuario tendrá el deber de repoblar.

3. El beneficio de las cortas pertenecerá al usufructuario en proporción al tiempo que lleve en el usufructo, en relación con el período de producción de los árboles.

4. En todo caso, el usufructuario, haciéndolo saber previamente al nudo propietario, podrá cortar árboles por el pie para las reparaciones y mejoras que pretenda realizar en el predio. El nudo propietario podrá oponerse a la tala por mejoras; y a las de reparaciones, cuando tome éstas a su cargo.

LEY 418. Usufructo de crédito Nota de Vigencia.

En caso de usufructo de crédito, el derecho se entiende constituido sobre su importe. El usufructuario percibirá los intereses que el crédito devengue y, al cobro del mismo, se aplicará lo dispuesto en el párrafo segundo de la Ley 410.

Usufructo de renta

El usufructuario de una renta adquiere la misma por vencimientos, hasta la extinción del usufructo.

Usufructo de acciones

Cuando el usufructo recaiga sobre acciones, participaciones o cuotas sociales será de aplicación lo establecido en la Ley 258.

LEY 419. Usufructo sobre derecho de retracto.

Cuando en el patrimonio objeto de un usufructo universal exista un derecho de retracto respecto a bienes vendidos con pacto de retro o a carta de gracia, podrán ejercitar el retracto tanto el nudo propietario como el usufructuario, y el usufructo se extenderá a los bienes retraídos; cuando lo hubiere ejercitado el usufructuario, podrá exigir el reembolso del importe al término del usufructo.

En los demás casos de usufructo, el retracto corresponderá exclusivamente al nudo propietario, y el usufructo no se extenderá a los bienes retraídos.

LEY 420. Derecho de retención.

Al extinguirse el usufructo sobre bienes que deban recaer o revertir en favor de persona no determinada, el usufructuario o sus herederos habrán de continuar como administradores de aquellos bienes hasta que se determine la persona a quien deban entregarse los mismos, y podrán cobrarse los gastos con cargo a los frutos percibidos, así como retener la posesión hasta el total abono.

LEY 421. Extinción.

El derecho de usufructo se extingue por muerte del usufructuario o renuncia de éste, por la falta de ejercicio durante el plazo ordinario de la usucapión de la propiedad, Por vencimiento del término o el cumplimiento de la condición resolutoria, por la consolidación con la nuda propiedad o la pérdida de la cosa usufructuada.

LEY 422. Transformación.

En los casos de expropiación o sustitución forzosa, o de indemnización por pérdida total o parcial, el derecho de usufructo recaerá sobre las indemnizaciones u otros bienes subrogados.

CAPÍTULO II. De la habitación, uso y otros derechos similares

LEY 423. Régimen.

Los derechos de habitación, uso u otros similares de aprovechamiento parcial de cosa ajena, se rigen por lo establecido en el título de su constitución y, en su defecto, por las disposiciones siguientes:

Constitución

1. Pueden constituirse por los mismos modos que el usufructo; pero lo dispuesto en la Ley 410 respecto a la garantía, tan sólo les será aplicable si así lo hubiera ordenado el constituyente o comprendieran también bienes muebles; en este último caso, se exigirá inventario, salvo dispensa del constituyente.

Gastos

2. Se presumen gratuitos y vitalicios. El titular sólo tendrá obligación de pagar las contribuciones que graven precisamente el uso exclusivo que él haga de la cosa; asimismo deberá hacer las reparaciones que exija el desgaste por el uso ordinario.

Extinción

3. Se extinguirán por las mismas causas que el usufructo y por el abuso grave de la cosa. También se extinguirán cuando el uso o aprovechamiento determinado a que se refieran se haga imposible, pero el propietario deberá indemnizar la pérdida o merma que supongan para el ejercicio de aquéllos las modificaciones por él introducidas en la cosa objeto de los mismos. El derecho de habitación no es en caso alguno redimible contra la voluntad de su titular. Los demás derechos, siempre que no se hubieren constituido por tiempo determinado, serán redimibles conforme a lo establecido para las “corralizas” en la Ley 382.

LEY 424. Contenido.

a) Habitación. A no ser que el título hubiese limitado el derecho de habitación, se presumirá que éste concede a su titular la facultad de ocupar la vivienda total y exclusivamente, para sí y los que con él convivan, así como de arrendar la vivienda total o parcialmente, y el arrendamiento cesará al extinguirse el derecho de habitación, Sin prórroga alguna.

LEY 425

b) Uso y otros derechos. Salvo lo establecido en la Ley anterior respecto a la habitación, los titulares de estos derechos concurrirán en su ejercicio con el uso ordinario del propietario o persona que le sustituya; y no podrán ceder totalmente su derecho, aunque sí compartir su ejercicio con otras personas, tanto mediante retribución como sin ella.

LEY 426. Frutos y productos.

En los derechos que no se refieran a un aprovechamiento determinado de los frutos o productos naturales, el titular podrá aprovechar todos los que la cosa produzca, pero tan sólo en la medida del consumo ordinario de las personas que participan en el ejercicio del derecho, y sin facultad de venderlos.

TÍTULO V. DEL DERECHO DE SUPERFICIE Y OTROS DERECHOS SIMILARES

CAPÍTULO I. Disposiciones generales

LEY 427. Principio general.

Se presume que lo unido inseparablemente al suelo accede a la propiedad de éste, pero puede existir un derecho real sobre lo edificado o plantado en suelo ajeno, como derechos de superficie, de sobre edificación o subedificación, de propiedad horizontal y de plantación.

Ley aplicable

En cuanto al régimen de propiedad horizontal, se estará a lo dispuesto en el Código Civil y leyes que lo desarrollan. Para los demás derechos mencionados se observará lo dispuesto en el presente título.

LEY 428. Régimen.

Los derechos mencionados en la Ley anterior se regirán por las reglas siguientes:

1. Pueden constituirse por actos ínter vivos o mortis causa, a título oneroso o lucrativo, bien por constitución directa mediante enajenación o concesión, bien mediante reserva o retención en un acto de transmisión de la propiedad.

2. Pueden establecerse por tiempo determinado o a perpetuidad, presumiéndose esto último si no se dispone lo contrario.

3. Son inscribibles en el Registro de la Propiedad, aunque no se determinen los elementos accidentales, como plazo de iniciación o terminación, características, presupuestos, mejoras, usos, explotación, destino o conservación de la obra a realizar.

4. Son transmisibles por actos ínter vivos o mortis causa, a no ser que se constituyesen como personalísimos o se hubiere condicionado su transmisión al consentimiento del propietario, o limitado de otro modo su transmisibilidad.

5. Son hipotecables en la misma medida que son transmisibles. Lo edificado o plantado en ejercicio de estos derechos quedará sujeto a la misma hipoteca.

6. Pueden ser objeto de usufructo y otros derechos similares, pero no pueden gravarse con servidumbres sin consentimiento del propietario. En el caso de establecerse sin este consentimiento será aplicable lo que respecto a la comunidad dispone la Ley 372.

7. El titular puede, por si solo, constituir servidumbres a favor del inmueble a que tales derechos se refieren; y en ningún caso puede el propietario por sí solo extinguir las servidumbres en perjuicio de aquellos derechos.

8. Salvo disposición en contrario, no son redimibles contra la voluntad de su titular.

9. En caso de enajenación de estos derechos o de la propiedad, no habrá lugar al tanteo y retracto.

LEY 429. Confusión.

Si se reunieran en un mismo titular la propiedad del suelo y uno de estos derechos especiales sobre el mismo, los derechos reales que afecten a una y otros continuarán gravándolos separadamente.

CAPÍTULO II. Del derecho de superficie

LEY 430. Concepto.

El derecho real de superficie confiere la facultad de construir en suelo ajeno y de mantener separada la propiedad de lo construido. Este derecho puede referirse. también a edificación subterránea.

Extensión

La extensión del derecho del superficiario alcanza a aquella parte del subsuelo que normalmente se precisa para el aprovechamiento de la superficie a los efectos de cimientos, 434 desagües, ventilación y demás necesidades propias del edificio según su naturaleza.

LEY 431. Cargas.

Salvo pacto en contrario, el superficiario, desde que inicie la construcción, pagará todos los impuestos, contribuciones y cargas por razón del inmueble. En caso de pluralidad de construcciones, cada titular pagará, íntegra y exclusivamente, las que correspondan a la suya.

LEY 432. Propiedad horizontal.

El régimen de propiedad horizontal de un edificio construido por el superficiario no se extiende al suelo.

LEY 433. Perecimiento del edificio.

Si la edificación pereciere, no se extinguirá el derecho de superficie, y el superficiario podrá proceder a la reconstrucción.

LEY 434. Reversión.

Cuando la superficie se hubiere establecido por tiempo determinado o bajo condición resolutoria, al vencimiento de estos lo edificado revertirá a la propiedad, sin compensación o con ella según se haya pactado. autorizado para construir cuantas fueren posibles, sin más limitaciones que las administrativas y las que imponga la seguridad del inmueble. Salvo pacto en contrario, quedarán extinguidos estos derechos una vez terminada la construcción realizada en ejercicio de los mismos.

CAPÍTULO III. De los derechos de sobreedificación y subedificación

LEY 435. Concepto.

Los derechos reales de sobreedificación y subedificación conceden a su titular la facultad de construir una o más plantas sobre un edificio o por debajo de éste, respectivamente, en un edificio ya existente o que se construye con posterioridad.

LEY 436. Ejercicio.

Para su ejercicio se requiere siempre, además de la correspondiente aprobación administrativa, la determinación de los derechos sobre los elementos comunes del inmueble, en relación con la naturaleza de la obra, la seguridad del edificio y las limitaciones legales. En todo caso, los propietarios, arrendatarios u otros usuarios del edificio deberán ser indemnizados de los daños y perjuicios que ocasione el ejercicio de estos derechos.

LEY 437. Contenido.

El titular puede construir el número de plantas que el título hubiere fijado. En defecto de determinación, se entenderá autorizado para construir cuantas fuesen posibles, sin más limitaciones que las administrativas y las que imponga la seguridad del inmueble. Salvo pacto en contrario, quedarán extinguidos estos derechos una vez terminada la construcción realizada en ejercicio de los mismos.

LEY 438. Limitaciones administrativas.

Las limitaciones administrativas que impidan al titular del derecho su ejercicio total o parcial, salvo pacto en contrario, no extinguirán este derecho ni darán lugar a responsabilidad por parte del concedente.

LEY 439. Régimen de las nuevas edificaciones.

Las construcciones realizadas en ejercicio de estos derechos se constituirán en régimen de propiedad horizontal con el resto del edificio.

Cuando las cuotas sobre los elementos comunes no se hubieren establecido en el título, ni se hubiere fijado el procedimiento para determinarlas, se requerirá el consentimiento de todos los propietarios del inmueble. Sin embargo, respecto a las construcciones subterráneas, podrá convenirse que sean accesorias de otras preexistentes, sin modificar las cuotas ya establecidas en los elementos comunes.

LEY 440. Declaración de obra nueva.

Salvo pacto en contrario, el titular puede otorgar por sí solo la escritura pública de declaración de obra nueva y de rectificación de la descripción del edificio.

LEY 441. Perecimiento del edificio.

Si la edificación pereciere, no se extinguirán estos derechos, y sus titulares conservarán respecto al edificio construido el mismo derecho que anteriormente tenían.

LEY 442. Ordenación urbana.

Si a consecuencia de la ordenación o urbanización del suelo se subrogare en lugar del inmueble una parcela con otro volumen de edificabilidad, el titular de los derechos de sobre edificación o subedificación tendrá en el nuevo volumen una parte proporcional al derecho que antes tenía.

CAPÍTULO IV. Del derecho de plantaciones en suelo ajeno

LEY 443. Concepto.

Podrá constituirse un derecho real de plantación en suelo ajeno. En tal caso, pertenece al concesionario la propiedad de la plantación separadamente del dominio del suelo.

LEY 444. Redención.

Cuando este derecho se constituya por tiempo indefinido, no se aplicará lo dispuesto en los números 8 y 9 de la Ley 428, sino que será redimible y tendrá lugar el derecho de retracto, conforme a lo establecido para las “corralizas” en las Leyes 382 y 383.

TÍTULO VI. DE LOS RETRACTOS Y OTROS DERECHOS DE ADQUISICIÓN PREFERENTE

CAPÍTULO I. Disposiciones generales

LEY 445. Efecto.

Los derechos de tanteo y retracto legal y los demás derechos reales de adquisición limitan el poder de disposición del dueño de la cosa y facultan a su titular para adquirirla, con preferencia a terceros, en caso de transmisión onerosa.

El derecho de retracto presupone siempre el derecho de tanteo; pero cuando se haya efectuado la debida notificación para el ejercicio del derecho de tanteo y no se haya hecho uso de éste, dentro del plazo que en cada caso corresponda, que dará excluido el derecho de retracto.

LEY 446. Prelación.

Los retractos legales graciosos, de “vecindad forana”,”corralizas” o “helechales” y el gentilicio, por este orden, tienen prioridad respecto a los de comuneros, colindantes, arrendatarios, enfiteutas y a cualesquiera otros derechos de adquisición preferente de carácter civil o administrativo.

Los retractos legales prevalecen sobre los derechos convencionales de opción, tanteo y retracto.

LEY 447. Renuncia.

Es válida la renuncia del derecho de tanteo y retracto legal con relación a una determinada enajenación y aun cuando se hubiere hecho con anterioridad a ésta.

LEY 448. Ejercicio.

En las enajenaciones sometidas a condición o término suspensivos, el derecho de retracto sólo podrá ejercitarse desde el cumplimiento de la condición o el vencimiento del término.

El retracto tendrá lugar aunque la enajenación se hubiere realizado en subasta judicial o extrajudicial.

LEY 449. Impugnación del precio.

En caso de impugnación del precio, se suspenderá el plazo de ejercicio del retracto hasta que aquélla se resuelva.

LEY 450. Precio, gastos y frutos.

El ejercicio de la acción de retracto exige la consignación por el retrayente del precio de la enajenación o, si no es conocido, el ofrecimiento de consignarlo cuando lo sea y, en todo caso, el de pagar los gastos de legitimo abono. Para la atribución de los frutos se estará a lo dispuesto en las Leyes 353 y 354.

CAPÍTULO II. Del retracto gracioso

LEY 451. Concepto y plazo.

En todos los casos de ejecución patrimonial, el deudor ejecutado podrá retraer los bienes definitivamente adjudicados, en el plazo de nueve días, mediante el pago del precio y gastos de legítimo abono.

CAPÍTULO III. Del retracto gentilicio

LEY 452. Concepto.

El retracto gentilicio, familiar o de sangre, podrá ejercitarse para rescatar determinados bienes inmuebles o cuotas indivisas de éstos.

Ley aplicable

Este derecho de retracto se dará sobre inmuebles sitos en Navarra y únicamente a favor de personas que tengan la condición foral de navarros.

LEY 453. Retrayentes Nota de Vigencia.

Sólo pueden ejercitar el derecho de retracto:

1. Respecto de los bienes de abolorio o de patrimonio, los descendientes del enajenante y los parientes colaterales del mismo dentro del cuarto grado y de la misma línea de procedencia de los bienes.

2. Respecto a los bienes conquistados o adquiridos por el enajenante o por sus padres, los descendientes de aquél.

A estos efectos se entiende por bienes de abolorio todos los que, habiendo pertenecido al abuelo del enajenante, hubieran sido recibidos por éste a título lucrativo directamente del mismo abuelo; por bienes de patrimonio, todos los que, habiendo pertenecido al abuelo, hubieran sido recibidos por el enajenante, siempre a título lucrativo, a través del padre o de otro descendiente del mismo abuelo; y por bienes conquistados, todos los que hubieran sido adquiridos, a título oneroso o lucrativo, por el enajenante o por sus padres.

LEY 454. Enajenación a pariente.

En el caso de que los bienes se hubieren enajenado a un pariente con derecho a retraerlos, los demás parientes no podrán ejercitar el retracto aunque fuesen de condición preferente.

LEY 455. Pluralidad de retrayentes.

Si concurrieren al retracto parientes de grado distinto, será preferido el más próximo; en igualdad de grado, tendrá prelación el ascendiente, y en la línea colateral, el entroncado en ascendiente anterior. En ambos casos será preferido, en igualdad de condiciones, el pariente de más edad.

LEY 456. Pluralidad de demandas.

La precedencia de las demandas de retracto, propuestas separadamente contra un mismo demandado en relación con idéntica finca, no alterará la prelación respectiva entre los demandantes. Tampoco la alterará el allanamiento del demandado a cualquiera de las acciones ejercitadas.

LEY 457. Pluralidad de objetos.

Enajenándose varias fincas por un solo precio, podrá ejercitarse el retracto gentilicio solamente sobre las sujetas a él, a cuyo efecto se determinará la parte que a las mismas corresponda en el precio total.

No podrá ejercitarse el retracto gentilicio sobre una o varias de las fincas enajenadas dejando de ejercitarlo sobre las demás sujetas a él.

LEY 458. Plazo.

Este retracto puede ejercitarse dentro de los siguientes plazos de caducidad:

1. Si se hubiese notificado fehacientemente la enajenación, con indicación del precio, forma de pago y demás condiciones del contrato, nueve días a contar de la notificación.

2. En defecto de tal notificación, treinta días a partir de la fecha de inscripción en el Registro de la Propiedad.

3. A falta de notificación y de inscripción, un año y un día a contar de la enajenación, salvo que ésta se hubiere ocultado maliciosamente, en cuyo caso no caducará la acción, sin perjuicio de la prescripción adquisitiva. No obstante, si el retrayente hubiere tenido un conocimiento incompleto, tendrá un plazo de treinta días para requerir del transmitente una información completa de la transmisión, y, una vez recibida esta información, tendrá el plazo de nueve días para ejercitar la acción.

En los casos previstos en la Ley 448, estos plazos no se contarán hasta que el derecho de retracto pueda ejercitarse.

LEY 459. Prohibición de enajenar.

El inmueble adquirido por derecho de retracto gentilicio es inalienable por actos Inter vivos durante dos años.

CAPÍTULO IV. De la opción, tanteo y retracto voluntarios

LEY 460. Naturaleza y caracteres.

Los derechos de opción, tanteo y retracto voluntario tendrán carácter real cuando así se establezca; si se constituyen con carácter personal se regirán por las disposiciones del título IX del presente libro. Serán transmisibles por actos ínter vivos o mortis causa, salvo disposición el, contrario.

Pueden constituirse por actos ínter vivos o mortis causa a título oneroso o lucrativo, bien por constitución directa mediante enajenación o concesión, bien mediante reserva o retención en un acto de transmisión de la propiedad.

Pueden recaer sobre bienes inmuebles o establecimientos mercantiles o industriales, acciones de sociedades, participaciones o cuotas sociales, derechos de propiedad industrial o intelectual y cualesquiera otros bienes muebles susceptibles de identificación.

Para su eficacia deberán reunir los requisitos de forma que en cada caso corresponda según la Ley. Serán inscribibles en el Registro de la Propiedad u otros registros que correspondan en razón de su objeto.

LEY 461. Opción.

El derecho real de opción puede constituirse por un tiempo determinado no superior a diez años. Para su inscripción en el Registro de la Propiedad el plazo máximo será de cuatro años, tácitamente prorrogable por otro período igual.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el derecho de opción de compra se haya constituido como anejo a un arrendamiento, superficie, hipoteca u otro derecho real inscribible en el Registro de la Propiedad, su duración podrá alcanzar la totalidad del plazo de éstos, así como sus prórrogas voluntarias, expresas o tácitas.

La opción de compra deberá ejercitarse por el precio fijado o el que resulte según el procedimiento establecido para su determinación y, en su caso, conforme a las cláusulas de estabilización, si se hubieren previsto.

Los actos de disposición por el dueño de la cosa objeto de 463 la opción no perjudicarán este derecho, que subsistir a hasta el vencimiento del plazo.

LEY 462. Tanteo y retracto.

El derecho de tanteo implica también el de retracto si la notificación no se hubiere practicado en forma o si la transmisión se realizase en condiciones distintas a las notificadas.

Estos derechos pueden constituirse bien por tiempo determinado, bien por tiempo indefinido o “para perpetuo”. Si no se dispone otra cosa, sólo podrán ejercitarse respecto a la primera enajenación que se realice de los bienes sujetos a ellos.

A falta de determinación de plazo para el ejercicio del tanteo o retracto, se entenderá que caducan a los treinta días, contados desde el siguiente al de la notificación o, en su caso, al de conocimiento de la enajenación.

TÍTULO VII. DE LAS GARANTÍAS REALES

CAPÍTULO I. Disposiciones generales

LEY 463. Garantías.

El cumplimiento de una obligación, o los efectos de su incumplimiento, podrán asegurarse con fiducia, arras, prenda, hipoteca, anticresis, derecho de retención, depósito de garantía, pacto de retracto, reserva de dominio, condición resolutoria, prohibición de disponer u otras cualesquiera formas de garantía real o personal.

LEY 464. Régimen.

Respecto a la hipoteca mobiliaria o inmobiliaria y a la prenda sin desplazamiento, se estará a lo dispuesto en la legislación especial respectiva

LEY 465. Fundamento.

La obligación de constituir garantía real puede fundarse en una estipulación, en un contrato, en una disposición mortis causa o en la ley.

CAPÍTULO II. De las garantías fiduciaria y por arras

LEY 466. Fiducia.

Por la fiducia de garantía se transmite al acreedor la propiedad de una cosa o la titularidad de un derecho mediante una forma eficaz frente a terceros. Cumplida la obligación garantizada, el transmitente podrá exigir del fiduciario la retransmisión de la propiedad o del derecho cedido; el fiduciario, en su caso, deberá restituir y responder con arreglo a lo establecido para el acreedor pignoraticio en la Ley 470. No obstante, si así se hubiere pactado, podrá el acreedor, en caso de mora del deudor, adquirir irrevocablemente la propiedad de la cosa o la titularidad del derecho, y quedará extinguida la obligación garantizada.

LEY 467. Arras.

a) Pacto como penitenciales. Si en un contrato intervienen arras o señal, sólo cuando expresamente se estableciere podrán una o cualquiera de las partes, según lo convenido, resolver el contrato sin más consecuencia que la pérdida de las arras entregadas o la obligación de devolver dobladas las recibidas.

b) Presunción de confirmatorias. En defecto de dicho pacto, si una de las partes incumpliere su obligación, podrá la otra optar entre exigir el cumplimiento y eventual indemnización o resolver el contrato conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior. Si exigiere el cumplimiento del contrato, las arras se imputarán al precio o, en su caso, a la indemnización.

CAPÍTULO III. De la prenda con desplazamiento, hipoteca, anticresis, derecho de retención y depósito en garantía

LEY 468. Prenda.

a) Constitución. La prenda se constituye por entrega de la posesión de la cosa mueble o inmueble.

LEY 469

b) Derecho de la venta. Incumplida la obligación previo requerimiento fehaciente de pago, puede el acreedor pignoraticio vender la cosa pignorada en subasta judicial o en subasta extrajudicial, con intervención de Notario o, en su caso, mediante Agente de Cambio y Bolsa o Corredor de Comercio. Puede pactarse otra forma de venta, siempre que la naturaleza del objeto lo permita, pero es nulo el pacto por el que se atribuya al acreedor la propiedad de la cosa por falta de pago.

No podrá el acreedor disponer de otro modo ni usar la cosa sin autorización del pignorante, salvo la percepción de los frutos conforme a la Ley 471.

LEY 470

c) Responsabilidad. El acreedor, salvo pacto en contrario, responderá del hurto, pero no del robo ni de otro caso fortuito.

d) Restitución. El acreedor deberá restituir la cosa en el mismo estado en que la recibió y justificar, en su caso, la imputación de los frutos percibidos.

LEY 471. Pacto anticrético.

Tanto en la prenda como en la hipoteca, se puede pactar la anticresis o compensación del uso de la cosa o de sus frutos con los intereses devengados por la deuda. En otro caso, sí la cosa en posesión del acreedor produce frutos, deberá percibirlos aquél para imputarlos a la deuda de intereses y después a la del capital.

Anticresis

También se puede pactar, sin constituir prenda o hipoteca, la compensación de una deuda dineraria con el uso o disfrute de una cosa mueble o inmueble.

Inscripción

Estos pactos anticréticos serán inscribibles, según su objeto, en el Registro de la Propiedad u otros registros.

LEY 472. “Pignus Gordianum”.

Extinguida la prenda por el cumplimiento de la obligación garantizada, el acreedor podrá retener la posesión de la cosa que le fue pignorada en garantía del cumplimiento de otra deuda del mismo deudor.

LEY 473. Retención convencional.

Las obligaciones también pueden garantizarse mediante el acuerdo de que el acreedor retenga hasta el cumplimiento la posesión de una cosa o derecho, sin poder alguno de disposición sobre los mismos.

Este derecho podrá inscribirse cuando la naturaleza del objeto lo permita.

Una vez cumplida la obligación, el acreedor deberá restituir e indemnizar conforme a lo establecido para el acreedor pignoraticio en la Ley 470.

LEY 474. Depósito en garantía.

Para garantía del cumplimiento de una obligación puede constituirse a favor del acreedor un depósito de dinero u otras cosas fungibles. El acreedor adquiere la propiedad de las cosas depositadas en su poder con obligación de restituirlas al depositante, si procediere, conforme a lo establecido en el contrato.

Cuando el depósito se haga en poder de un tercero, éste quedará obligado a entregarlo al acreedor o a restituirlo al depositante, según corresponda conforme a lo pactado.

CAPÍTULO IV. De la venta con pacto de retro como garantía

LEY 475. Garantía mediante venta con pacto de retro.

El cumplimiento de una obligación dineraria puede garantizarse mediante venta con pacto de retro o a carta de gracia, reservándose el deudor el derecho a retraer la cosa vendida al satisfacer o extinguir la obligación.

Presunción. Régimen

La venta con pacto de retro o a carta de gracia se considerara garantía real no sólo cuando expresamente se estableciese en el título, sino también cuando así resulte del contrato o deba presumirse conforme a la Ley 584, y le serán aplicables las disposiciones de este capítulo y de las Leyes 578, 579 y 580.

LEY 476. Posesión, disfrute y gastos.

En la venta con pacto de retro como garantía se presumirá, salvo pacto en contrario, que el vendedor tiene derecho a la posesión y disfrute de la cosa y está obligado al pago de los gastos, seguros y contribuciones por razón de la misma.

LEY 477. Consumación.

El simple transcurso del plazo de la obligación garantizada no hará firme la adquisición de propiedad por el acreedor, sino que ésta sólo tendrá lugar una vez cumplido el término de un mes y un día, o el plazo mayor previsto en el contrato, a contar del requerimiento fehaciente que el acreedor hiciere al deudor para exigir el cumplimiento de la obligación.

El documento fehaciente justificativo del requerimiento y del transcurso del plazo será título bastante para la práctica del oportuno asiento en el Registro de la Propiedad.

Lo previsto en esta ley se observará aunque nada se hubiese establecido en el contrato o se hubiese pactado lo contrario. Quedarán siempre a salvo cualesquiera pactos más favorables para el deudor.

LEY 478. Exclusión de lesión enorme.

La adquisición firme conforme a la Ley anterior no podrá ser rescindida a causa de lesión en el precio.

LEY 479. Frutos.

Consumada la adquisición de la propiedad por el acreedor, se aplicará para la distribución de los frutos lo establecido en las Leyes 353 y 354.

LEY 480. Prescripción.

Si no se hubiera pactado otro plazo, la acción de retraer prescribirá a los treinta años.

CAPÍTULO V. De las prohibiciones de disponer

LEY 481. En actos a título lucrativo.

La prohibición de disponer establecida en actos a título lucrativo, ínter vivos o mortis causa, a favor de personas determinadas o determinables dentro de los límites del párrafo segundo de la Ley 224, tiene siempre eficacia real y será inscribible en el Registro.

LEY 482. En actos a título oneroso.

La prohibición de disponer establecida en actos a título oneroso tiene eficacia obligacional por el plazo máximo de diez años, siempre que se haga a favor de personas actualmente determinadas. Esta prohibición es inscribible, siempre que para ello exista convenio expreso, y una vez inscrita en el Registro tendrá eficacia real durante el plazo máximo de cuatro años.

CAPÍTULO VI. De la venta con pacto de reserva de dominio

LEY 483. Concepto. Efectos.

Por el pacto de reserva de dominio el vendedor conserva la propiedad de la cosa vendida hasta que el precio sea pagado por completo, y podrá ejercitar las tercerías de dominio y demás acciones en defensa de su derecho. El contrato queda perfeccionado desde su celebración, pero el efecto de transmisión de la cosa quedará diferido hasta el pago total. Mientras tanto, corresponde al comprador la posesión y disfrute de la cosa vendida, con las limitaciones pactadas en su caso, así como estarán a su cargo el riesgo y todos los gastos inherentes a aquélla; el vendedor, por su parte, queda obligado a no disponer de la cosa.

Inscrita la venta en el Registro de la Propiedad u otro registro, todo acto de disposición de la cosa por parte del vendedor será sin perjuicio del derecho del comprador.

En caso de embargo de bienes, concurso o quiebra del vendedor, quedará a salvo el derecho del comprador para adquirir la propiedad mediante pago íntegro del precio en los plazos convenidos.

LEY 484. Resolución.

La falta de pago por el comprador de cualquiera de los plazos del precio facultará al vendedor para resolver el contrato, pero la resolución sólo tendrá lugar una vez cumplido el término de un mes y un día, o el plazo mayor que se haya pactado, a contar del requerimiento fehaciente que el vendedor hiciere al comprador exigiendo el cumplimiento de la obligación.

En caso de resolución, el vendedor recobrará la libre disposición de la cosa y deberá restituir las cantidades percibidas, con derecho a retener o reclamar la compensación por el uso de la cosa y daños y perjuicios ocasionados conforme a lo pactado o, en defecto de pacto, la correspondiente indemnización.

LEY 485. Cesión.

Si no se hubiere pactado otra cosa, la cesión ínter vivos que el comprador haga de su derecho no afectará al vendedor si éste no la consintiere.

Ejecución

Los acreedores del comprador no pueden ejercitar por subrogación el derecho de adquirir la cosa, sino que habrán de proceder judicialmente para cobrar sus créditos con cargo a aquel derecho.

CAPÍTULO VII. De la venta con pacto comisorio

LEY 486. Concepto.

En la compraventa con precio aplazado total o parcialmente, puede establecerse el pacto comisorio por el cual la falta de pago de todo o parte del precio en el tiempo convenido facultará al vendedor para ejercitar de pleno derecho la resolución del contrato, que sólo tendrá lugar una vez cumplido el término de un mes y un día, o el plazo mayor que se haya pactado, a contar del requerimiento fehaciente que el vendedor hiciere al comprador exigiendo el cumplimiento de la obligación.

El vendedor podrá optar entre la resolución o el cumplimiento del contrato mediante la percepción del precio aplazado.

LEY 487. Resolución.

En caso de resolución, una vez notificada, la cosa se tendrá por no vendida y quedarán sin efecto los actos de enajenación y gravamen, así como todos los arrendamientos concertados por el comprador.

TÍTULO VIII. DE LAS OBLIGACIONES EN GENERAL

CAPÍTULO I. De las fuentes y efectos de las obligaciones

LEY 488. Fuentes.

Las obligaciones pueden establecerse por convenio, donación, disposición mortis causa o sobre régimen de bienes en el matrimonio o por disposición de la ley.

Quien por su negligencia cause daño en patrimonio ajeno deberá indemnizarlo según las circunstancias de cada caso. La acción para exigir la indemnización prescribe al año.

LEY 489. Nulidad, anulabilidad y rescindibilidad.

Las obligaciones serán nulas, anulables o rescindibles conforme a lo dispuesto en la Ley 19.

LEY 490. Interpretación.

Las obligaciones deberán interpretarse conforme a la voluntad declarada que las creó, al uso y a la buena fe.

Salvo pacto en contrario, el obligado a una prestación deberá cumplir a su costa las formalidades de titulación, como reanudación del tracto en los registros u oficinas públicas, entrega de documentos y demás actos para el pleno cumplimiento de la obligación y la cancelación registral de cargas y limitaciones extinguidas.

Los pactos se presumirán en favor del deudor, salvo que esta presunción resulte contraria a la naturaleza o circunstancias del acto.

LEY 491. Intereses moratorios.

Todas las deudas dinerarias, aun cuando mediare estipulación de intereses, devengarán los legales desde el vencimiento de la obligación.

LEY 492. Presunción de divisibilidad.

Salvo que la Ley o el pacto declaren que varios acreedores o deudores que intervienen en la obligación lo son solidariamente, o así resulte de la naturaleza o circunstancias de la misma, se considerará que lo son por partes divididas, tanto activa como pasivamente.

0bligaciones indivisibles

Si la prestación es en sí misma indivisible, la reclamación deberá hacerse conjuntamente, pero la insolvencia de un deudor no perjudicará a los demás.

CAPÍTULO II. Del cumplimiento y extinción de las obligaciones

LEY 493. Cumplimiento de la obligación.

Las obligaciones se extinguen al quedar cumplidas. También se extinguen al hacerse imposible su cumplimiento por causa extraña al deudor y sin su culpa; en todo otro caso, el deudor deberá indemnizar por su incumplimiento.

Aunque la obligación sea divisible, el acreedor podrá rechazar una oferta de cumplimiento incompleto o de objeto distinto del debido. Sin embargo, puede compelerse al acreedor a que acepte el pago parcial de una cantidad cuando el deudor garantice el pago de la cantidad restante. Asimismo, el acreedor de cantidad de dinero tendrá que aceptar un objeto distinto si el Juez estima justa la sustitución por haberse hecho excesivamente gravosa la prestación debida.

Cuando se trate de obligaciones de largo plazo o tracto sucesivo, y durante el tiempo de cumplimiento se altere fundamental y gravemente el contenido económico de la obligación o la proporcionalidad entre las prestaciones, por haber sobrevenido circunstancias imprevistas que hagan extraordinariamente oneroso el cumplimiento para una de las partes, podrá ésta solicitar la revisión judicial para que se modifique la obligación en términos de equidad o se declare su resolución.

LEY 494. Reconocimiento de pago.

Quien ha reconocido en un documento el cobro de una cantidad no podrá exigir la prueba de pago efectivo de la misma, pero podrá impugnar el documento probando la inexistencia de dicho pago.

LEY 495. Dación en pago.

Cuando el acreedor acepte la dación en pago de un objeto distinto del debido, la obligación se considerará extinguida tan sólo desde el momento en que el acreedor adquiera la propiedad de la cosa subrogada, pero las garantías de la obligación, salvo que sean expresamente mantenidas, quedarán extinguidas desde el momento de la aceptación.

Dación para pago

La dación para pago sólo libera al deudor por el importe líquido de los bienes cedidos.

LEY 496. Pago por consignación.

Si el acreedor se niega injustamente a aceptar el pago de la cantidad o de la cosa mueble debida, el deudor quedará libre de responsabilidad mediante la consignación judicial. Si se tratara de cosa inmueble, podrá asimismo liberarse de responsabilidad poniéndola a disposición del Juez.

LEY 497. Pago por terceros.

Cuando, por su naturaleza o por pacto, la obligación no requiera un cumplimiento personal del deudor, podrá ser cumplida por un tercero, incluso sin conocimiento del deudor. El tercero que hubiere pagado con conocimiento y sin oposición por parte del deudor, así como el que lo hubiere hecho por tener interés en el cumplimiento, quedará subrogado en el derecho del acreedor. En los demás casos sólo podrá repetir del deudor en la medida de la utilidad que a éste reportó tal pago.

LEY 498. Otros modos de extinción.

También se extinguen las obligaciones por novación, por compensación, por confusión de la titularidad del deudor y la del acreedor y por condonación de la deuda.

CAPÍTULO III. De la rescisión por lesión

LEY 499. Concepto.

Quien haya sufrido lesión enorme, a causa de un contrato oneroso que hubiere aceptado por apremiante necesidad o inexperiencia, podrá pedir la rescisión del mismo.

Se entenderá por les¡ón enorme el perjuicio de más de la mitad del valor de la prestación, estimada al tiempo del contrato. Si el perjuicio excediere de los dos tercios de aquel valor, la lesión se entenderá enormísima.

LEY 500. Sujeto.

Siendo navarros todos los contratantes, procederá la rescisión por lesión sea cual fuere el lugar en que se hallare el objeto y el del otorgamiento del contrato.

Siendo navarro tan sólo alguno de los contratantes, procederá la rescisión cuando el contrato deba someterse a la Ley navarra.

En ningún caso podrá pedir la rescisión por lesión quien, profesional o habitualmente, se dedique al tráfico de las cosas objeto del contrato o fuere perito en ellas.

LEY 501. Objeto.

La rescisión se dará no sólo en los contratos sobre bienes inmuebles, sino también sobre los muebles cuando se estime justificada la acción en consideración al valor de los mismos y al perjuicio causado por el contrato en relación al patrimonio.

LEY 502. Contrato sobre varias cosas conjuntamente.

El contrato sobre varias cosas conjuntamente por un solo precio podrá rescindirse por lesión en su totalidad, aunque se especificaré separadamente el precio, valor o estimación de cada cosa.

LEY 503. Excepciones.

No tendrá lugar la rescisión en los contratos de simple liberalidad, aleatorios o sobre objeto litigioso.

En las ventas efectuadas a carta de gracia o con pacto de retro, sólo se dará la rescisión cuando haya caducado el plazo o se haya extinguido el derecho a retraer. Cuando no se hubiese fijado plazo, se estará a lo dispuesto en la Ley 578.

LEY 504. Acción.

La acción rescisoria por lesión es personal y transmisible a los herederos. No tendrá lugar cuando sean procedentes las acciones de saneamiento por vicios o defectos de la cosa, o la de nulidad del contrato.

La acción rescisoria por lesión prescribirá en los plazos establecidos en la Ley 33.

LEY 505. Renuncia.

La renuncia a la acción rescisoria, hecha simultánea o posteriormente al contrato a que se refiere, será válida siempre que observe al menos la forma utilizada para tal contrato. Sin embargo, no será válida la renuncia determinada por apremiante necesidad o por inexperiencia.

LEY 506. Restitución.

a) Frutos. Declarada la rescisión, se restituirá la cosa con sus frutos, aplicándose en cuanto a éstos lo establecido en las Leyes 353 y 354.

b) Mejoras. No habrá derecho alguno al abono de mejoras, pero el demandado podrá retirarlas cuando puedan separarse sin menoscabo de la cosa a que se hubiesen unido.

c) Complemento del precio. Cuando la restitución no fuese posible porque el demandado no tuviera la cosa en su poder, deberá pagar sólo el complemento del precio, valor o estimación más los intereses legales.

Indemnización

En todo caso, se podrá evitar la rescisión mediante el abono de la indemnización a que se refiere el párrafo anterior.

LEY 507. Indivisibilidad de la acción.

La acción de rescisión es indivisible y deberá se ejercitada conjuntamente contra todos los obligados y por todos los que tengan derecho a ejercitarla, o por uno cualquiera de éstos respecto a la totalidad.

No habrá lugar a la rescisión cuando todos los obligados estén de acuerdo en indemnizar, y deberán hacerlo en la proporción que a cada uno corresponda.

Cuando sólo uno se disponga a ejercitar la acción, deberá notificarlo previamente a los otros que tengan derecho a la rescisión, para que puedan concurrir al litigio. Después de haberse ejercitado la acción por uno de ellos, deberá este hacer participe a los otros del resultado favorable de la acción

Por él ejercitada deducidos los gastos del litigio.

CAPÍTULO IV. Del enriquecimiento sin causa

LEY 508. Clases.

El que adquiere o retiene sin causa un lucro recibido de otra persona queda obligado a restituir.

Se entiende por adquisición sin causa la que se ha hecho a consecuencia de un acto ¡lícito o de un convenio prohibido o que es inmoral para el adquirente, quien queda obligado a restituir lo recibido e indemnizar el perjuicio sufrido sin posible limitación por la pérdida fortuita, a no ser que se trate de un incapaz, en cuyo caso responderá tan sólo del enriquecimiento.

Se entiende que se retiene sin causa cuando se recibió una cosa para realizar una contraprestación que no se ha cumplido o en cobro de una obligación indebida con error por parte del que pago y del que cobró, o cuando se recibió una cosa por causa inicialmente válida, pero que posteriormente ha dejado de justificar la retención de lo adquirido. En estos casos, el adquirente está obligado a restituir su enriquecimiento.

LEY 509. Prueba en el pago de lo indebido.

El que repite un pago indebido debe probar que lo realizó y la inexistencia de la obligación.

Cuando el que cobró niegue formalmente haber cobrado, una vez que se pruebe el pago, deberá probar él la existencia de la obligación.

El que cobró lo no debido podrá retener lo cobrado cuando pruebe que quien pagó lo hizo sin error.

Si se prueba la mala fe del que cobró, se considerará a éste como adquirente por acto ¡lícito.

LEY 510. Obligaciones naturales.

No será repetible el pago cuando se haya hecho en cumplimiento de un deber moral, o impuesto por el uso, aunque no sea judicialmente exigible. El reconocimiento, la novación, la compensación y la garantía de las obligaciones naturales producen efectos civiles.

Causa inmoral para el que pagó

Asimismo es irrepetible lo que se da a causa de un convenio inmoral para el que pagó, aunque lo sea también para el que cobró.

CAPÍTULO V. De la cesión de las obligaciones

LEY 511. Cesión de créditos.

El acreedor puede ceder su derecho contra el deudor; pero, cuando la cesión sea a título oneroso, el deudor quedará liberado abonando al cesionario el precio que éste pagó más los intereses legales y los gastos que le hubiere ocasionado la reclamación del crédito.

LEY 512. Asunción de deudas.

El tercero que asume una obligación ajena queda obligado para con el deudor o acreedor con quienes haya contraído la asunción de la obligación, en los términos de la misma, y, de no haberse establecido otra cosa, asume también todas las obligaciones accesorias o derivadas de la principal.

La asunción no aceptada por el acreedor no libera de responsabilidad al deudor en tanto no quede cumplida la obligación.

La aceptación por el acreedor de la sustitución del deudor podrá prestarse expresamente o por actos que impliquen inequívocamente la liberación del primer acreedor.

Los terceros que hubieren garantizado el cumplimiento de la obligación quedarán liberados por la asunción, a no ser que hubieren prestado su consentimiento.

LEY 513. Cesión de contrato.

Todo contratante puede ceder el contrato a un tercero, para quedar sustituido por éste en las relaciones pendientes que no tengan carácter personalísimo.

Si una de las partes hubiere consentido preventivamente la cesión del contrato a un tercero, la sustitución será eficaz, respecto a aquélla, desde el momento en que le hubiere sido notificada; si no hubiere consentido preventivamente la cesión, esta sólo le afectará si la aceptare.

Desde que sea eficaz la sustitución, por la notificación o aceptación en sus respectivos casos, el cedente queda desligado del contrato, y el cesionario subrogado en su lugar.

El contratante cedido puede oponer al cesionario todas las excepciones derivadas del contrato, pero no las fundadas en otras relaciones con el cedente.

Los terceros que hubieren garantizado el cumplimiento del contrato quedarán liberados por la cesión, a no ser que hubiesen prestado su consentimiento.

LEY 514. Contrato con facultad de subrogación.

Puede concertarse un contrato con facultad, para cualquiera de las partes, de designar posteriormente la persona que deba subrogarse en sus derechos y obligaciones. El otro contratante, en cualquier momento, podrá requerir a quien esté facultado para que haga la designación dentro del plazo máximo de año y día, a contar del requerimiento, a no ser que en el contrato, o por Ley, se hubiere establecido otro término.

La declaración que designe la persona deberá notificarse a la otra dentro del plazo. Hecha la notificación, la persona designada se subroga en los derechos y asume las obligaciones de la parte que le designó, con efecto desde el momento de la celebración del contrato.

Si dentro del plazo no se notificaré la designación de persona, el contrato producirá todos los efectos entre las partes que lo celebraron.

TÍTULO IX. DE LAS ESTIPULACIONES

CAPÍTULO I. De las promesas en general

LEY 515. Concepto.

Son estipulaciones los actos por los que una persona, mediante su promesa, se hace deudora de otra sin que ésta quede contractualmente obligada a cumplir una contraprestación.

LEY 516. Promesa de contrato.

La promesa de concluir un contrato futuro obliga a quien la hace siempre que se hayan determinado los elementos esenciales del contrato cuya aceptación se promete.

El convenio consensual preparatorio de un contrato futuro, aunque no reúna todos los requisitos exigidos para la celebración del contrato previsto, obliga a las dos partes.

La obligación de contratar que resulta de estas promesas se regirá por las reglas aplicables al contrato prometido. Los elementos accidentales del contrato no previstos en la promesa se determinarán conforme al uso, la costumbre y la Ley, o, en su defecto, por el Juez.

LEY 517. Opción de compra.

La promesa de opción de compra que produzca efectos reales se regirá por las Leyes 460 y 461.

LEY 518. Estipulación penal.

La estipulación de pagar una cantidad como pena por el incumplimiento de una prestación lícita obliga al promitente, y la pena convenida no podrá ser reducida por el arbitrio judicial. El deudor no quedará liberado de la obligación penal aunque concurra alguna causa que pudiera liberarle de la obligación principal.

La obligación de pagar la pena, salvo pacto en contrario, no tiene carácter alternativo, sino subsidiario, y el acreedor podrá rechazar la oferta de pago de la pena estipulada y exigir la indemnización que resulte debida por el incumplimiento de la obligación principal.

Cuando el acreedor acepte el cumplimiento de la obligación, aunque este sea parcial, se entenderá renunciada la estipulación penal, salvo que otra cosa se hubiere pactado. Cuando cobre la pena, y luego exija la indemnización por incumplimiento, la pena cobrada se deducirá de la indemnización que resulte deberse en virtud del contrato.

LEY 519. Condición y término.

Las promesas pueden someterse a condición y término. Las condicionales no nacen hasta el cumplimiento de la condición, pero ésta tiene efecto retroactivo. Las sometidas a término existen desde el primer momento, pero no se pueden exigir antes de la llegada del término. Las condicionadas a un hecho imposible, inmoral o ¡lícito se tendrán por nulas.

LEY 520. Estipulación de renta.

La promesa de pagar periódicamente una cantidad de dinero o cosa fungible debe quedar necesariamente limitada por un plazo final o por el tiempo que viva el acreedor o una tercera persona determinada, presente o futura, cuya existencia deberá justificarse al reclamar el pago de la cantidad periódica correspondiente.

Esta obligación puede constituirse también mediante un contrato de cesión de bienes a cambio de la misma. Si al hacer la cesión no se hubiere pactado otra cosa, una vez que se haya empezado a cumplir la obligación, el contrato no podrá resolverse a causa del ulterior incumplimiento, pero el cedente podrá exigir garantía del pago de las cantidades que se devenguen en el futuro. El pacto de que el incumplimiento valga como condición resolutoria tendrá efecto real y será inscribible en el Registro. La acción de resolución deberá ejercitarse en los términos y con los requisitos fijados para la venta con pacto de retro en la Ley 477. Salvo pacto en contrario, el cesionario no podrá repetir las cantidades abonadas.

LEY 521. Oferta pública.

Toda promesa sobre cosa y bajo condición lícitas obliga al que la hace desde que es objeto de publicación suficiente, aunque nadie haya notificado su aceptación. Si el promitente no hubiere fijado plazo, se entenderá mantenida la oferta durante el tiempo que parezca necesario según el arbitrio del Juez. Si una persona determinada hubiere notificado al promitente su aceptación antes de caducar la oferta, ésta se entenderá mantenida, respecto al aceptante, durante un año y día, a no ser que en el momento de la aceptación se hubiere convenido otro plazo.

LEY 522. Estipulaciones para después de la muerte.

La estipulación hecha para después de la muerte del promitente obliga a su heredero, y la que se hiciere para después de la muerte del acreedor favorece al heredero de éste.

LEY 523. Estipulación a favor de tercero.

Es válida la estipulación a favor de tercero siempre que este sea heredero del estipulante, o a favor del pignorante para que pueda rescatar el objeto pignorado y luego vendido. También es válida cuando se haga para gravar a un donatario o para constituir un crédito de restitución de dote o de cosa comodada o depositada, y en todo caso en que pueda apreciarse un interés razonable del tercero.

El cumplimiento de tal obligación puede ser exigido no sólo por el estipulante, sino también por la persona a cuyo favor se constituye la obligación, sin que sea necesaria, por parte de ésta, la previa aceptación; sin embargo, antes de que la aceptación sea notificada al estipulante, podrá éste revocar la estipulación, a no ser que se haya hecho en cumplimiento de una obligación previamente contraída por el estipulante frente al tercero favorecido por la estipulación.

En caso de ser varios los estipulantes, se entenderá salvo pacto en contrario, que la estipulación fue hecha por cada uno de ellos en cumplimiento de una obligación recíproca; en consecuencia, la revocación sólo podrá hacerse por todos los estipulantes conjuntamente; muerto uno de ellos, la estipulación será irrevocable para los sobrevivientes.

LEY 524. Estipulaciones a cargo de tercero.

Las estipulaciones a cargo de tercero no obligan a éste si no es heredero del promitente, ni al mismo promitente; pero en los contratos puede una de las partes obligarse a que un tercero realice una prestación, y responderá de ella por el incumplimiento del tercero.

Cuando el tercero acepte la obligación estipulada a su cargo, quedará personalmente obligado en concepto de promitente.

CAPÍTULO II. De la fianza

LEY 525. Promesa de fianza.

Por la promesa de fianza se obliga el promitente a cumplir la obligación si el deudor principal no lo hiciera.

Beneficios

a) De excusión. Salvo pacto en contrario, el fiador puede oponerse a la reclamación del acreedor que no ha agotado previamente la solvencia del deudor principal.

b) De regreso. El fiador que hubiere liberado al deudor principal tendrá contra éste la acción de regreso.

c) De división. Si fueren varios los fiadores y no se hubiese pactado lo contrario, tendrá el acreedor que dividir entre ellos la reclamación, pero cada uno de ellos es también fiador de los otros.

LEY 526. Mandato de crédito.

Quien manda a otro que preste una cantidad o conceda un crédito a un tercero se hace fiador de la obligación contraída por éste. El mandatario podrá liberarse del mandato si las condiciones patrimoniales del mandante o del tercero se hubieran hecho tales que resulte más difícil la satisfacción de la deuda.

LEY 527. Incapacidades.

No pueden ser fiadores los religiosos profesos que, por razón de sus votos, carezcan notoriamente de patrimonio.

Los fiadores no pueden actuar como abogados en las causas que les afecten por razón de la garantía.

LEY 528. Solvencia.

Cuando la Ley exija la presentación de fiadores y el acreedor no estime solventes los que el deudor presente, el Juez decidirá acerca de la solvencia de los fiadores.

LEY 529. Moratoria.

Cuando el acreedor proceda contra el fiador alegando que el deudor se halla en ignorado paradero, el fiador dispondrá de una moratoria legal de treinta días para averiguar dónde se halla el deudor principal.

LEY 530. Garantías.

El fiador podrá solicitar por vía judicial que se impida la enajenación o gravamen de bienes del deudor y que se practique en el Registro la correspondiente anotación preventiva, a no ser que aquél le dé fianza de su eventual obligación de reembolso.

LEY 531. Responsabilidad de los herederos.

La obligación del fiador se transmite a los herederos. Sin embargo, si la responsabilidad derivada de la fianza les resultare extraordinariamente onerosa, podrán solicitar la revisión judicial de la obligación, de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo de la Ley 493.

TÍTULO X. DE LOS PRÉSTAMOS

LEY 532. Efecto.

Quien entrega a otro una cosa sin animo de donarla, puede reclamar su restitución. Cuando se haya convenido una prestación a cambio de la cosa recibida, si esta prestación no se realiza, quien entregó la cosa podrá elegir entre reclamar la restitución de la misma o exigir el cumplimiento del contrato.

Quien recibe una cantidad de cosa fungible en préstamo puede disponer libremente de ella y queda obligado a restituir una cantidad igual, del mismo género y calidad.

LEY 533. Reconocimiento de préstamo.

Quien ha reconocido en un documento haber recibido una cantidad en préstamo quedará obligado a la restitución, salvo que impugne el documento y pruebe la inexistencia de la entrega.

LEY 534. Pactos.

En todo préstamo pueden convenirse plazos y condiciones, y asegurarse la restitución con garantías de cualquier clase.

Plazo

Si no se ha pactado plazo para la restitución, se entiende que la obligación nace desde el primer momento, pero el Juez podrá fijar un plazo equitativo para su cumplimiento.

LEY 535. Interés.

En el préstamo de dinero se puede estipular intereses dentro de los límites lícitos; si no se determina la cuantía de los intereses, sólo se devengarán los legales, y, a falta de estipulación de intereses, se devengarán los legales desde que el deudor se haya constituido en mora.

LEY 536. Conversión.

Cualquier deuda vencida de cantidad determinada puede convertirse en deuda de préstamo por el simple acuerdo de las partes. En este caso, se presume que se devengarán los intereses legales desde el momento del acuerdo.

LEY 537. Venta con pacto de retro.

En la venta con pacto de retro o a carta de gracia, cuando, conforme a la Ley, deba presumirse su fin de garantía, se entenderá haber un préstamo de la cantidad que figura como precio, con la garantía de retener la propiedad del objeto que figura como vendido y adquirir la propiedad definitiva del mismo si no se restituye la cantidad dentro del plazo pactado.

LEY 538. Préstamo al hijo de familia.

El que presta a un hijo de familia no emancipado que vive en compañía de su padre, si prestó sin consentimiento de éste, carece de acción para reclamar la cantidad prestada, incluso después de desaparecer las causas de la incapacidad; pero si la cantidad es pagada voluntariamente, no habrá lugar a la repetición de la misma como indebida. Queda exceptuado el caso de conversión en el préstamo conforme a la Ley 536, o el de enriquecimiento del padre con la cantidad prestada.

LEY 539. Comodato.

Por el préstamo de uso o comodato se concede gratuitamente el uso determinado de una cosa específica, mueble o inmueble, incluso ajena, con la obligación por parte del comodatario de devolverla una vez que haya terminado el uso convenido.

LEY 540. Responsabilidad del comodatario.

El comodatario debe soportar los gastos ordinarios de conservación y reparación de la cosa prestada y responde de la perdida de la misma, salvo si es por fuerza mayor, en cuyo “lo responde si salvó del mismo siniestro otras cosas de caso su propiedad.

Cuando se trataré de préstamo de semovientes, el comodatario que responde de su pérdida deberá abonar el valor máximo que el semoviente tuvo en el año anterior, o lo que el comodante hubiere pagado al adquirirlo.

Cuando el comodatario hubiere hecho un uso distinto del convenido o hubiere recibido la cosa con tasación, responderá de todo evento.

LEY 541. Gastos. Derecho de retención.

El comodante debe pagar las contribuciones y seguros, y debe asimismo abonar al comodatario los gastos extraordinarios que la cosa haya causado, e indemnizarle los daños producidos por vicios de la cosa prestada que el comodante conocía y no declaró. El comodatario podrá también retener la cosa prestada hasta que el comodante cumpla esta obligación.

TÍTULO XI. DEL CENSO CONSIGNATIVO

LEY 542. Constitución.

El censo consignativo sólo podrá imponerse sobre inmuebles fructíferos y mediante la entrega en el acto del otorgamiento, que necesariamente habrá de hacerse en escritura pública, de un capital en dinero o signo que lo represente.

LEY 543. Laudemio y comiso.

La finca sujeta a censo consignativo podrá ser vendida sin pago de laudemio o luismo, y no caerá en comiso por falta de pago de la pensión, sin perjuicio de la acción personal o real para reclamar el pago.

LEY 544. Pactos prohibidos.

Son nulos el pacto de abono anticipado de pensiones y el pacto de que los casos fortuitos queden a cargo del censatario.

LEY 545. Redención.

El censatario podrá redimir el censo en cualquier momento, previa notificación al censualista con dos meses de anticipación. Transcurrido un año, no podrá efectuarse la redención sin dar otro nuevo aviso.

El capital para la redención, a falta de acuerdo, se determinara en consideración al valor del dinero y al beneficio que la redención reporte al censatario.

TÍTULO XII. DE LOS CONTRATOS DE CUSTODIA

LEY 546. Concepto.

Por los contratos de custodia una persona encomienda a otra de su confianza una cosa para su guarda leal, con retribución o sin ella.

Obligaciones

El depositario está obligado, a custodiar la cosa y a atender a su conservación conforme a lo pactado, pero en todo caso responderá de la pérdida por dolo o culpa grave.

LEY 547. Constitución.

El depósito se constituye por la entrega de una cosa mueble a una persona que la recibe para su custodia.

La promesa de recibir una cosa en depósito obliga al promitente a título de estipulación.

Gratuidad

A falta de acuerdo sobre su onerosidad, el depósito se entiende gratuito; sin embargo, cuando el depositario se dedique habitualmente a esta clase de operaciones, se presumir a oneroso.

LEY 548. Devolución.

La cosa depositada debe ser devuelta al depositante, o a la persona por él designada, cuando lo pida, aunque no hubiere transcurrido el plazo señalado.

a) Varios depositantes. Cuando fueren varios los depositantes, deberá devolverse a todos conjuntamente, salvo que se haya pactado hacerlo a uno de ellos determinado, previamente o por un evento posterior.

LEY 549

b) Fallecido el depositante. Fallecido el depositante, y salvo que otra cosa se hubiere establecido, el depositario podrá devolver la cosa depositada a los albaceas u otras personas facultadas para representar la herencia o, en su caso, al usufructuario universal o al legatario de la cosa depositada autorizado para ello. En defecto de estas personas, deberá hacerlo al heredero y, si fueran varios los herederos, a todos ellos conjuntamente o, no habiendo acuerdo unánime entre estos, al contador designado conforme a la Ley 345.

LEY 550

c) Varios depositarios. Si el deposito se hubiere constituido en poder de dos o más personas conjuntamente, la acción del depositante podrá dirigirse contra cualquiera de ellas por el todo.

LEY 551. Gastos.

El depositario tendrá acción para reclamar del depositante la indemnización correspondiente por los gastos y perjuicios que le haya ocasionado el depósito. Sin embargo, no podrá retener la cosa depositada por razón de este derecho u otro cualquiera que tenga contra el depositante.

LEY 552. Depósito en interés de tercero.

En el depósito hecho en interés de tercero que ha notificado al depositante y al depositario su aceptación, el depositario no podrá devolver la cosa al depositante sin el consentimiento del tercero interesado. En este contrato se estará a lo establecido para la estipulación en favor de tercero en la Ley 523.

LEY 553. Aplicación analógica.

Salvo que por pacto o disposiciones legales o por la naturaleza del acto proceda otra cosa, en toda relación que imponga un deber de custodia serán exigibles las obligaciones propias del depositario.

LEY 554. Depósito irregular.

Cuando en el depósito de cosa fungible se den al depositario, expresa o tácitamente facultades de disposición, se aplicará lo dispuesto para el préstamo de dinero en las Leyes 532, 534 y 535.

TÍTULO XIII. DEL CONTRATO DE MANDATO Y DE LA GESTIÓN DE NEGOCIOS

LEY 555. Concepto.

Por el contrato de mandato, el mandatario que acepta el encargo de realizar una gestión que interesa al mandante se obliga a cumplirla diligentemente y a rendir cuenta de la misma, pero no responde del resultado de ella. Cuando se interviene en asunto de otra persona a petición de ésta, pero sin ánimo de aceptar un mandato, sólo se responde del daño causado por el propio dolo.

Indemnización.

En todo caso, el que encarga a otro una gestión quedará obligado a indemnizar al mandatario de los gastos y perjuicios que la gestión le haya reportado y a proveerlo de las cantidades necesarias para realizarla.

LEY 556. Interés del mandante.

El mandato debe interesar al mandante; y se entiende que le interesa en los casos previstos en la Ley 526.

Del simple consejo no se deriva para quien lo da más obligación que la de indemnizar el daño causado por su dolo.

LEY 557. Efectos para el mandante.

De la actuación del mandatario tan sólo se deriva adquisición de derechos y obligaciones para el mandante cuando se pruebe el consentimiento previo o subsiguiente de éste.

LEY 558. Gratuidad.

El mandato se presume gratuito, salvo cuando el mandatario se dedique habitualmente a gestiones como la encomendada.

LEY 559. Extinción.

El mandato se extingue por la muerte del mandante o del mandatario. El mandatario queda obligado a cumplir el encargo que se le encomendó para después de morir el mandante.

El mandato puede extinguirse por la sola voluntad del mandante o del mandatario.

Extinguido el mandato, el mandatario debe abstenerse de realizar nuevas gestiones, y quedará obligado a devolver al mandante todos los documentos que éste le hubiere entregado y el instrumento de poder que, en su caso, le hubiese conferido. El mandante y el mandatario o, en su caso, sus herederos, responderán de los daños causados por su culpa en la terminación o liquidación del contrato.

LEY 560. Gestión de negocios.

Cuando una persona realiza una gestión en interés de otra, sin haber recibido encargo de ésta, queda obligada a terminar la gestión comenzada y rendir cuentas de la misma. La persona en cuyo interés se hizo la gestión deberá indemnizar al gestor todos los gastos y perjuicios que haya tenido, siempre que la gestión hubiera sido razonablemente asumida y realizada, aunque no se hubiere conseguido el resultado deseado, y pueda presumirse que el gestor no obró con ánimo de liberalidad.

LEY 561. Ratificación.

Si la persona en cuyo interés se hizo la gestión la ratifica, queda obligada en los mismos términos que un mandante. Si con anterioridad hubiere prohibido la gestión, no quedará obligada a indemnización alguna.

LEY 562. Contrato de prestación de servicios.

Las disposiciones del presente título se aplicarán al contrato de prestación de servicios, en la medida en que no esté regulado por disposiciones especiales.

TÍTULO XIV. DE LA COMPRAVENTA Y DE LA PERMUTA

CAPÍTULO I. De la compraventa

LEY 563. Perfección.

La compraventa se perfecciona por el consentimiento de las partes sobre sus elementos esenciales, pero, cuando se trate de cosas fungibles a tanto por unidad, no se perfecciona hasta que se hayan contado, pesado o medido. Cuando se haya convenido la perfección mediante una forma determinada, se aplicará lo dispuesto en la Ley 18.

LEY 564. Adquisición de la propiedad.

La adquisición de la propiedad por el comprador requiere la entrega de la cosa vendida.

LEY 565. Condición suspensiva.

Aunque no hubiere pacto de reserva de dominio en la compraventa, mientras el vendedor no pague el precio, la transmisión de dominio se presumirá sometida a condición suspensiva, a no ser que se hubiese fijado un plazo para el pago del precio o convenido considerar éste como cantidad prestada o constituido garantía real o personal.

LEY 566. Doble venta.

Si por contratos distintos dos o más personas han comprado de buena fe una misma cosa, tendrá preferencia sobre ésta la que haya recibido antes la posesión. Si ninguna de ellas posee, la que haya pagado al vendedor en la forma convenida, y si varias pagaron, la que ostente un contrato de fecha fehaciente más antigua. En todo caso, el comprador de buena fe será preferido al de mala fe; y si todos fueran de mala fe, se aplicarán las reglas establecidas para el caso de que todos fueran de buena fe.

Los compradores que conforme al párrafo anterior quedaren excluidos de la cosa sólo podrán reclamar del vendedor el resarcimiento de daños e indemnización de perjuicios.

Lo establecido en esta Ley se aplicará también a la permuta, adjudicación en pago y otros contratos traslativos a título oneroso.

Si alguno de los compradores hubiese inscrito en el Registro de la Propiedad, se estará a lo dispuesto en la Ley Hipotecaria .

LEY 567. Obligaciones del vendedor.

Por el contrato de compraventa, el vendedor se obliga entregar la libre posesión de la cosa vendida; queda igualmente obligado a hacer todo lo posible para que el comprador adquiera la propiedad sobre la misma. Asimismo se obliga el vendedor al saneamiento por evicción y vicios ocultos, salvo que las partes hubieren pactado lo contrario.

LEY 568. Entrega de la cosa.

La cosa vendida se entenderá entregada cuando haya sido puesta a disposición del comprador, según la naturaleza de la cosa y conforme a los usos del lugar.

El uso de la cosa o el ejercicio del derecho por el comprador se equipara a la entrega. El otorgamiento de la escritura pública de compraventa, salvo pacto en contrario, equivale también a la entrega.

LEY 569. Riesgos.

Perfeccionada la venta, debe el vendedor custodiar diligentemente la cosa vendida hasta su entrega y avisar al comprador de los posibles riesgos; responderá de la pérdida o daños causados por su negligencia en el cumplimiento de esta obligación. Todos los demás riesgos serán a cargo del comprador, aunque éste no haya incurrido en mora para aceptar la entrega. En caso de mora del vendedor, no queda obligado a entregar sino lo que subsista de la cosa vendida.

En las ventas hechas bajo condición suspensiva, si antes del cumplimiento de ésta se perdiere la cosa, quedará sin efecto el contrato; sin embargo, cumplida la condición, el menoscabo anterior será a cargo del comprador.

LEY 570. Evicción.

En caso de producirse la evicción de la cosa vendida, el vendedor deberá indemnizar al comprador todo menoscabo patrimonial sufrido por éste a consecuencia de la evicción.

LEY 571. Compra de cosa propia del comprador.

La compra de cosa propia del comprador es nula, salvo que resulte hecha bajo la condición suspensiva de perder aquél la propiedad de la cosa que se haga tan sólo para obtener la posesión o los derechos que sobre la cosa puedan corresponder al vendedor.

LEY 572. Facultad de disentir.

Cuando las partes se hubieren reservado el derecho de disentir de la compraventa, dejándola sin efecto, y no se hubiere señalado plazo para el ejercicio de este derecho, se entenderá que caduca pasados un mes y un día contados a partir del requerimiento fehaciente.

LEY 573. Venta en función de garantía.

Para las ventas con pacto de retro, reserva de dominio o condición resolutoria en función de garantía se observará, respectivamente, lo dispuesto en los capítulos IV, VI y VII del título VII de este libro.

LEY 574. Gastos de escritura.

Salvo pacto en contrario, los gastos de otorgamiento de la escritura u otro documento serán por mitad a cargo de comprador y vendedor.

Son válidos y surtirán plenos efectos los pactos sobre el pago de impuestos y otros gastos derivados de la compraventa, no obstante lo establecido en cualesquiera disposiciones legales.

LEY 575. Venta en pública subasta.

La venta de cosas en pública subasta, voluntaria o forzosa, se regirá por lo establecido en el pliego de condiciones, y en defecto de éste, por las reglas siguientes ;

1. En las subastas por pliegos cerrados, una vez presentados, éstos no podrán se retirados, y el acto de su apertura será público. Se adjudicará provisionalmente el remate a la proposición más ventajosa; si las proposiciones fueran iguales, en el mismo acto se verificará entre los proponentes una licitación por pujas a la llana durante diez minutos; si terminado este tiempo subsistiese la igualdad, se decidirá por sorteo la adjudicación provisional.

2. En las subastas por pujas a viva voz o a la llana los licitantes pujarán conforme a los usos y costumbres.

3. Antes de levantarse la sesión, se extenderá acta de la subasta con las formalidades debidas. Leída el acta, deberá ser firmada por el adjudicatario, interesados que quieran hacerlo y, en su caso, por el autorizante.

4. El resultado de la subasta se hará público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento o en cualquiera otra forma acostumbrada en la localidad.

5. Dentro del plazo de seis días a contar de la adjudicación provisional, cualquiera de los licitadores podrá pedir que se le adjudique la cosa, consignando el precio de la adjudicación provisional mejorado en una sexta parte por lo menos. En caso de ser varios los que hubieren ejercitado este derecho, dentro de los cuatro días siguientes se celebrará sólo entre los mejorantes una nueva subasta, cuyo remate será definitivo.

6. Las subastas judiciales o administrativas se regirán, respectivamente, por lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en el Reglamento para la Administración Municipal de Navarra.

7. Salvo lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la Ley Hipotecaria deberán elevarse a escritura pública las compra ventas de bienes inmuebles adquiridos en subasta.

CAPÍTULO II. De la venta a retro

LEY 576. Concepto.

Por el contrato de venta con pacto de retro o a carta de gracia, el vendedor se reserva el derecho real de recuperar la cosa vendida mediante el reintegro del precio recibido, los gastos de legitimo abono y las impensas necesarias y útiles.

LEY 577. Plazo.

El derecho del vendedor a recuperar la cosa puede establecerse por tiempo determinado, indefinido o perpetuo. Sólo se entenderá perpetuo si expresamente fuesen empleadas las palabras “para perpetuo”, “siempre”, “cada y cuando quisiere” u otras semejantes que indiquen claramente este carácter.

LEY 578. Precio.

Si el derecho de retraer se hubiere establecido a perpetuidad o sin tiempo determinado, el retrayente deberá abonar los dos tercios del justo valor de la cosa al tiempo de retraerla, siempre que esta cantidad sea superior al precio que recibió

LEY 579. Transmisibilidad.

El derecho de retraer es transmisible por actos ínter vivos o mortis causa e hipotecable y adjudicable, a no ser que se hubiere establecido como personalísimo.

Se podrá ejercitar contra el comprador y contra todos aquellos quede él traigan causa.

LEY 580. Pluralidad de personas.

El comprador podrá oponerse al ejercicio parcial del retracto.

Si la cosa objeto del mismo perteneciere a varias personas, el retracto podrá ejercitarse contra cada una de éstas por su parte.

Si el derecho a retraer perteneciere conjuntamente a varias personas, cualquiera de ellas podrá ejercitarlo solidariamente por su totalidad; los cotitulares que no hubiesen hecho uso de su derecho podrán reclamar del retrayente la parte que les corresponda en la cosa retraída, dentro del plazo de treinta días a partir de la notificación, o dentro del tiempo que falte para finalizar el plazo de ejercicio del retracto si este tiempo fuese mayor, o dentro del plazo de año y día a contar de la notificación cuando el derecho a retraer se hubiese establecido por tiempo indefinido o a perpetuidad. Cuando se hubiese establecido la posibilidad de prórrogas, el ejercicio del retracto por uno de los cotitulares impedirá a los demás hacer valer contra él nuevas prórrogas.

Los cotitulares que hagan uso de este derecho deberá abonar al retrayente la parte del precio que les corresponda más los intereses y gastos.

LEY 581. Ejercicio por los acreedores del vendedor.

Los acreedores del vendedor no podrán ejercitar por subrogación el derecho a retraer, sino que habrán de proceder judicialmente para cobrar sus créditos con cargo a aquel derecho.

LEY 582. Frutos.

Para la atribución de los frutos en el ejercicio de este derecho se aplicará lo establecido en las Leyes 353 y 354.

LEY 583. Prescripción.

En la carta de gracia por tiempo indefinido o “para perpetuo”, la acción para retraer prescribirá a los treinta años.

LEY 584. Carta de gracia como garantía.

La venta con pacto de retro o a carta de gracia por tiempo determinado se presumirá como forma de garantía real siempre que el vendedor continúe por cualquier título en posesión de la cosa; en este caso, le ser aplicables las disposiciones 588 del capítulo II del titulo VII de este libro.

CAPÍTULO III. De la permuta

LEY 585. Concepto.

En la permuta, las partes contratantes se obligan a darse recíprocamente la propiedad de distintas cosas, y cada parte será considerada a la vez como compradora y vendedora, respecto a la otra parte.

LEY 586. Evicción.

Cuando una cosa entregada en permuta sea objeto de evicción, el que la recibió podrá elegir entre la resolución del contrato o la indemnización por evicción conforme a la Ley 570.

LEY 587. Régimen supletorio.

En lo que sea compatible, se aplicarán a este contrato las disposiciones sobre la compraventa.

TÍTULO XV. DEL ARRENDAMIENTO DE COSAS

LEY 588. Régimen.

Los arrendamientos de cosas se rigen por lo pactado, por los usos y costumbres del lugar y, supletoriamente, en cuanto no contradigan las leyes especiales recibidas en Navarra, por las disposiciones de esta Compilación.

Exclusión de leyes especiales

Quedan excluidos de las leyes especiales; los arrendamientos de establecimientos y. explotaciones a que se refiere la Ley 596 y los complementarios de una actividad mercantil industrial, agrícola, pecuaria o minera, aunque lleven aparejado el disfrute en que se dé tal actividad.

LEY 589. Duración.

A falta de pacto, se entenderá que el plazo de duración del contrato es igual a la unidad de tiempo a que corresponda la retribución fijada.

En los arrendamientos de inmuebles, el contrato se considerará prorrogado tácitamente si cualquiera de las partes no notifica a la otra su voluntad en contrario dentro de los plazos establecidos en las leyes o costumbres.

En los arrendamientos o predios rústicos divididos por hojas, el contrato durará, como mínimo, el tiempo de estas. Cuando deban cesar el día 29 de septiembre, festividad 591 de San Miguel, se entenderán tácitamente prorrogados si cualquiera de las partes no hubiere notificado su voluntad en contrario para el día 24 de junio, festividad de San Juan Bautista.

El arrendamiento de fincas urbanas se entenderá tácitamente prorrogado sin plazo en tanto el arrendador tolere al arrendatario que siga ocupando la finca.

Durante el plazo de arrendamiento de una finca urbana, el arrendador que la necesitaré para habitarla podrá resolver el contrato, quedando reducida la renta debida por el arrendatario a la correspondiente al tiempo que éste haya ocupado el inmueble.

LEY 590. Reparaciones.

El arrendatario debe pagar las reparaciones que exija el desgaste por el uso ordinario de la cosa.

LEY 591. Arrendamiento de varias cosas.

Si una o varias cosas fueran arrendadas conjuntamente por una misma renta para fines independientes, se observara para cada uno de los contratos su régimen respectivo, y las causas de nulidad o resolución referentes a uno o varios de ellos no afectarán a los restantes.

Si se pactó un fin o fines principales y otro u otros subordinados, prevalecerá el régimen correspondiente al fin o fines principales; los otros regímenes serán aplicables en la medida en que no resulten incompatibles con el principal.

Que se establezca en los respectivos Estatutos y las transferencias de servicios que se realicen de acuerdo con la constitución.

Quedan excluidos del ámbito de esta Ley los bienes comunales, los propios de las Corporaciones Locales y los montes vecinales en mano común, cuyo disfrute, incluso en supuestos arrendaticios, se regulará por normas específicas.

LEY 592. Extinción.

El contrato de arrendamiento cesa al extinguirse el poder de disposición o administración del arrendador sobre la cosa arrendada, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Hipotecaria .

LEY 593. Venta con pacto de retro.

Quien compra con pacto de retro una cosa dada en arrendamiento, en tanto no adquiera definitivamente la propiedad, no podrá resolver el contrato de arrendamiento.

LEY 594. Subarriendo y cesión.

El subarriendo y la cesión del contrato de arrendamiento están permitidos, salvo pacto en contrario; sin embargo, la cesión requerirá el consentimiento del arrendador.

LEY 595. Transmisión mortis causa.

Salvo pacto en contrario o que del contrato se desprenda que se otorgó en consideración exclusiva a las circunstancias personales del arrendatario, la relación jurídica de éste será transmisible mortis causa durante la vigencia del contrato.

LEY 596. Arrendamientos de establecimientos o explotaciones Nota de Vigencia.

El arrendamiento de establecimientos mercantiles o industriales o explotaciones forestales, ganaderas, agropecuarias o mineras, se regula, salvo pacto en contrario, por las siguientes disposiciones:

1. Sin consentimiento del arrendador, los bienes arrendados no podrán destinarse a actividad distinta de la pactada o de aquella a que se dedicaban con anterioridad al contrato.

2. El arrendatario estará obligado a conservar y reponer las cosas en el mismo estado en que le fueron entregadas, y deberá pagar las contribuciones e impuestos que graven directamente el ejercicio del negocio arrendado.

3. Asimismo, deberá explotar el negocio de manera que no desmerezca en grave perjuicio del arrendador; quien, en tal caso, así como en el de insolvencia del arrendatario, podrá pedir la resolución del contrato.

4. El arrendatario no podrá subarrendar, total o parcialmente.

5. El arrendamiento será transmisible conforme a la Ley 595.

Disposición Transitoria Primera. Principio general.

El Derecho civil de Navarra, reconocido en la presente Compilación, se aplicará a los actos otorgados y a las relaciones causadas con anterioridad a su promulgación; y no surtirán efecto en contra de la Compilación cuantas disposiciones legales o reglamentarias, civiles, administrativas o fiscales, así generales como forales, se opongan a la misma.

Disposición Transitoria Segunda. Consentimiento uxorio.

Si la mujer, con anterioridad a esta Compilación, hubiere otorgado a su esposo, ya simplemente, ya con referencia al artículo 1413 del Código Civil , su consentimiento para disponer a título oneroso de bienes de conquista o gananciales, este consentimiento surtirá sus efectos conforme a la Ley 86.

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